La defensa de Daniel Sancho, antes del juicio: “Tenemos ganas de que se le empiece a escuchar”

Daniel Sancho, hijo del popular actor Rodolfo Sancho, se sienta en el banquillo ante un tribunal de Tailandia desde este martes por uno de los casos más mediáticos de los últimos meses, la muerte y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta el pasado agosto. El enjuiciado se enfrenta a la pena de muerte, en la peor de las situaciones, pero el equipo de abogados encargado de su defensa ―en el que participan dos bufetes españoles y un grupo de asesores en Tailandia, además de un abogado de oficio― prefiere no situarse en ese escenario. Con el juicio por delante, y después de que el número dos de la policía de Tailandia, que dirigió y defendió la investigación, haya sido relevado de sus funciones por su implicación en un caso de blanqueo, los abogados confían en que las pruebas y el testimonio de Sancho logren convencer al tribunal. El presidente del tribunal ha prohibido a todos los asistentes que informen de lo que sucede en la sala. “Afrontamos el juicio con ganas de que verdaderamente se le empiece a escuchar. Lo que ocurrió aquel día solo lo sabe él”, explica Ramón Chippirrás, criminólogo y jurista del despacho Balfagón & Chippirrás.

“Confiamos al mil por mil en la justicia de Tailandia, no así en la Policía”, sostiene el abogado Marcos García-Montes, que también forma parte de la defensa. Sancho argumentará que actuó en defensa propia y que la víctima murió de un golpe en la cabeza tras una discusión en la habitación del hotel que compartían en la isla de Koh Phangan. Sancho, de 29 años, y Arrieta, de 44, habían quedado en verse el 2 de agosto en Koh Pangan, una isla muy turística conocida por albergar la fiesta de la luna llena, en la que las playas se llenan de gente celebrando con música hasta el amanecer. El español llegó un par de días antes de la cita y planeaba quedarse unas semanas por la zona. El 3 de agosto denunció que su amigo había desaparecido y fue detenido formalmente dos días después, tras confesar el crimen. Además del cargo de asesinato premeditado, del que Sancho se ha declarado no culpable, está acusado de su descuartizamiento y de ocultar el cuerpo, algo que sí ha reconocido. También de destruir el pasaporte de la víctima. La autopsia no ha podido determinar una causa concluyente de la muerte porque no se han encontrado algunas de las partes del cuerpo de la víctima, como el torso.

La Policía tailandesa acusa a Daniel Sancho de haber planeado el crimen porque, entre otras evidencias, fue grabado comprando en supermercados diversos utensilios de cocina, como cuchillos y productos de limpieza. “Vamos a acreditar que los compró para una causa totalmente distinta”, explica Chippirrás. “Van a pasar testigos que dirán para qué iba a utilizar esto”, añade. El español tiene formación de chef y es socio de una empresa de catering. El abogado García-Montes explica que han elaborado un informe, que presentarán en el juicio, con el que quieren denunciar al tribunal las pruebas “ilícitas y nulas” incorporadas por los investigadores policiales. El letrado incide en que hay una serie de fotografías, que forman parte de la causa, que muestran lesiones que tenía Sancho, como un arañazo en la espalda o mordeduras en los antebrazos, que corroboran la versión de su cliente de que sufrió un intento de violación por parte de Arrieta, algo que, según el abogado, encajaría penalmente con una muerte accidental o por homicidio imprudente y cuyas penas son sustancialmente menores, entre seis y 10 años de prisión.

Daniel Sancho lleva ocho meses en prisión preventiva, desde el 7 de agosto. El juicio comienza este martes, 9 de abril, a 10.500 kilómetros de Madrid, pero los entresijos de la investigación están protagonizando numerosas horas en programas de televisión en España e incluso se está produciendo una serie documental en HBO Max sobre el caso.

En la primera sesión, el fiscal expondrá un primer informe, en el que se prevé que solicite una condena por asesinato con premeditación, que acarrea pena de muerte, y llamará a unos 30 testigos, entre ellos los agentes que han llevado la investigación, el forense o los operarios del basurero municipal en el que se encontraron algunos restos de la víctima, según han relatado las partes del caso. Hasta el próximo 25 de abril no se espera que declare el acusado. El sistema judicial tailandés puede propiciar imágenes diferentes de los juicios celebrados en España, ya que permite que Daniel Sancho pueda interrogar a los testigos del ministerio público o que los abogados planteen, si así lo desean, que el fiscal declare. La defensa citará a entre 28 y 30 testigos, y también se apoyará en informes de medicina legal, psicología y psiquiatría, o de expertos en causas similares. Está previsto que quede visto para sentencia el 3 de mayo y que el fallo tarde aproximadamente un mes en dictarse.

“Estándares de calidad positivos”

Los abogados que la familia de Edwin Arrieta ha nombrado en España confían en que las evidencias hablen por sí mismas. “Hemos podido llegar al juicio gracias al trabajo de la policía”, ha afirmado este lunes el abogado Juan Carlos Ospina, en Samui, la isla en la que se celebrará el juicio, situada al sur de Tailandia. Ospina ha añadido que las pesquisas han tenido unos “estándares de calidad muy positivos”, informa Efe.

El equipo encargado de la defensa de Sancho critica que el subdirector de la Policía de Tailandia, Surachate Hakparm, llegara a decir en una rueda de prensa celebrada en agosto que Edwin Arrieta murió apuñalado “sin ningún tipo de apoyo científico” y basándose en una imagen de un iPad con la camiseta de la víctima. “Un informe policial del 12 de septiembre responde que ninguno de los cuchillos ha producido ese corte en la camiseta”, argumentan. Tras el juicio, confían en no encontrarse con una sentencia a pena de muerte, especialmente porque Sancho ha colaborado con la investigación desde el principio y porque en los últimos años esta pena se ha conmutado. Fuentes conocedoras del sistema judicial del país asiático aseguran que la pena capital solo se aplica en casos en los que las víctimas son miembros de las fuerzas de seguridad o altos cargos del Gobierno, y no se conocen casos en los que el ajusticiado haya sido un ciudadano extranjero. Confían en que, en el caso de que reciba una pena alternativa por homicidio imprudente, Sancho pueda regresar a España cuando haya cumplido un tercio de la condena.