Los centros de acogida de migrantes identifican a cientos de adolescentes mezclados con adultos

Cae la tarde y el frío comienza a apretar a las puertas del acuartelamiento Primo de Rivera, en Alcalá de Henares (Madrid). Un joven gambiano aparece con su chándal más nuevo. “Mira, me he puesto guapo para hablar con vosotros”, bromea. Pide que le llamen Moussa, un nombre que no es el suyo. Está contento porque por fin va a poder darse una vuelta y despejarse tras 24 horas seguidas entre las paredes del campamento militar, ahora reconvertido en dispositivo de acogida para inmigrantes. A pesar de que declaran tener 17 años,...

Cae la tarde y el frío comienza a apretar a las puertas del acuartelamiento Primo de Rivera, en Alcalá de Henares (Madrid). Un joven gambiano aparece con su chándal más nuevo. “Mira, me he puesto guapo para hablar con vosotros”, bromea. Pide que le llamen Moussa, un nombre que no es el suyo. Está contento porque por fin va a poder darse una vuelta y despejarse tras 24 horas seguidas entre las paredes del campamento militar, ahora reconvertido en dispositivo de acogida para inmigrantes. A pesar de que declaran tener 17 años, tanto Moussa como su amigo Ousmane (también nombre ficticio), viven rodeados de adultos desde que desembarcaron en El Hierro el pasado 10 de octubre.

“Calculo que ahí adentro hay alrededor de 100 menores. Uno de ellos dice que tiene 14 años”, explica Moussa. En realidad, hay 140 que declaran serlo, más del 11% de los residentes, según los propios datos de Accem, la organización que gestiona el centro. Un ejemplo de cómo el sistema falla de forma recurrente a la hora de identificar menores migrantes y lo hace desde que los migrantes ponen el pie en el puerto. No es algo nuevo, el Defensor del Pueblo señala este problema año tras año, pero sigue sin solución. “En el muelle era todo muy caótico. Había mucha gente por cada policía o cada trabajador de la Cruz Roja”, recuerdan Moussa y Ousmane sobre su llegada.

El repunte de llegadas a Canarias volvió a coger desprevenidas a las autoridades. Hasta el 15 de diciembre habían arribado a las islas 37.187 personas, un 140% más que en 2022. Este inédito trasiego ha disparado el número de menores migrantes no acompañados de los que debe hacerse cargo el Gobierno regional, son ya 4.391 tutelados.

Ante las miles de llegadas, el Gobierno aceleró las derivaciones de migrantes mayores de edad a la Península para evitar el colapso de los recursos de acogida de las islas. Pero, pasados los meses de mayor afluencia, con miles de personas ya acogidas en decenas de provincias, se han detectado centenares de casos de menores residiendo en dispositivos de adultos, gestionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La propia fiscal superior de Canarias explicó a EL PAÍS que solo en las islas se han detectado unos 200 casos que habían sido considerados como mayores de edad en un primer cribado y que después, o bien por la documentación que aportaron o bien por las dudas de los propios trabajadores, podrían ser menores. “Todas las personas que entran en nuestros recursos han sido identificadas por Policía Nacional como adultos o unidades familiares con menores”, puntualizan fuentes del Ministerio de Migraciones. “En el caso de que se haya trasladado a una persona de Canarias a Península y, una vez aquí, esta persona o la propia entidad que gestiona el centro indique que es menor, se pone inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía de Menores”.

Fuentes de Accem, organización que gestiona parte del despliegue de centros de acogida de migrantes en España, han informado a EL PAÍS que han detectado unos 70 casos en el dispositivo de Cartagena, y otros 140 en el de Alcalá de Henares, en el que residen Moussa y Ousmane, los dos recursos con mayor capacidad. Pero son muchos más, según confirman otras ONG dedicadas a la acogida. En Zaragoza, por ejemplo, el antropólogo forense del Instituto de Medicina Legal de Zaragoza, Salvador Baena, contó a EL PAÍS que tenía sobre la mesa las pruebas de 50 supuestos menores llegados de Canarias. “Hacemos un trabajo individualizado con los que verbalizan que son menores para tratar de demostrarlo, muchas veces hay que esperar a que su familia les mande un documento acreditativo, por lo que a veces la resolución se demora y mientras nos vemos obligados a tratarlos como a mayores de edad”, explican en Accem. Tanto Migraciones como la Fiscalía General del Estado aseguran desconocer el número total de presuntos menores en esta situación.

Periplo como mayores

Los fallos en la identificación se dan desde que los migrantes llegan a tierra, cuando son recibidos por la Policía y atendidos por la Cruz Roja. Al mismo tiempo que se dan situaciones en las que hombres adultos dicen ser menores, aunque sea evidente que no lo son, se dan casos en los que los menores, a pesar de su apariencia física, declaran ser mayores. Y así acaban todos mezclados, en comisarías y en centros de menores o de adultos, hasta que la Fiscalía ponga orden.

Muchos jóvenes llegados en los últimos meses se han visto dentro de esta espiral, incluso habiendo dicho la verdad. Según han contado algunos de estos chicos a EL PAÍS, ellos han asegurado desde el principio ser menores de 18 años, pero su palabra fue perdiendo valor en las distintas fases de un proceso marcado por el desbordamiento y la falta de garantías. Según su testimonio, hasta los intérpretes pueden influir en su destino porque les han recomendado cambiar su declaración y decir que son adultos, algo que excede sus funciones. También cuentan que la policía, sencillamente, no les ha creído.

Moussa y Ousmane ocultaron su edad hasta que se vieron en Barcelona. “Cuando llegamos estábamos agotados, asustados y mareados. Teníamos miedo sobre las consecuencias que podría acarrear reconocerse como menores, así que dijimos que teníamos 20 por decir algo”, cuenta Moussa. “Cuando nos llevaron a un hotel en Lloret de Mar nos hicieron una segunda entrevista y admitimos que teníamos 17. Pero no nos creyeron y nos dijeron que hasta que no mostrásemos el pasaporte no había nada que hacer”.

Sus padres ya han enviado los documentos desde Gambia, pero los pasaportes podrían tardar entre uno y dos meses en llegar, aseguran. Mientras tanto, pasan sus días en el interior del cuartel, en el que el aburrimiento, el frío y las dificultades para descansar por el exceso de personas por metro cuadrado —a veces se producen conflictos y las reglas internas no siempre se respetan—. “Solo nos dejan salir un par de horas al día. Te levantas de la cama y no hay nada que hacer, todos los días son iguales y es un poco frustrante”, comenta Moussa.

Defensor del Pueblo

El caso de estos dos menores ha sido llevado al Defensor del Pueblo en una denuncia presentada el 20 de diciembre por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que sostiene, además, que tras comunicar su edad fueron recluidos. Los dos menores han solicitado pasar a estar tutelados por la Comunidad de Madrid, según la denuncia. “Como entidad, estamos enormemente preocupados por la protección de las personas vulnerables y trabajamos por que se cumpla el interés superior del menor”, explican fuentes de Accem. Admiten que en un primer momento se limitó “temporalmente la salida de aquellos que verbalizaron o presentaron documentación que les identificaba como menores de edad, con el objetivo de analizar la situación”, pero que posteriormente se ha aplicado la pauta general del centro y se les ha proporcionado un móvil para su mayor seguridad hasta que la Fiscalía determine su situación. “Instamos a todos los actores implicados, incluidas las comunidades autónomas, a que se involucren para dar la mejor atención a estos jóvenes y garantizar su interés superior”.

La situación de los menores extranjeros que llegan a Canarias es algo que preocupa especialmente al Defensor del Pueblo. “Hay que mejorar la detección de los menores de edad, se insta a que no haya menores en los centros policiales y a que estos sean trasladados a centros de acogida. Asimismo, se incide en la necesidad de que se mejore la atención pediátrica que reciben desde el momento de su llegada, se pide rapidez a la hora de realizar las pruebas de determinación de la edad”, afirman fuentes del organismo. “Creemos que el hecho de que no haya actores especializados en infancia en el proceso de atención y recepción de niños complica mucho la detección y reconocimiento de la minoría de edad”, completa Jennifer Zuppiroli, especialista de Save the Children. “Por ello, son trasladados al sistema de acogida humanitaria e, incluso, estamos viendo cómo muchos de ellos son trasladados a la Península por error”.

Ya es de noche y es hora de que Moussa y Ousmane regresen al cuartel. Antes de despedirse, aseguran tener muchos planes para sus vidas. “Estoy agradecido con España”, explica el primero, “y me gustaría dedicarme a una profesión en la que pueda devolver el favor, como policía, bombero o militar”. Cualquier cosa menos volver a Gambia. “Por más que la situación sea difícil aquí, no tenemos nostalgia: la vida era tan dura que volveríamos a repetir el viaje una y mil veces”.