Fuerte malestar en el Supremo por los ataques a los jueces de parlamentarios de Junts

El Tribunal Supremo ha reaccionado con contundencia a los ataques lanzados este martes en el Congreso y el Senado por parlamentarios independentistas contra jueces del alto tribunal. El presidente en funciones del alto tribunal, Francisco Marín-Castán, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, tenían previsto reunirse en lo que iba a ser la primera toma de contacto desde que el nuevo titular de Justicia accedió al cargo. Pero el malestar que h...

El Tribunal Supremo ha reaccionado con contundencia a los ataques lanzados este martes en el Congreso y el Senado por parlamentarios independentistas contra jueces del alto tribunal. El presidente en funciones del alto tribunal, Francisco Marín-Castán, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, tenían previsto reunirse en lo que iba a ser la primera toma de contacto desde que el nuevo titular de Justicia accedió al cargo. Pero el malestar que han causado en el tribunal las afirmaciones vertidas horas antes por la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, llevaron al Marín-Castán a suspender la cita.

Nogueras llamó “indecentes” al presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, y varios magistrados del Supremo, entre ellos, Carlos Lesmes (expresidente del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial) y Pablo Llarena (instructor de la causa del procés). “En un país normalizado estos personajes [en relación a los jueces] serían cesados y juzgados”, aseguró la portavoz de Junts. A esas afirmaciones se unen las pronunciadas por el senador de Junts Josep Lluís Cleries, que acusó a los jueces de emprender una batalla política para “intentar torpedear” la ley de amnistía.

Marín Castán y Bolaños hablaron horas después de que el primero cancelara la reunión y acordaron una nueva fecha para reunirse. Será el próximo martes, 19 de diciembre, en la sede del alto tribunal. Aunque la conversación telefónica que mantuvieron sirvió para reconducir la situación y rebajar la tensión, fuentes del tribunal señalan que las palabras de Junts han terminado por caldear el ambiente en el alto tribunal, donde un sector no esconde desde hace semanas su enfado por la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE y por las referencias al lawfare (persecución judicial con fines políticos) incorporadas al acuerdo alcanzado entre los socialistas y el partido de Carles Puigdemont para la investidura de Pedro Sánchez.

Las fuentes consultadas aseguran que el malestar este miércoles era generalizado porque las palabras de Nogueras señalaban con nombres y apellidos a jueces del tribunal. Lo que no era tan generalizado era la adhesión a la decisión de Marín-Castán de suspender la reunión con Bolaños. Algunos jueces consultados consideran que el presidente no debió dejar que el malestar provocado por esas afirmaciones se trasladase a su relación con el Gobierno y debió mantener la cita y expresarle al ministro el enfado del tribunal por las declaraciones de sus socios de investidura.

No obstante, Marín-Castán decidió cancelar la reunión y el gabinete del presidente en funciones del Supremo contactó con el del ministro para suspender la cita. El motivo alegado oficialmente fueron “razones sobrevenidas”, pero fuentes del entorno de Marín-Castán admiten que lo ocurrido en el Congreso y el Senado está detrás de esa decisión y señalan que no era el mejor momento para una reunión del presidente del tribunal con el ministro.

La suspensión de la reunión ha cogido a Bolaños en la sesión de control del Congreso, donde ha insistido en la defensa a los jueces que ya había hecho el martes en el Senado. “Como ministro de Justicia, voy a defender a los jueces y magistrados de este país de los ataques y descalificaciones que reciban de partidos independentistas, pero también de la larga mano que tiene el PP y que pretende influir en el Poder Judicial en España. Sí, de las dos cosas. Voy a trabajar por el prestigio de los jueces y magistrados en este país de cualquier ataque, venga de donde venga y también de esa larguísima mano que tiene el PP con los jueces y magistrados para tratar de influirles sin conseguirlo”, ha dicho Bolaños, informa José Marcos.

Fuentes del ministerio señalan que Bolaños ha reiterado estas palabras a Marín-Castán en la conversación telefónica que ambos mantuvieron al borde del mediodía y en la que acordaron reprogramar su cita para la semana que viene. El ministro, según fuentes de Justicia, expresó al presidente del tribunal su compromiso de trabajar “por el prestigio de los jueces y magistrados en este país ante cualquier ataque, venga de donde venga”. “Los/las jueces/as y magistrados/as de este país pueden contar con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, para defenderles de cualquier descalificación y cuestionamiento de su prestigio y para garantizarles que puedan impartir justicia con independencia, en el marco de la Constitución, el Estado de derecho y la separación de poderes”, añaden estas fuentes.

Antes de hablar con el ministro, el presidente en funciones del Supremo ha emitido un comunicado en el que no cita la cancelación del encuentro, pero sí censura las palabras de los parlamentarios de Junts. “El ataque personal en el Parlamento al anterior presidente del Tribunal Supremo, a dos presidentes de sala y a un magistrado del tribunal carece de precedentes y no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes en un Estado de derecho”, señala Marín-Castán. No es habitual que el presidente del Supremo difunda un pronunciamiento oficial sobre afirmaciones hechas por políticos. Uno de los escasos precedentes se produjo en 1998, cuando el entonces presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, Javier Delgado Barrio, difundió un comunicado en el que defendía la sentencia sobre el secuestro de Segundo Marey, por el que fueron condenados los socialistas José Barrionuevo y Rafael Vera y que fue cuestionada por dirigentes del PSOE.

También ha reaccionado a las palabras de los independentistas el presidente suplente del CGPJ, que ha difundido una declaración en la que califica de “inadmisible” el “señalamiento —y la finalidad que de él se desprende— de varios magistrados del Tribunal Supremo”. “Las personas señaladas, y cualquier otro miembro de la Carrera Judicial que pueda encontrarse en las mismas circunstancias, encontrarán en la institución que presido la más firme oposición a estos ataques en defensa de la labor jurisdiccional realizada por todos ellos, a los que manifiesto mi apoyo expreso y la garantía de que, en el ejercicio de las competencias que la ley atribuye al CGPJ, se adoptarán tomas las medidas necesarias previstas por el ordenamiento jurídico para proteger su independencia”.

Asociaciones

A estos comunicados se sumaron a lo largo del día las asociaciones judiciales y fiscales. Las de tendencia conservadora han difundido un texto conjunto en el que rechazan el “señalamiento público de jueces” por parte de Nogueras, palabras que consideran “inasumibles en democracia”.” En nuestro firme compromiso con el Estado de Derecho mostramos nuestra profunda preocupación por el intento de instrumentalizar la Justicia para fines políticos, deslegitimando a miembros del Poder Judicial. Es tremendamente irresponsable trasladar a la ciudadanía el falso mensaje de que sus jueces actúan movidos por intenciones ajenas a la aplicación de la ley”, señala el texto suscrito por a Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) .

La progresista Juezas y Jueces para la Democracia no se ha adherido a este texto y ha emitido su propio comunicado, en el que censura “el señalamiento público” a jueces por parte de Junts, pero reprocha al CGPJ que haya emitido un comunicado para defender a los jueces citados por Nogueras cuando no reaccionó de forma similar “cuando se produjo una auténtica campaña desde otros partidos y apoyos mediáticos para desacreditar y señalar al magistrado José Ricardo de Prada”. “Entendemos que el presidente del CGPJ debiera ser coherente y no discriminar en función del integrante de la carrera judicial aludido o del partido que efectúa las declaraciones”, afirman los jueces progresistas.