El juez del ‘caso Tsunami’ pide información sobre la presencia de espías rusos durante el ‘procés’

El juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional, ha dado luz verde a la petición de una acusación particular para indagar sobre la presencia de espías rusos en Cataluña durante el procés. El magistrado ha dictado este lunes una resolución en la que ordena a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional que comunique si tiene informe...

El juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional, ha dado luz verde a la petición de una acusación particular para indagar sobre la presencia de espías rusos en Cataluña durante el procés. El magistrado ha dictado este lunes una resolución en la que ordena a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional que comunique si tiene informes sobre los posibles movimientos de los servicios de inteligencia del Kremlin entre 2014 y 2019 en Barcelona.

García-Castellón investiga en este procedimiento las protestas y disturbios impulsados por la plataforma independentista Tsunami Democràtic contra la sentencia del Tribunal Supremo de 2019 que condenó a los líderes políticos del procés. Pero, con la decisión de este lunes, amplía el radio de acción. El juez ha aceptado la solicitud planteada por dos agentes de la Policía que resultaron heridos durante los disturbios y que se personaron como acusación particular en el sumario.

El pasado febrero, la defensa de los agentes envió un escrito a la Audiencia Nacional donde explicaba que había tenido conocimiento por la prensa de que “espías rusos expertos en sabotajes y asesinatos viajaron a Barcelona entre 2014 y 2019”. Sin embargo, proseguía, no había encontrado en la causa ningún documento policial relacionado con estas “supuestas operaciones encubiertas de los miembros del servicio de inteligencia militar de Moscú (GRU)”, o sobre la “presencia de espías rusos” en Barcelona durante el procés independentista catalán. Por ello, pedía al juez que cursara una petición de información a la Policía Nacional para saber si existen informes al respecto, incorporándolos así a esta causa.

Precisamente a principios del pasado febrero, el Parlamento Europeo aprobó una resolución —no vinculante— para reclamar a las “autoridades judiciales competentes” que investiguen “de forma efectiva” los intentos de Rusia de desestabilizar determinadas regiones de la UE. El documento del organismo comunitario expresaba la “profunda preocupación” de la institución por los contactos entre los independentistas catalanes y el Gobierno ruso, así como por los “esfuerzos de Rusia por socavar la democracia europea”.

Como publicó EL PAÍS, un informe confidencial elaborado en noviembre de 2017 por el centro de inteligencia y situación de la Unión Europea (Intcen) desgranó los intentos de Rusia de influir en la crisis de Cataluña y trazó vínculos entre el independentismo y el Kremlin. Este documento se refiere a las redes “asociadas a los servicios de inteligencia rusos” y su presencia en Cataluña, así como a reuniones de personas de la órbita del Kremlin con el Gobierno catalán y de encuentros de personas “dirigidas” por otro de los servicios secretos rusos (el FSB) con “empresarios” de Barcelona. “Varios individuos rusos y asociados a Rusia y entidades separatistas [vinculadas a Moscú] han usado, en un esfuerzo coordinado, una amplia gama de herramientas híbridas (medidas activas) para influir en la crisis catalana”, exponía el informe, que remachaba: “Es muy poco probable que estas actividades se llevaran a cabo sin la aprobación y el apoyo del Gobierno ruso (Kremlin)”.

Desde que estalló el desafío secesionista en 2017, en España se han abierto al menos dos causas judiciales sobre la presunta injerencia rusa en el procés. El caso Voloh, dirigido por el juez de Barcelona Joaquín Aguirre, es la principal investigación. Este magistrado indaga las reuniones que, en los días previos a la fallida declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017, mantuvo el círculo del entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, con individuos que, presuntamente, tienen conexiones con el Kremlin. Por su parte, el magistrado García-Castellón también inició unas pesquisas en 2019, que se cerraron en 2020, después de que la Policía constatase el paso por Barcelona del general Denís Serguéiev, alias Serguéi Fedótov, solo 48 horas antes de que se celebrara la consulta convocada por el Ejecutivo de Carles Puigdemont. Serguéiev es un destacado miembro del Departamento Central de Inteligencia de las Fuerzas Armadas rusas (GRU, por sus siglas en ruso), una unidad de élite del ejército ruso a la que, en los últimos años, los servicios de inteligencia de varios países vinculan con supuestas maniobras de desestabilización en Europa.