Medio centenar de aspirantes a la espera del acuerdo político desde 2018

Cuando la noche del 27 de octubre de 2022 el PP anunció que daba por rotas las negociaciones con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el acuerdo ya estaba cerrado. Socialistas y populares habían pactado una lista con 32 nombres: los 20 vocales del órgano y 12 suplentes y una proposición de ley de reforzamiento de la justicia. Ahora, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han acordado, según ha anunciado este último, retomar las conversaciones donde las dejaron, por lo que la negociación no debería esta vez encallar en nombres de aspirantes, como ocurrió en intentos anteriores.

La lista de preseleccionados en 2022 nunca se dio a conocer, pero los negociadores explicaron que se basaba en la relación que el PSOE y el PP acordaron 2018, que sí se había difundido casi por completo antes de que el pacto saltara por los aires por el mensaje enviado a su grupo por el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que se jactaba de que, con la elección del magistrado Manuel Marchena como presidente del CGPJ, los populares seguirían controlando “desde atrás” la Sala Penal del Supremo, que instruye los casos de corrupción que afectan a políticos aforados ante ese órgano. Aquel fue el primer intento de renovación del actual Consejo y, desde entonces, más de medio centenar de candidatos llevan cinco años esperando un acuerdo.

La ley establece que, de los 20 vocales del órgano, 12 deben ser jueces y 8, juristas de reconocido prestigio. A todos los elige el Congreso y el Senado (seis jueces y cuatro juristas cada cámara), pero mientras que para los juristas no hay candidaturas previas y los partidos pueden elegirlos libremente, para los magistrados sí que hay una lista cerrada de aspirantes seleccionados por los propios jueces. Este procedimiento lo dirige el CGPJ, que para la renovación actual envió a las Cortes una relación con 51 nombres en septiembre de 2018, de los que 27 venían avalados por cuatro asociaciones (Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Asociación Profesional de la Magistratura y Ágora Judicial), que representan a alrededor de 2.654 jueces —casi la mitad de la carrera judicial—. El resto (24) recogieron el apoyo de sus compañeros (25 como mínimo) para presentar su candidatura. De ese listado deben salir los vocales que pacten el PSOE y el PP para el cupo de jueces.

Sin embargo, tras cinco años de renovación frustrada, la lista se ha reducido y de los 51 iniciales hay, al menos, nueve que ya no son elegibles. Hay uno que falleció (César José García Otero) y magistrados que se han jubilado (Jesús María Calderón, Lucía Ruano o Inés Huerta). Pero también hay aspirantes que han renunciado a ir al CGPJ, entre ellos, algunos que estaban entre los 12 inicialmente seleccionados en 2018.

Algunos de los candidatos con los que se contaba no estarán en el próximo CGPJ, como los magistrados del Tribunal Supremo José María del Riego (renunció) o Inés Huerta (se jubiló en marzo pasado). La ley establece que en el CGPJ tiene que haber tres magistrados del Supremo, y en la lista de 51 solo había 4, incluidos los 2 ya retirados, por lo que la norma ya no puede cumplirse en este punto y los otros 2 candidatos —José Antonio Montero y Ángel Arozamena— tienen el puesto asegurado, sin margen para la negociación entre los partidos. La ley prevé que, si no existen candidatos a vocales dentro de alguna de las categorías (además de magistrados del Supremo, tiene que haber tres jueces con más de 25 años en la carrera judicial), la vacante pasará al cupo siguiente.

De la lista de jueces preseleccionados en 2018 también ha renunciado la jueza Victoria Rosell, que hasta hace unas semanas era la delegada del Gobierno contra la violencia de género. Rosell, que ha pedido su vuelta a la judicatura, tampoco podría formar parte del órgano si el PSOE y el PP mantienen una condición que pactaron durante la negociación de 2022: que no puedan ser nombrados vocales quienes hayan desempeñado cargos vinculados a la política en los cinco años inmediatos anteriores. Este requisito dejaba también fuera a uno de los nombres propuestos por el PP para el cupo de juristas, Manuel Altava, senador popular hasta 2019. Entre los juristas seleccionados en 2018 por este partido se encontraba también el abogado José Miguel Castillo, exdiputado del PP. Castillo dejó el Congreso en 2016, por lo que, en teoría, ya se han cumplido los cinco años de espera para poder ser vocal, aunque fuentes de los populares afirmaron haber renunciado a este nombre en la negociación de hace un año.

También ha cambiado la situación de otro de los nombres pactados en 2018 y que el PP vetó en siguientes negociaciones, el juez José Ricardo de Prada, que firmó, junto a otro magistrado conservador, las condenas del caso Gürtel, luego ratificadas por el Tribunal Supremo. Fue candidato por el turno de juristas porque en aquel momento estaba en servicios especiales como juez de Naciones Unidas en La Haya, pero ya está de vuelta en su plaza en la Audiencia Nacional. Podría volver a pedir pasar a servicios especiales para formar parte del órgano, pero ya en la negociación de 2022 se difundió que el PSOE se mostró dispuesto a renunciar a este nombre y el juez tampoco parecía muy interesado en mantener su candidatura.