La Fiscalía Europea investigará los contratos del ‘caso Koldo’ en Canarias y Baleares
Anticorrupción había remitido sendos acuerdos al ministerio público de la UE en junio, cuando detectó que hay afectado dinero de fondos comunitarios
La Fiscalía Europea también va a investigar del caso Koldo. El ministerio público de la UE ha anunciado este lunes por la tarde que indagará qué ha ocurrido con los contratos para ...
La Fiscalía Europea también va a investigar del caso Koldo. El ministerio público de la UE ha anunciado este lunes por la tarde que indagará qué ha ocurrido con los contratos para el suministro de mascarillas suscritos por los servicios de salud de Baleares y Canarias. Es la respuesta de la institución que dirige la rumana Laura Kövesi a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que el pasado junio le remitió varios contratos ante la evidencia de que se habían pagado con dinero procedente de los fondos comunitarios, por lo que las pesquisas le corresponden al organismo comunitario. Anticorrupción ha analizado esos contratos sin encontrar indicios que hayan llevado a desarrollar actuaciones al respecto en el marco de la investigación del caso Koldo.
Aunque la sede central de la Fiscalía Europea esté en Luxemburgo, la decisión de abrir una investigación ha correspondido a la sección de Madrid. El punto de partida, explica el comunicado, sería la “denuncia de un particular”. No obstante, también dispone la información recibida de Anticorrupción y de la Audiencia Nacional, “así como de los distintos organismos encargados de gestionar la financiación de la UE”. “A partir de la información recabada, se ha decidido iniciar formalmente la investigación por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias”, continúa la Fiscalía Europea.
Que haya dinero procedente del presupuesto comunitario, muy probablemente del Fondo de Desarrollo Regional (Feder), es clave para que entre a investigar este organismo europeo, cuya principal competencia es la persecución judicial del fraude que se comete con el dinero de la UE. Esto ya se vio en el caso de las comisiones que se embolsó el hermano de la presidenta de la comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso, también en unos contratos de compra de material higiénico y sanitario durante la pandemia para la administración que gobierna su hermana. No obstante, aquellas investigaciones acabaron archivadas.
La trama corrupta, que llegó a vender 20 millones de mascarillas al Ministerio de Transportes por 52 millones de euros, con 16 millones de beneficio, tuvo sus ramificaciones en los dos archipiélagos en la legislatura pasada. Ambas comunidades, gobernadas por el PSOE entre 2019 y 2023, también suscribieron contratos con Soluciones de Gestión. En el caso balear hay incluso abierto un enfrentamiento entre esa empresa de la trama y la administración autonómica después de que en marzo del año pasado, el servicio de salud balear informara a la compañía de que iba a tomar “las medidas oportunas con el fin de resarcir [...] la situación que ha ocasionado este hecho”. El hecho al que se refieren estas palabras es que las mascarillas compradas no cumplirían con los requisitos técnicos comprometidos, por lo que pedirían el reintegro de 2,6 millones de euros.
A pesar de esto y de que la reclamación iniciada en marzo de 2023 —todavía con el PSOE en el Gobierno autonómico— se dejó caer en noviembre, ya con los populares al frente del ejecutivo, el PP ha utilizado este hecho y “las sospechas” que le rodean para cargar contra la presidenta del Congreso de los Diputados, la expresidenta del Govern balear Francina Armengol, y pedir su dimisión. Este lunes mismo, el portavoz popular en la Cámara baja, Miguel Tellado, ha reclamado por escrito el cese de la socialista.
La trama del caso Koldo también suscribió contratos con el Gobierno autonómico de Canarias, al menos tres por un valor de 11,9 millones de euros. La contratación con Soluciones de Gestión, la empresa investigada, llegó a ser analizada por la Audiencia de Cuentas y también por el Tribunal de Cuentas, que en diciembre de 2022 archivó el expediente al no detectar irregularidades. Las pesquisas habían comenzado en el primer órgano auditor, la Audiencia, a la que le pareció sospechoso que una empresa cuyo objeto social es el desarrollo de “servicios de desarrollo y asesoramiento técnico en actividades internacionales, principalmente de energía, agua e infraestructuras agrícolas” acaparara casi el 12% de las compras de material sanitario. No obstante, tanto el pleno de la Audiencia como el del Tribunal de Cuentas acabaron descartando irregularidades.
Fuentes del anterior Ejecutivo autonómico recalcaron este lunes que el hecho de que la Fiscalía haya abierto diligencias no presupone que haya irregularidades, y que todas las mascarillas adquiridas con esos fondos se usaron y se pagaron a un precio razonable, y así lo atestiguan tanto la Audiencia de Cuentas de Canarias como el Tribunal de Cuentas, informa Guillermo Vega.