El Gobierno de coalición celebra este lunes la primera reunión de este mandato del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano de coordinación del Estado y los territorios en materia económica. La cita estará marcada por las cesiones a las fuerzas independentistas catalanas para la investidura de Pedro Sánchez. Al encuentro están llamados los consejeros del ramo, y se prevé de alto voltaje, pues nunca antes un presidente del Ejecutivo de un partido —PSOE— había tenido que tratar con hasta 11 comunidades lideradas por otra formación —PP—, y en medio de una ...

El Gobierno de coalición celebra este lunes la primera reunión de este mandato del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano de coordinación del Estado y los territorios en materia económica. La cita estará marcada por las cesiones a las fuerzas independentistas catalanas para la investidura de Pedro Sánchez. Al encuentro están llamados los consejeros del ramo, y se prevé de alto voltaje, pues nunca antes un presidente del Ejecutivo de un partido —PSOE— había tenido que tratar con hasta 11 comunidades lideradas por otra formación —PP—, y en medio de una confrontación total del principal partido de la oposición con La Moncloa.

La reunión ha sido convocada además después de que los barones populares cargasen contra los socialistas por la condonación del 20% de la deuda contraída por Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y solicitasen expresamente debatir sobre la financiación autonómica en el seno del Consejo de manera multilateral.

“Será una buena oportunidad para exigir al Gobierno conocer qué es lo que está negociando fuera de España con partidos como Junts, Esquerra”, anticipó Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, este domingo. “Y cuánto le va a costar al conjunto de los españoles, cuánto van a pagar de sus impuestos para ese voto a favor de Sánchez”, añadió en un vídeo difundido a los medios.

La firma, a principios de noviembre, del pacto entre ERC y PSOE, en el que se incluyó la condonación de 15.000 millones del FLA, provocó la reacción inmediata de los presidentes autonómicos del PP. Los barones populares con poder no renunciaron a recibir una quita, pero cargaron contra las concesiones hechas a la Generalitat y reclamaron discutir el tema en el Consejo de Política Fiscal.

Finalmente, el órgano ha sido convocado este lunes por el Ministerio de Hacienda y Función Pública para informar sobre los objetivos de estabilidad en el marco de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio. Así lo adelantó el pasado miércoles la titular del departamento, María Jesús Montero. La convocatoria llega con un retraso de meses sobre el calendario habitual, trastocada por el adelanto electoral. Montero desglosará las metas de déficit de las comunidades y cuánto dinero les repartirá el año que viene el sistema de financiación.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, también se refirió a la reunión en una entrevista en Europa Press, publicada este domingo, en la que subrayó que hay “una gran preocupación” entre los líderes territoriales del PP por la financiación autonómica, cuyo modelo ha de ser actualizado, según los populares. “Sánchez es presidente del Gobierno porque ha mercadeado con la financiación autonómica y ha ofrecido de forma unilateral a partidos independentistas financiación extra para determinados territorios”, arremetió Tellado y demandó al Ejecutivo central “escuchar” a las comunidades en la cita del Consejo de hoy. “Lleva mucho tiempo sin hacerlo”, abundó.

El PSOE prometió, tras alcanzar el acuerdo con Esquerra, que el resto de comunidades también podrían acogerse a una quita “análoga”, tanto de deuda pública como privada. Pero los populares critican que estos beneficios se hayan pactado de forma “unilateral” con la Generalitat en lugar de haber discutido el asunto en el Consejo, otorgando una posición “preferente” a Cataluña en la negociación y esparciendo luego “los restos” entre los demás territorios, según fuentes populares.

“Ningún territorio debe ser menos que ninguno, pero tampoco más que ninguno”, sostuvo Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, el miércoles, en declaraciones a los medios en el 45º aniversario de la Constitución en el Congreso, donde acudió junto a otros presidentes autonómicos del PP y Feijóo. “Esa igualdad y solidaridad entre territorios se rompe cuando empiezan las negociaciones bilaterales, los acuerdos hablando de lo que debería hablarse entre todos”, añadió Rueda. Desde la Comunidad Valenciana, su presidente, el popular Carlos Mazón, defendió asimismo este domingo un nuevo modelo de financiación autonómica que no se negocie “en el cuarto oscuro del separatismo catalán”. “El Gobierno ha decidido que sea el sistema habitual. Ahora estamos en un sistema de privilegios absoluto, sin ningún tipo de concertación”, percutió Mazón en declaraciones a los medios en Valencia, tras mantener una reunión con la consellera de Hacienda, Ruth Merino, para preparar tanto el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes como la cumbre empresarial Comunitat Valenciana-Comunidad Madrid que tendrá lugar el próximo martes.

El obstáculo de los barones

El obstáculo para el PP, sin embargo, es que las posiciones de las comunidades autónomas gobernadas por sus barones no están alineadas, pues parten de coyunturas económicas y planteamientos distintos, con una división clara entre las comunidades del norte y las del sur de España. Y en ese sentido reclaman autonomía y manos libres a Alberto Núñez Feijóo para negociar con el Gobierno, según fuentes de estas presidencias. El líder del PP sí ha pedido a los suyos que este asunto no genere un punto de fricción entre territorios. Tras Cataluña, la comunidad con mayor deuda contraída con el FLA es la Valenciana, que acumula 48.344 millones. Otro de los problemas es cómo justificar el rechazo a una quita si el Gobierno la pone sobre la mesa.

Los barones populares instan además a Sánchez a que convoque una Conferencia de Presidentes para abordar esta cuestión, pues ellos no estarán presentes en el Consejo de mañana. Lo que sí ha descartado la formación de Feijóo es sentarse con el Gobierno en la “comisión de trabajo” ofrecida el jueves por el presidente del Ejecutivo para abordar, entre otras cuestiones, el sistema de financiación autonómica. El PP rechaza de plano esa mesa de negociación mientras los socialistas se reúnen paralelamente con Junts y Esquerra para avanzar en la prometida amnistía a los encausados por el procés, y cuya proposición de ley empezará a debatirse este martes en el Congreso.

La consejera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Natàlia Mas Guix, no asistirá a la cita del Consejo de este lunes. Desde su gabinete se apunta que la reunión sirve para transmitir información, “pero no se debate ni se negocia nada, dado que el Estado disfruta siempre de la mayoría absoluta de los derechos de voto” del Consejo. En su lugar, el Govern enviará al secretario general de Economía, Josep Maria Vilarrúbia, y a la directora general de Presupuestos, Esther Pallarols, informa Marc Rovira.

Por otra parte, el PP informó este domingo de que su líder, Alberto Núñez Feijóo, se reunió recientemente con los consejeros de Vivienda de las comunidades gobernadas por el Partido Popular para poner en común su estrategia en esta materia. Según la formación conservadora, la ley de vivienda aprobada por el Gobierno en la pasada legislatura “lejos de aportar soluciones, ha agravado la situación” y “solo crea más inseguridad jurídica al intervenir el mercado de alquiler”. Algunas de los territorios con los precios más tensionados son precisamente Madrid o Comunidad Valenciana, gobernadas por el PP.

Sobre el índice de precios de referencia de alquiler que permitirá poner topes a las rentas, como indica la ley de vivienda, estará listo en enero. Esa es la intención que el recién creado Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, encabezado por Isabel Rodríguez, expresó la pasada semana. La voluntad inicial del Gobierno era tenerlo definido antes de acabar el año y ese paso está prácticamente cumplido, pero en el ministerio de Rodríguez descartan que la entrada en vigor pueda producirse este mismo mes y destacan “la voluntad y el compromiso político para sacar adelante este índice de referencia durante el mes que viene”, informa José Luis Aranda. Tanto la vivienda como otras cuestiones relacionadas con la batería de promesas hechas por Sánchez durante su discurso de investidura, y que son de competencia autonómica, se enfrentan al muro de contención territorial del PP.