El Partido Popular ha celebrado este domingo su sexto gran acto para protestar contra la amnistía a los encausados por el procés, en una concentración mucho menos numerosa que las anteriores. Unas 8.000 personas, según la Delegación de Gobierno ―15.000, según el partido— han acudido a la llamada del PP en Madrid bajo el lema En defensa de la Constitución y en favor de “la igualdad de los españoles”. La manifestación ha tenido lugar en el céntrico templo de Debod, a pocos metros de la sede central del PSOE de la madrileña calle de Ferraz, y un día después de la reunión mantenida en Suiza entre los negociadores de los socialistas y los de Junts per Catalunya, con el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez como coordinador del “mecanismo internacional” de mediación acordado por ambas partes.

El presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, ha utilizado su intervención en el acto para cargar contra ese encuentro en Suiza. “Este Gobierno no está con la Constitución. No vamos a aceptar la opacidad con la que Sánchez se reúne y negocia. No se negocia en la clandestinidad la dignidad y la democracia de España. Que Sánchez ponga a un ciudadano de El Salvador a decidir el futuro de España es una humillación. Exijo en nombre de España que cese este despropósito”, ha afirmado el jefe de los conservadores, que anuncia más movilizaciones.

La derecha ha logrado mantener la pulsión en la calle en el sexto acto que organiza el PP en tres meses contra la futura ley de amnistía, pero la afluencia ha sido muy inferior a la de concentraciones previas. A la celebrada en septiembre en la avenida de Felipe II de Madrid acudieron unas 40.000 personas, según la Delegación del Gobierno, y a la de noviembre en la Puerta del Sol, cerca de 80.000. La protesta de este domingo era además la primera convocada por el Partido Popular después de confirmar Feijóo, el jueves, al remodelado comité de dirección de la formación, con un marcado perfil duro y después de que anunciase ante los suyos una “oposición proporcional y proporcionada al Gobierno radical que tiene hoy España”.

Feijóo ha seguido escalando peldaños en su tono bronco contra el Gobierno de coalición, del que no llega a decir que es ilegítimo tras aglutinar Sánchez una mayoría parlamentaria de 179 diputados, pero al que sí ha tachado con diversas descalificaciones. “En el lado del muro en el que se ha colocado Sánchez” ―ha dicho este domingo el líder popular― “solo hay mentiras y corrupción política... tensiones, desacreditación, incumplimiento de la ley... No pondremos en cuestión la legitimidad del Gobierno, pero sí su sinrazón, sí su amoralidad y sí su desvergüenza”. En primera fila, escuchaban a Feijóo el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y los presidentes autonómicos de la Región de Murcia, Fernando López Miras; de Aragón, Jorge Azcón; de Extremadura, María Guardiola, y de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La concentración ha tenido lugar a tres días del 45º aniversario de la Constitución, el miércoles, y a cuya defensa se han referido tanto Feijóo como Ayuso, pues el partido quería revestir de “simbolismo” la concentración por la efeméride. “La Constitución está más viva que nunca. No hay que hacer constituciones paralelas. Van contra la unidad de España, ahí está la clave de su odio contra Madrid”, ha sostenido la presidenta de la Comunidad. “Qué humillación es tener que pasar por Suiza y otros escenarios. Verificador lo llaman, a la altura de las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] nos dejan. Las democracias no mueren de golpe, pero van poco a poco”, ha añadido Ayuso, a pesar de que no hay constancia de que el diplomático salvadoreño haya participado en las negociaciones de paz con la guerrilla colombiana. Un argumento que ha reforzado, sin embargo, Feijóo. “Ahora es un experto en guerrillas latinoamericanas el que nos tiene que decir cómo España trata a una de sus comunidades autónomas”, ha añadido el líder del PP.

Martínez-Almeida ha incidido también en el papel del diplomático salvadoreño, uno de los pocos datos que han trascendido de la reunión mantenida en Suiza. “No necesitamos ni mediadores ni intermediarios, ni escondernos en Ginebra. Tenemos un futuro por delante, y ese futuro no pasa ni por Waterloo ni por Ginebra, con un prófugo de la democracia llamado Pedro Sánchez y un prófugo de la justicia llamado Puigdemont”, ha expresado el alcalde madrileño.

Quienes han acudido este domingo a la protesta portaban banderas españolas y europeas, y algunos llevaban pancartas con lemas como “Democracia, sí; dictadura, no” o “Sánchez traidor”, y se han escuchado las proclamas ya repetidas en otros actos del PP y en las inmediaciones de Ferraz: “Puigdemont, a prisión”, “Sánchez, delincuente” o “No es un socialista, es un terrorista”. Aunque ha sido organizada por los populares, la protesta ha sido secundada por miembros de Vox, como el diputado José María Figaredo. También se había colocado un punto de información de Solidaridad, el sindicato afín a la formación de Santiago Abascal, que ha llamado a protestar nuevamente cerca de la sede socialista de Ferraz cuando finalizase el acto. Allí han acudido unas 1.000 personas, según la Delegación de Gobierno.

Mecanismos parlamentarios

Según fuentes de la dirección del PP, tras la cita del PSOE y Junts en Suiza, Feijóo ha pedido a sus portavoces en el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo que “activen cualquier mecanismo parlamentario para obligar al Gobierno a informar del contenido de esa reunión, del orden del día, de los acuerdos alcanzados y también acerca de la identidad de los mediadores internacionales que tanto se afanan en ocultar”.

Desde la cúpula popular no revelan cuándo serán las próximas manifestaciones, aunque sí confirman que las fechas se “adecuarán” a los pasos que vaya dando el Gobierno con las fuerzas independentistas. “Tenemos que vencer. No vamos a acostumbrarnos. No vamos a blanquear sus alianzas. Cuanto más cierren las puertas del Congreso, más saldremos a la calle; cuanto más controlen la justicia, más acudiremos a ella”, ha anunciado Feijóo. El líder de la oposición acusa al Ejecutivo de “controlar la justicia” al mismo tiempo que el Partido Popular se opone a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de mayoría conservadora y con el mandato caducado desde hace cinco años, pese a los requerimientos de la UE y pese a la obligación para hacerlo que impone la Constitución.