El Gobierno ultima la reforma que facilitará la residencia y el permiso de trabajo a decenas de miles de extranjeros

El Gobierno de España sigue, de momento, su propia estela en materia migratoria. Mientras Bruselas apuesta por complicar el día a día de los extranjeros y coquetea con la idea de crear centros de deportación en terceros países —a imagen y semejanza del modelo de la ultraderechista italiana Giorgia Meloni—, en Madrid, el Ministerio de Migraciones ultima un nuevo reglamento de extranjería que facilitará trámites a los 6,5 millones de inmi...

El Gobierno de España sigue, de momento, su propia estela en materia migratoria. Mientras Bruselas apuesta por complicar el día a día de los extranjeros y coquetea con la idea de crear centros de deportación en terceros países —a imagen y semejanza del modelo de la ultraderechista italiana Giorgia Meloni—, en Madrid, el Ministerio de Migraciones ultima un nuevo reglamento de extranjería que facilitará trámites a los 6,5 millones de inmigrantes que ya viven en España. Y a otros muchos que planeen venir a trabajar. Está previsto que la norma, a cuyo último borrador ha tenido acceso EL PAÍS, llegue al Consejo de Ministros a mediados de noviembre, según fuentes ministeriales, y abrirá la puerta a la potencial regularización de decenas de miles de personas. “[Esto], el paso a paso, callado y sin alharacas, es más efectivo que un proceso de regularización extraordinario”, mantiene una fuente gubernamental al tanto de la reforma.

Esta modificación del reglamento, la segunda en tan solo dos años, cambiará la letra pequeña de la aplicación de la ley de extranjería: se reducirán plazos para acceder a permisos de residencia y trabajo, se harán renovaciones de mayor duración, se eliminarán requisitos y se facilitará, de forma generalizada, la incorporación al mercado laboral. Aunque aún está sujeto a cambios, varios colectivos se verán especialmente beneficiados con las nuevas normas, entre ellos los estudiantes, los trabajadores en busca de empleo, las familias, y decenas de miles de solicitantes de asilo a los que les han denegado su petición en los últimos años.

El nuevo reglamento se aprobará por Real Decreto, que no necesita convalidación parlamentaria, y es un procedimiento distinto a la reforma de la ley de extranjería que Canarias y el Ejecutivo negociaban con el PP para imponer una redistribución más solidaria de menores extranjeros no acompañados. También es independiente de la iniciativa legislativa popular (ILP) para una regularización extraordinaria y generalizada que sigue su trámite parlamentario.

La reforma busca simplificar la burocracia, gestionar la nueva realidad demográfica y garantizar derechos, aunque hay una clara lectura económica, en la senda que ya inició el entonces ministro José Luis Escrivá, ahora gobernador del Banco de España. “Se espera un impacto económico positivo por razón de la atracción y retención de las personas extranjeras en el mercado de trabajo y por su contribución a la economía y el sostenimiento del estado del bienestar”, puede leerse en la memoria de impacto del texto a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

No es casual que el nuevo reglamento facilite los permisos de trabajo en casi todos los casos. De hecho, en el plan fiscal que presentó el Gobierno la semanada pasada en Bruselas se presenta esta iniciativa, además de un nuevo marco para agilizar la homologación de títulos obtenidos en el extranjero, como dos reformas que permitirán aumentar el crecimiento tendencial de la economía en tres décimas de aquí a 2031, al contar con más trabajadores y facilitar que estos estén más formados.

Plazos más cortos

Uno de los cambios más relevantes del reglamento es que, a partir de su aprobación, los extranjeros que estén en situación irregular y quieran optar a un permiso de residencia y trabajo por arraigo podrán hacerlo cuando cumplan dos años de haber llegado a España. Hasta ahora, la vía más habitual para obtener los papeles obligaba al extranjero a estar hasta tres años en situación irregular y a trabajar en la clandestinidad. Además, se introduce la figura del arraigo de segunda oportunidad, al que podrán acogerse las personas que tuvieron una autorización de residencia en el pasado y por alguna razón no pudieron renovarla.

El texto abre una nueva vía transitoria para sacar de la clandestinidad a miles de solicitantes de asilo a los que se les haya rechazado su petición. Aquellos que estén en situación irregular en España cuando entre en vigor el nuevo reglamento podrán solicitar un permiso de residencia por arraigo cuando lleven seis meses en territorio español. Se trata de una regularización acotada de un colectivo muy numeroso —solo en 2023 se habían registrado más de 163.000 solicitudes— que se queda sin permiso para vivir y trabajar en España cuando les deniegan su solicitud, algo que ocurre en la mayoría de los casos. Está por ver qué alega Interior ante esta fórmula, teniendo en cuenta que las contribuciones de este ministerio fueron para limitar la regularización de este colectivo. El departamento de Fernando Grande-Marlaska defendió que ha constatado “la instrumentalización del asilo” por parte de migrantes económicos que piden protección con la intención de conseguir un permiso de residencia, valiéndose del tiempo que pasan en España esperando una respuesta. Este supuesto uso fraudulento, en todo caso, lo favorece el propio Ministerio del Interior con las demoras (de años, en algunos casos) que acumula para resolver los expedientes.

Otra de las novedades del borrador es que los inmigrantes que obtengan un permiso gracias al arraigo para formación podrán también trabajar hasta 30 horas semanales. Esta figura —que ahora se llamará arraigo socioformativo— se creó en 2022 con la idea de rescatar a las personas en situación irregular que llevaban más de dos años en España, siempre que se matricularan en algún curso. Hasta ahora necesitaban un contrato para pedir una autorización de trabajo que ahora se concederá de forma automática.

Para los extranjeros que hayan cursado sus estudios en España habrá un cambio sustancial. En el nuevo reglamento se simplificará el paso de la estancia por estudios a una autorización de residencia y trabajo, siempre y cuando cuenten con el contrato laboral en un sector que se corresponda con lo que hayan estudiado. Se facilita además que los familiares de aquellos que cursen estudios superiores puedan pedir sus permisos ya en España, sin obligarles a hacerlo en sus países de origen.

Hay también modificaciones en los visados para la búsqueda de empleo, una figura que aplica a hijos o nietos de españoles de origen o para determinadas ocupaciones y territorios. A partir de la entrada en vigor del nuevo reglamento, tendrán una vigencia de un año y no de los tres meses actuales.

El Gobierno de España lleva meses intentando neutralizar el creciente discurso de odio hacia los extranjeros en España y en Europa. Hace apenas cuatro días, el presidente Pedro Sánchez se encontraba en Bruselas defendiendo prácticamente en solitario una visión menos restrictiva de las migraciones: “La inmigración legal es una forma de financiar nuestras economías”, dijo durante la cumbre del Consejo Europeo. En cualquier caso, mientras se envenena el discurso sobre la inmigración en todo el mundo y la cuestión escala a primer problema para los españoles, según el CIS, los empresarios reclaman conductores, electricistas, obreros, camareras o cuidadoras de fuera porque no logran cubrir determinadas vacantes. “La política migratoria permite aliviar la presión que sufren ciertos sectores del mercado laboral en los que existe escasez de mano de obra [...]”, se lee en la memoria. Y añade: “Se espera que las innovaciones normativas que se proponen tengan un efecto positivo en el futuro a través del incremento del valor del capital humano disponible. La incorporación de personas trabajadoras extranjeras al mercado de trabajo debe favorecer un incremento de la competitividad de las empresas españolas en el mercado global”.

Migraciones ya está haciendo los últimos retoques del borrador tras el estudio de casi un centenar de propuestas presentadas en audiencia pública por abogados, organizaciones, comunidades autónomas, agentes económicos o los propios ciudadanos. Aunque el texto está prácticamente cerrado, antes de su aprobación en el Consejo de Ministros debe someterse al dictamen del Consejo de Estado, de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y de la Comisión General de Secretarios de Estado.