Los narcos se abonan al secuestro en la Costa del Sol

Dos hombres de nacionalidad inglesa, padre e hijo, viajaron desde el sur de Reino Unido hasta Málaga el 31 de marzo de 2019. Alquilaron un coche, reservaron un hotel en Estepona y, de repente, se esfumaron. Sus familiares recibieron poco después la llamada de unos delincuentes marroquíes con los que, supuestamente, los dos varones habían quedado para adquirir hachís. Estaban en Marruecos y pedían un rescate económico para liberarlos. Cortaron la comunicación 48 horas después y su rastro se perdió. ...

Dos hombres de nacionalidad inglesa, padre e hijo, viajaron desde el sur de Reino Unido hasta Málaga el 31 de marzo de 2019. Alquilaron un coche, reservaron un hotel en Estepona y, de repente, se esfumaron. Sus familiares recibieron poco después la llamada de unos delincuentes marroquíes con los que, supuestamente, los dos varones habían quedado para adquirir hachís. Estaban en Marruecos y pedían un rescate económico para liberarlos. Cortaron la comunicación 48 horas después y su rastro se perdió. La Policía Nacional detuvo a dos británicos por ello, pero jamás encontró los cuerpos de los desaparecidos. Este caso, en medio de la espiral de violencia que vivió la Costa del Sol entre 2018 y 2019, fue el detonante para la creación de un grupo policial especializado en secuestros, detenciones ilegales y extorsiones vinculados a la delincuencia organizada en territorio malagueño. “El 99% está relacionado con el narcotráfico”, cuenta uno de sus máximos responsables, que pide anonimato. Es decir, las víctimas a menudo forman parte también del mundo del narco. “Por drogas se puede matar fácil: la televisión hace mucho daño”, subraya.

El Grupo I de Crimen Organizado de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) tiene sede en la Comisaría Provincial de Málaga y sus miembros están preparados para actuar en cualquier momento. Desde su nacimiento han resuelto 29 casos y detenido a 125 personas, según los datos facilitados por el Gobierno. Este último año han tenido más trabajo del habitual: en 2023 la provincia andaluza es líder en número de secuestros (17) en toda España, empatada con Madrid. Desde que el Ministerio del Interior publica esta estadística por provincias (empezó en 2017), el actual es el año con más sucesos de este tipo.

Son investigaciones que tienen una primera fase donde cada segundo cuenta con el objetivo de liberar a la víctima y evitar que acabe ejecutada por sus captores. Lo primero es ubicar el lugar, la hora y con quién estaba la última vez que se la vio en libertad. “En esos días no se descansa. Son 24 horas de trabajo cada jornada hasta que se consigue la liberación. Es la esencia de la labor de este grupo”, relata el agente. La segunda fase se realiza más tarde, en colaboración con otros grupos policiales nacionales e internacionales, para tratar de identificar, localizar y detener a los responsables.

¿Suponen los secuestros un paso previo a los asesinatos por ajuste de cuentas? “A veces son un toque de atención. Siempre se mantiene una línea abierta a negociar”, subrayan fuentes policiales, que destacan que el elemento común de los secuestros ocurridos en la Costa del Sol es el uso indiscriminado de la violencia. Lo vivió el pasado mayo el joven de 24 años al que atravesaron pies y manos con un cuchillo tras cortarle dos dedos y luego le dieron tal paliza que lo tiraron a una cuneta pensando que estaba muerto. Lo acusaban de participar en el robo de cocaína por valor de tres millones de euros.

No siempre hacen falta esas cantidades. “Aquí por dos kilos de marihuana te secuestran y te torturan para cobrar los 5.000 o 6.000 euros que cuesta esa droga”, añade el policía. Por 27 kilos de hachís, dos españoles fueron capturados por una organización criminal a la que alguien les había robado esa cantidad de droga junto a un fusil AK-47 y varias armas cortas. Cinco personas fueron detenidas por ello a principios de este año.

También padeció violencia el empresario de Estepona que fue secuestrado dos veces en junio. En la primera ocasión recibió varios golpes mientras los captores, que lo escondían en una zona boscosa de Mijas, le exigían que les vendiera su bar. Se negó y días más tarde sufrió otro rapto. Lo trasladaron a un cortijo en Vélez-Málaga. Allí le dieron puñetazos en la cabeza, le golpearon con la hebilla de un cinturón, lo amordazaron, le hicieron cortes con cuchillos e incluso le quemaron con cigarros y una espada al rojo vivo. Lo liberaron 12 horas después. “Se ensañaron con él. Estaba hecho un Cristo”, subraya uno de los agentes que participó en su liberación. Siete hombres de nacionalidad francesa fueron detenidos. Se baraja la hipótesis de que quisieran hacerse con el local para blanquear dinero procedente del tráfico de drogas.

Los implicados en estos hechos delictivos suelen pertenecer a organizaciones con gran infraestructura, personal muy profesionalizado y muchos recursos a su disposición gracias a las ganancias del narcotráfico. También hay bandas más burdas en sus actuaciones, como los franceses que se tomaron la justicia por su mano después de que alguien entrase a robar en la villa que habían alquilado: secuestraron a dos personas en plena calle para recuperar sus objetos. Otras cinco fueron arrestadas en enero pasado por la detención ilegal de dos españoles a los que escondieron en un aljibe al norte de la capital malagueña. Pedían 50.000 euros por su rescate.

Amenazas de muerte

Hay tres tipologías habituales de los secuestros en la Costa del Sol. La primera suele darse tras una operación policial en la que los agentes se incauten de sustancias estupefacientes: el responsable del transporte o de la salvaguarda de la mercancía es secuestrado como represalia para exigirle que pague de alguna manera lo que ha perdido. La segunda opción tiene que ver con la cadena de mando de los grupos criminales. Ante algún problema, el jefe busca un responsable, incluso aunque no lo haya, para imponerse. La tercera ocurre cuando un grupo criminal al que han robado su mercancía —hachís, marihuana o cocaína— secuestra a una persona de la banda que, creen, ha sido la responsable, con el objetivo de que la pague o devuelva lo sustraído.

Esto último es lo que hicieron las 15 personas que fueron arrestadas el pasado enero después de llevarse por la fuerza a cuatro hombres que, entendían, les habían quitado un cargamento de 1.500 kilos de hachís. Los trasladaron a una villa de la urbanización La Quinta Hills, en Marbella, y los ataron a una cama para encerrarlos en una habitación. Solo los sacaban para golpearles o introducirles una pistola en la boca mientras les mostraban imágenes de sus familiares, amenazándoles con matarlos. Si la policía actúa con absoluta rapidez en cada rapto, este era especial: uno de los rehenes era diabético y podía morir sin su medicación. Lo encontraron a tiempo pero en el límite de sus fuerzas. Pasó un mes en el hospital, pero sobrevivió.

Muchas de las víctimas suelen estar relacionadas también con el narcotráfico, por eso algunas no denuncian, aunque si los policías tienen conocimiento del caso deben investigar de oficio. Otras veces sí acuden a comisaría tras ser liberadas —por miedo a que les vuelva a ocurrir— o son sus familiares los que avisan del rapto y relatan lo que les piden para liberarlos. Rara vez indican que las drogas son el trasfondo. A veces se inventan historias de que la deuda es por un coche o una vivienda, pero los agentes tratan de convencerles de que es importante saber el motivo real. Si hay droga por medio, saben que habrá violencia y que los sicarios no temblarán a la hora de actuar. “Cuando alguien es víctima de secuestro no nos interesa nada más que no sea liberarle”, insiste el jefe del Grupo I de Crimen Organizado. Para ello también cuentan con el apoyo de otros agentes especializados y con los dos negociadores que hay en la Comisaría Provincial de Málaga. “El éxito no es cosa de uno, es del equipo”, concluye el agente, que destaca también la colaboración policial internacional para investigar y detener a responsables de secuestros en sus países.