ERC negociará con otros partidos citar en el Congreso a los jueces acusados de ‘lawfare’ por Junts

La proposición de ley de amnistía al procés independentista catalán y sus derivadas han engordado la crispación política en España, que ha degenerado ahora en un clima de creciente tensión y enfrentamiento entre los poderes del Estado. Las acusaciones personales de lawfare —guerra judicial al adversario político— contra algunos jueces muy significativos por parte de la p...

La proposición de ley de amnistía al procés independentista catalán y sus derivadas han engordado la crispación política en España, que ha degenerado ahora en un clima de creciente tensión y enfrentamiento entre los poderes del Estado. Las acusaciones personales de lawfare —guerra judicial al adversario político— contra algunos jueces muy significativos por parte de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, el pasado martes, han agravado la situación. El sector socialista del Gobierno ha encomendado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, aplacar algo esos ánimos levantados en los principales organismos judiciales del país, unas gestiones todavía sin éxito. La irritación judicial puede empeorar. Junts no rectifica y ERC se dispone a negociar en los próximos días con ese partido y otros socios de investidura la posibilidad de citar en el Congreso en alguna de las tres comisiones de investigación aprobadas con su impulso el pasado martes a los jueces señalados por Nogueras como supuestos responsables de algunos casos de lawfare o persecución judicial contra el independentismo.

El pasado martes en el Congreso, al final de la sesión en la que se debatió y se aprobó el primer paso para la tramitación de la polémica ley de amnistía, también salieron adelante con los 178 votos de la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez la formación de tres comisiones de investigación relacionadas con Cataluña: la denominada Operación Cataluña sobre corrupciones y operaciones ilegales fomentadas por las cloacas policiales y las cúpulas del Ministerio del Interior del Gobierno del PP de Mariano Rajoy, otra para indagar sobre aspectos no esclarecidos de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017, y una tercera que busca confirmar si se utilizó el llamado sistema Pegasus para espiar a políticos, periodistas y abogados por razones políticas.

Fue en ese contexto en el que la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, empezó así su intervención en catalán: “Personajes oscuros como el coronel Baena, más conocido en las redes sociales como Tácito, o como Pérez de los Cobos, los dos hermanos, el que es juez y el que es policía. En colaboración con otros personajes como Marchena, cómplices de la politización de la policía y también de la justicia española, junto a personajes indecentes como Espejel, Lesmes, Llarena, Lamela y tantos otros, en un país normal serían cesados y juzgados de inmediato. En vez de eso, en el reino de España, toda esa gente tiene vía libre para seguir retorciendo la ley y también retorciendo los derechos”. Nogueras citó así expresamente tanto a mandos de la Guardia Civil como a magistrados del Tribunal Supremo, el Constitucional y de otros juzgados que tuvieron relación con los procesamientos, juicios y condenas de los líderes del proceso independentista, como Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Supremo; Concepción Espejel, vocal del Tribunal Constitucional; Carlos Lesmes, expresidente del Poder Judicial y del Supremo; Pablo Llarena, magistrado del Supremo; y Carmen Lamela, magistrada en el alto tribunal.

El PP, Vox, asociaciones judiciales y organismos como el propio gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, condenaron esas palabras como un ataque intolerable, en un ambiente que ya acumula semanas de creciente tensión y malestar a cuenta de las divergencias sobre la ley de amnistía, que ahora comenzará su tramitación parlamentaria. El propio presidente interino del Consejo, Vicente Guilarte, ha vuelto a advertir este viernes al ministro y a los dirigentes políticos del “efecto devastador” de este ambiente y ha exhortado: “Por favor, rebajen la tensión. Déjennos en paz”.

Las exigencias de rectificación a Nogueras y Junts no fructificaron en nada y el ministro Bolaños se vio forzado a llamar expresamente a algunos de esos magistrados, de importante trayectoria y gran influencia en el mundo judicial. La dirección de Junts no corrigió a Nogueras y la respaldó.

ERC, que no llegó ese día tan lejos, sí quiere ahora que algunos jueces expliquen cuál fue su papel durante aquellas jornadas del proceso independentista y posteriormente. El grupo republicano se dispone a negociar con Junts y otros de los partidos aliados para la investidura de Sánchez, como EH Bildu o el BNG, para pactar una serie de peticiones de comparecencias en esas comisiones en las que incluirán a determinados jueces. ERC no precisa más por el momento. Las citadas comisiones están aprobadas, pero aún no se han constituido. Es evidente que Junts respaldará esas iniciativas, como más que probablemente lo harán también algunos de los otros socios. Más complicado será obtener el apoyo del PSOE en el Gobierno y al frente del ministerio de Justicia y una incógnita será el voto de Sumar, con varios portavoces y dirigentes de En Comú Podem que han sido muy críticos en el pasado con algunas actuaciones judiciales relacionadas con el procés.

El Consejo General del Poder Judicial, caducado hace cinco años y con esa mayoría conservadora fuera de mandato cada vez más atrincherada contra el Gobierno, está absolutamente prevenido de esta situación y de la posible intención de los partidos independentistas catalanes de convocar a magistrados en esas comisiones en el Congreso. Esa es, de hecho, una de las razones del pleno que el Consejo quiere forzar la semana que viene para poner en cuestión la legalidad de las comisiones de investigación.

La citación de un juez por parte de una comisión del Congreso no es algo ni mucho menos habitual y llevaría a límites extremos el choque con un Poder Judicial que defiende su independencia del poder legislativo, según distintas fuentes consultadas. En la Cámara baja precisan que no es un escenario que esté específicamente prohibido, pero también apuntan que si se diera el caso los jueces citados se podrían negar a comparecer y no habría manera de actuar contra ellos. En el Congreso solo se recuerda un caso parecido: cuando se emplazó en abril de 2017 al exjefe antifraude de Cataluña, el magistrado Daniel de Alfonso, ante la comisión de investigación sobre la gestión en el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz. Alfonso acudió tras pedir permiso al CGPJ, que se lo concedió con la condición de que no hablara sobre su trabajo como juez sino sólo de su etapa en la oficina antifraude de Cataluña.

Este próximo jueves, en el Congreso, está precisamente prevista la comparecencia primero del ministro de Justicia, Félix Bolaños, y luego del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. El PP, además, no está dispuesto a soltar esa presa política, como evidenció este viernes de nuevo su líder, Alberto Núñez Feijóo, que volvió a arremeter contra el Ejecutivo y Pedro Sánchez por todos los frentes.

En esa línea, el nuevo portavoz del grupo popular en el Congreso, Miguel Tellado, registró un escrito de queja a la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, en el que exige que retiren del Diario de Sesiones “las graves ofensas” vertidas en aquel pleno por Nogueras. La Presidencia estudiará esa propuesta y tomará una resolución al respecto.