PP y Vox siguen juntos en un centenar de ayuntamientos con la vista en los Presupuestos

Tras la ruptura de los cinco Gobiernos autonómicos que Vox mantenía con el PP, Santiago Abascal se apresuró a subrayar que los ayuntamientos no tenían “nada que ver” con la “decisión”. El divorcio, provocado según el líder ultra por la acogida voluntaria de menores migrantes no acompañados, no se extendió al centenar de consistorios que compartían los dos partidos de la derecha. La vida siguió —y sigue ante el nuev...

Tras la ruptura de los cinco Gobiernos autonómicos que Vox mantenía con el PP, Santiago Abascal se apresuró a subrayar que los ayuntamientos no tenían “nada que ver” con la “decisión”. El divorcio, provocado según el líder ultra por la acogida voluntaria de menores migrantes no acompañados, no se extendió al centenar de consistorios que compartían los dos partidos de la derecha. La vida siguió —y sigue ante el nuevo curso político—, en capitales de provincia como Valladolid, Toledo o Valencia, donde el principal hito del otoño será la aprobación de los Presupuestos.

Tras las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, PP y Vox sellaron pactos en más de un centenar de ayuntamientos, sobre todo en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid. A consistorios de especial envergadura como Valladolid, Burgos, Toledo, Guadalajara, Ciudad Real o los madrileños de Móstoles y Alcalá de Henares se sumó más tarde el de Valencia. Su alcaldesa, María José Catalá, incorporó la formación ultra al equipo de Gobierno de la tercera ciudad de España en octubre pasado, ante su debilidad para sacar iniciativas adelante. Mientras en los cincos Ejecutivos autonómicos la quiebra de las coaliciones por la salida abrupta de Vox ha provocado que los populares cambien el rumbo en medidas pautadas por los ultras —como la modificación de las leyes de “concordia”, que se ha aparcado en varios de ellos—, en los municipios los matrimonios permanecen dando sus frutos.

Hasta hoy, la entente entre PP y Vox en administraciones municipales de todo el país ha desembocado en un reguero de medidas a las que los ultras han arrastrado a los populares. Presionados por Vox, algunas corporaciones locales donde gobiernan en coalición han eliminado concejalías de igualdad, han retirado banderas LGTBI, han censurado obras de teatro y películas infantiles por cuestiones ideológicas, han celebrado jornadas que diluyen la violencia de género o niegan la Memoria Democrática, han suprimido carriles bici o han incumplido con las zonas de bajas emisiones.

Ahora, los consistorios encaran el nuevo curso con la vista puesta en los Presupuestos, principal herramienta para marcar la acción de Gobierno, cuya elaboración y aprobación suele ocurrir de septiembre a diciembre. A la coerción ya ejercida por el partido de Abascal desde el año pasado, se añade este nuevo curso la tormenta que estalló el pasado julio, cuando Vox rompió las acuerdos con el PP en los cinco Ejecutivos autonómicos que compartían. Y con la acogida de menores migrantes como telón de fondo.

El diseño de las Cuentas locales tendrá que cerrarse en un escenario marcado por la crisis migratoria y tras un verano en el que las dos fuerzas de la derecha han endurecido su discurso sobre inmigración, después de que el Partido Popular aceptara el reparto voluntario de menores migrantes no acompañados hace dos meses. No así la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para establecer como obligatoria la derivación de los niños y adolescentes a la península, mientras ambos partidos pugnan por acaparar la bandera de la lucha contra la inmigración ilegal.

“Si hay algún ayuntamiento en el que gobierne Vox con el PP, y el PP diga: ‘Traednos a los menas’ [acrónimo de menores extranjeros no acompañados], Vox saldrá inmediatamente de ese ayuntamiento”, advirtió el portavoz de la formación ultra, José Antonio Fúster, tres días después de que Abascal mostrase su predisposición a mantener las alianzas tejidas en los consistorios. Desde entonces y hasta el momento, ninguna coalición de PP y Vox de municipios relevantes se ha roto. “Todo con normalidad, bien”, aseguran fuentes del PP de Molina de Segura (Murcia). “La relación es normal, pero en cada municipio las propias relaciones personales cambian. Pero no ha cambiado nada”, apuntan en el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. “De momento, todo tranquilo”, remachan otras fuentes populares de Castilla-La Mancha.

Por el camino, eso sí, han aparecido grietas en algunos municipios. En Ciudad Real, las disensiones entre ambas formaciones durante la confección de los Presupuestos de 2024 ya supuso una crisis de Gobierno. De ahí que el Consistorio no sacara adelante las Cuentas de este año hasta el pasado mes de abril.

La competencia de la acogida de los menores corresponde a las comunidades autónomas, pero los ayuntamientos tienen la potestad de ceder espacios para albergar a estos niños y adolescentes. Los consistorios se ocupan, además, de gestionar las partidas destinadas a la integración, cuya financiación depende de los Presupuestos municipales. También acometen medidas destinadas a las personas sin hogar, que en muchas ocasiones acaban copadas por solicitantes de asilo que no obtienen cobertura social con recursos del Estado. Además, pueden promover o no campañas u otros programas municipales para la integración de los migrantes. O, por el contrario, adoptar medidas estigmatizantes. Como ejemplo, a principios de julio, la concejalía de Seguridad Ciudadana y Orden Público de Ciudad Real, gestionada por Vox, propuso que la Policía realizase “controles de identidad” para laminar “el efecto llamada” a la inmigración.

En Valladolid y Burgos las relaciones entre PP y Vox han mantenido la estabilidad pese a la ruptura autonómica. Ambos alcaldes, Jesús Julio Carnero y Cristina Ayala (PP), insistieron en el buen funcionamiento de sus corporaciones, sin grandes polémicas, donde en este periodo de unión apenas ha habido discrepancias entre los socios. En Valladolid, el reparto de concejalías dejó a Cultura para los ultras, aunque la gestión de la celebración de los Goya de 2024 y del festival de cine Seminci recayó en el PP.

Ambos partidos coinciden en sus políticas en favor del vehículo privado, incluyendo reducir zonas de bajas emisiones, el recorte de carriles bici o la ampliación de carreteras. Las medidas burgalesas se asemejan a las vallisoletanas, con algún choque cuando el concejal de Seguridad Ciudadana (Vox) aseguró que pedirían a los policías locales controles sobre los inmigrantes, una competencia que no correspondida a su cargo. También se redujo el presupuesto destinado a Memoria Histórica. Los dos alcaldes prometieron reducir impuestos y Carnero, tras asegurar una bajada del 10% del IBI el primer año, ha anunciado un descenso del 5% para este segundo año, pero acompañado de una tasa extra para las basuras. Ayala ha descartado esa bajada fiscal del IBI pese a defenderlo en campaña.

En Valencia, “la vida es más fácil” desde que Santiago Abascal dejó claro que es la dirección nacional la que manda sobre todos los miembros de Vox tras la orden de salir de los Gobiernos regionales. “Se han desinflado”, aseguran fuentes del Gobierno local en relación a los ultras. El polémico portavoz, Juan Manuel Badenas, que es segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, ni siquiera protestó cuando la alcaldesa, María José Catalá, no lo incluyó como sustituto durante las vacaciones de agosto. “Es una cuestión personal de la alcaldesa”, argumentó y calló. “Aún están perplejos”, afirman las mismas fuentes para describir el estado de los miembros de Vox después de ver caer al vicepresidente de la Generalitat, Vicente Barrera, que se había convertido en el líder natural de los ultras valencianos. “Saben que los presupuestos no van a depender de lo que decidan ellos, y que si reciben una llamada de Madrid deberán seguir las órdenes”, vaticinan en el entorno de la alcaldesa, donde mantienen que el Gobierno de la ciudad está siendo más fácil que antes porque “no quieren discusiones que quizá no les sirvan para nada”. Las mismas fuentes admiten, en cualquier caso, que cualquier decisión sobre la inmigración será fuente de conflicto.

En el ayuntamiento de Elche, el primero en cerrar un acuerdo después de las elecciones municipales, Partido Popular y Vox gobiernan con “normalidad”. Así lo defiende habitualmente el alcalde, Pablo Ruz, aunque el socio de gobierno insiste en que existen discrepancias sobre las que han conseguido llegar a un entendimiento. Es el caso de los asuntos relativos a la emergencia climática o, por ejemplo, el uso del concepto “violencia machista”, donde el Partido Popular ha asumido el planteamiento de Vox usando únicamente la categorización de “violencia sobre la mujer”. Además, en algún pleno municipal, la portavoz de Vox, Aurora Rodil, ha lanzado reproches públicos a sus socios, que el alcalde enmarca en el debate político. Tampoco perjudicó la relación, al menos de forma visible, la salida del concejal de Deportes (PP) tras el escándalo generado por acceder ebrio a una iglesia en Semana Santa. Ambos, tanto el alcalde y amigo íntimo del edil, como la socia, Aurora Rodil, cerraron filas y disculparon esta actitud acogiéndose a que el concejal, que después dimitió, había pedido perdón públicamente. En estos momentos, los populares y Vox se encuentran elaborando los presupuestos municipales en los que, a priori, no van a existir grandes diferencias.

Más allá de las coaliciones de Gobierno que comparten PP y Vox, el Partido Popular está a su vez condicionado por los ultras en aquellas corporaciones locales donde gobiernan en minoría. Es el caso del Ayuntamiento de Sevilla, donde su alcalde, José Luis Sanz, sometió su cargo a una cuestión de confianza en junio adherida al Presupuesto para sacar las cuentas adelante y evitar con esa fórmula incluir a Vox en el Ejecutivo local. El regidor popular perdió la votación y se enfrenta a un camino minado en los próximos meses, pues Vox torpedea todas las iniciativas por sistema.

A la capital andaluza se suma la de Aragón. En Zaragoza, la alcaldesa popular Natalia Chueca gobierna a su vez en minoría en un Consistorio que esta semana ha firmado un convenio de 30.000 euros con la entidad antiabortista RedMadre, a instancias de Vox, y con el beneplácito del Partido Popular. Una controvertida decisión azuzada por las declaraciones xenófobas vertidas por la responsable de la fundación, María Marquina, durante la presentación del contrato, dentro del Ayuntamiento y ante la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós (PP).