Sánchez busca reactivar a su Gobierno con el pacto de la amnistía

La pregunta persigue a Pedro Sánchez casi desde que llegó a La Moncloa: ¿cuánto aguanta esto? El presidente incluso bromea en las entrevistas cuando alguien le plantea una cuestión que, sin embargo, se repite en los pasillos del Congreso esta semana con mucha más intensidad que otras. “¿Cuántas veces me han preguntado eso en los últimos cinco años y medio?”, suele decir Sánchez. Lo cierto es que su resistencia, puesta a prueba en circunstancias que habrían tumbado cualquier carrera política, hace que no solo los más fieles, sino la mayoría de sus aliados, estén convencidos de que superará tamb...

La pregunta persigue a Pedro Sánchez casi desde que llegó a La Moncloa: ¿cuánto aguanta esto? El presidente incluso bromea en las entrevistas cuando alguien le plantea una cuestión que, sin embargo, se repite en los pasillos del Congreso esta semana con mucha más intensidad que otras. “¿Cuántas veces me han preguntado eso en los últimos cinco años y medio?”, suele decir Sánchez. Lo cierto es que su resistencia, puesta a prueba en circunstancias que habrían tumbado cualquier carrera política, hace que no solo los más fieles, sino la mayoría de sus aliados, estén convencidos de que superará también esta última vorágine, a la que le ha llevado el asunto más delicado posible para un presidente que llegó al poder con una moción de censura contra la corrupción del PP: un escándalo grave en su propio Gobierno.

Esta semana ha sido muy evidente la debilidad que ha vivido Sánchez: el que fuera hombre clave de su equipo desde 2017 y secretario de organización del PSOE hasta 2021, José Luis Ábalos, le ha desafiado públicamente al negarse a entregar el acta que le exigía su partido por responsabilidad política. Y, sin embargo, la práctica totalidad de las fuentes del máximo nivel consultadas, no solo del PSOE, del Gobierno, de los nacionalistas e independentistas, sino también de la oposición, dan por hecho que Sánchez seguirá adelante con la legislatura e incluso la mayoría cree que logrará encarrilarla con la amnistía esta semana y probablemente también con los Presupuestos poco después.

¿Y por qué? Pues, sobre todo, explican distintas fuentes del Gobierno, del PSOE, de Sumar y de los nacionalistas e independentistas, porque la alternativa es infinitamente peor para todos los que componen la mayoría. La decisión del Tribunal Supremo esta misma semana de vértigo, en la que plantea investigar a Carles Puigdemont por terrorismo, algo impensable hace solo unos meses, lejos de complicar el pacto de la amnistía, según distintas fuentes de los dos sectores implicados, la acerca aún más. Incluso puede reforzar la mayoría.

“Ha quedado muy claro que, si no hay acuerdo, la alternativa es el apocalipsis”, exagera un dirigente socialista. Se refiere a que la justicia española al máximo nivel ha demostrado que, lejos de dejar atrás el procés, como ha planteado tantas veces Sánchez, para empezar una etapa de reencuentro, pretende no solo mantener las causas pendientes si no hubiera amnistía, sino abrir un nuevo caso por terrorismo al líder de Junts de consecuencias imprevisibles. “Lo del Supremo mete presión a la negociación de la amnistía, pero a favor del acuerdo”, señala un independentista.

Las negociaciones para cerrar la amnistía no se han interrumpido por la decisión del Supremo. Al contrario. Se han acelerado, y se ha logrado acercar mucho las posiciones, según distintas fuentes, aunque nadie se atreve a dar por cerrado el acuerdo hasta que no esté todo pactado, incluso la propia forma de dar a conocerlo: el relato, que fue muy importante para el pacto de la investidura. Las videoconferencias entre los principales negociadores se han mantenido en todo momento y se han intensificado en los últimos días. Incluso ha regresado a la negociación Jordi Turull, el secretario de Organización de Junts y uno de los hombres clave en estos meses, que acaba de recuperarse de un infarto.

La solución definitiva debería llegar en las próximas horas, pero el propio Turull se molestó cuando Jaume Asens, de los Comunes, aseguró que el acuerdo era inminente y afirmó este sábado que, “si hay alguna novedad, se informará desde Junts”. Lo cierto es que el propio Carles Puigdemont, siempre hermético, apuntó este mismo sábado con claridad hacia un pacto inminente en la ley orgánica de amnistía al señalar que se “abre una nueva etapa sin la losa del exilio”, esto es que ya avisa a los suyos de que pueden empezar a pensar en el horizonte de volver a Cataluña.

Los socialistas han aceptado finalmente cambios en la ley, según distintas fuentes, pero que no afectan al corazón de lo que consideran la línea roja fundamental para evitar que tanto el Tribunal Constitucional como la justicia europea puedan tumbar la norma más delicada de todas las que ha puesto en pie Sánchez en casi seis años al frente del Gobierno: tal como lo ve el PSOE, el terrorismo no puede estar amnistiado de manera completa, en cualquiera de sus formas. Si Junts acepta no cruzar esa línea a cambio de otras soluciones jurídicas para reforzar las garantías de la amnistía, el pacto estará hecho.

Lo más importante y lo más difícil, desde el punto de vista político, es que Junts asuma que no hay ninguna fórmula legal que pueda impedir al 100% y desde el primer momento que los jueces puedan complicar la amnistía. Por eso Junts decía desde el primer momento, cuando votó que no a la ley que ellos mismos habían negociado, que ellos no habían pactado “una amnistía en diferido”. Pero tanto los socialistas como ERC, que está en la negociación, han insistido en que hay que aprobar la amnistía ya y luego pelear jurídicamente para que incluya también a Puigdemont o a Marta Rovira y Rubén Wagensberg, de ERC. Si no es nada más aprobarla, será más adelante, con recursos, con instancias europeas, pero en algún momento, explican tanto los socialistas como los republicanos, caerá por su propio peso la idea de que es imposible probar que Puigdemont tuvo “intención directa de atentar de forma grave” contra la vida de personas, como dice la última redacción de la ley que pactó. El propio líder de Junts parecía este sábado asumir una parte de esa idea al decir que “ninguna ley acabará con la represión del Estado contra el independentismo”.

Todas las lógicas políticas y judiciales apuntan, pues, hacia un pacto inminente en la ley de amnistía, pero hasta el último momento todo se puede torcer, como se ha visto otras veces. Sin embargo, el ambiente político que se ha vivido en el Congreso, pese a que ha sido una de las peores semanas del Gobierno, es el de que la mayoría aguantará porque no hay alternativa. Todos los aliados parecen dispuestos a seguir, a falta del acuerdo con Junts, y La Moncloa está intentando que el caso Koldo, que desgasta de manera evidente al PSOE y tiene el riesgo de desactivar el voto progresista para las próximas elecciones vascas y europeas, se pueda resolver con la salida de Ábalos del PSOE por la responsabilidad política de aupar a García como uno de sus principales colaboradores.

“Es muy triste y muy duro, pero la verdad es que lo que le ha pasado a Ábalos con Koldo no nos podría pasar a cualquiera, como viene a decir él. Hay que controlar a tu equipo, sobre todo a alguien tan próximo. Tienes que saber si se están enriqueciendo a tu alrededor, eso no puede pasar, es un asunto muy sensible”, sentencia un miembro del Gobierno.

El ambiente que se vivía entre la delegación socialista que acompañó a Pedro Sánchez en Roma, en el Congreso del Partido Socialista Europeo (PES), en el que había varias ministras y dirigentes importantes, era de indignación absoluta con el caso Koldo, que ha dejado desolados a los socialistas. Nadie niega la relevancia y asumen que será un proceso largo, con distintas derivadas. El Gobierno ha intentado recuperar los casos de corrupción del PP, aunque muchos dirigentes insisten en que la estrategia del “y tú más” no funciona. Por eso, La Moncloa apunta que lo más importante era pedir el acta a Ábalos de forma rápida: antes de una semana estaba suspendido cautelarmente de militancia al negarse a entregar el escaño.

El PP está aumentando la presión sobre otras administraciones del PSOE que compraron mascarillas a la misma empresa, pero en La Moncloa están convencidos de que allí no hay agua porque creen que no hay corrupción en el resto de las derivadas del caso. De hecho, el PSOE está intentando darle la vuelta a la derivada de Baleares porque fue el Gobierno del PP el que dejó caer la reclamación sobre las mascarillas defectuosas que se compraron con Francina Armengol al frente del Ejecutivo de Baleares. Todos los consultados asumen que el caso Koldo aún deparará momentos difíciles al Gobierno, y que el desgaste es innegable e importante, aún habrá que ver con qué consecuencias electorales. Pero el margen de actuación de La Moncloa, al menos de momento, parece agotado al cortar la cabeza política de Ábalos.

Por eso ahora, más que en este asunto, todos los focos del equipo de Sánchez están puestos en aprobar la amnistía y pensar después en Presupuestos para consolidar la legislatura y disipar la idea que trata de instalar la oposición de que el Gobierno se tambalea. “Esto es muy duro y muy frustrante, porque toda la labor del Gobierno queda oscurecida estos días por el escándalo, no se puede hablar de otra cosa. Pero tenemos un proyecto y tenemos votos para sacarlo adelante, y eso es lo que se terminará imponiendo con el tiempo”, trata de consolarse una ministra. Esta semana se verá si el Ejecutivo encarrila la legislatura o se bloquea definitivamente, pero el caso Koldo, pase lo que pase, seguirá pesando.