Con la venia, en euskera

El abogado Luix Barinagarrementeria fue sancionado en 1998 por un juez a una multa de 300.000 pesetas de multa (1.803 euros al cambio) por negarse a defender a un acusado en castellano con traducción al euskera una vez iniciado el proceso judicial. Un cuarto de siglo después, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha acordado ahora impulsar el uso del euskera en los juicios que se celebren en su jurisdicción. Es un proyecto “piloto” que arrancará con limitaciones y con una planti...

El abogado Luix Barinagarrementeria fue sancionado en 1998 por un juez a una multa de 300.000 pesetas de multa (1.803 euros al cambio) por negarse a defender a un acusado en castellano con traducción al euskera una vez iniciado el proceso judicial. Un cuarto de siglo después, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha acordado ahora impulsar el uso del euskera en los juicios que se celebren en su jurisdicción. Es un proyecto “piloto” que arrancará con limitaciones y con una plantilla muy reducida de jueces que están dispuestos a participar en esta iniciativa.

Hace escasas fechas, el lehendakari, Imanol Pradales, aprovechó la apertura del año judicial en Euskadi el pasado 9 de octubre para reclamar un cambio en la presencia del euskera en la administración de justicia para que se celebren juicios en esta lengua. “Todo ciudadano tiene derecho a ser atendido en euskera por la administración y es tarea de esta garantizar realmente ese derecho”, afirmó en presencia de jueces, fiscales, abogados y representantes del Consejo General del Poder Judicial, además del presidente del TSJPV, Iñaki Subijana.

“La pregunta es: ¿Alguien se imagina que no haya posibilidad de realizar un juicio en castellano? ¿Que un juez, abogado o fiscal no sepa castellano? La respuesta es no, por supuesto. Por lo tanto, ¿por qué debemos aceptar lo contrario en cuanto al euskera?”, se preguntó en ese acto. El lehendakari recordó ese día que la ley “nos obliga a ello” y a cambiar “la realidad” del euskera en el ámbito judicial.

El Tribunal Constitucional ha avalado, en una resolución de 2023, el uso de las lenguas cooficiales en los procesos judiciales, siempre que no produzca indefensión a alguna de las partes. La implantación del euskera en la administración de justicia es una tarea que entraña una “gran dificultad”, señala un miembro de la judicatura vasca, por los múltiples actores que intervienen en un proceso judicial: “Es muy difícil que todas las partes, desde jueces, fiscales, abogados hasta acusados o testigos puedan desenvolverse en euskera. Celebrar un juicio íntegramente [en esta lengua] es muy difícil, pero es necesario dar pasos en esa dirección”, señala.

El TSJPV cuenta en la actualidad con 12 jueces dispuestos a participar en esta iniciativa (nueve son titulares, una está en prácticas y dos juezas son sustitutas), aunque en la puesta en marcha de este proyecto experimental solo participarán siete jueces. En esta comunidad autónoma hay 224 jueces y magistrados (en total, 2.207 funcionarios de carrera) que en 2023 dictaron 66.931 sentencias, según recoge la memoria judicial referida al pasado ejercicio. El Consejo General del Poder Judicial cuenta con un listado con 45 jueces en toda España que tienen acreditado como mérito el conocimiento del euskera.

El plan para celebrar juicios en euskera (sin intérprete) arrancó en 2022 con un estudio dirigido por la vocalía de euskera e igualdad del alto tribunal vasco. Los actos orales en euskera excluirán a los órganos judiciales colegiados, por la dificultad de hacer coincidir en una sección a componentes que conozcan el euskera. Tampoco se llevará a cabo en procesos penales enjuiciados por un tribunal.

No podrán repartirse demandas a jueces interesados en enjuiciar en euskera, y se fija como limitación que “en ningún caso se podrán alterar las normas de reparto” de los casos ni introducir como criterio la celebración de la vista oral en euskera para derivar los asuntos a un juzgado o a otro. En el desarrollo de los juicios, las partes, testigos o peritos, podrán declarar en castellano con la intervención de un servicio de traducción simultánea.

El 43% de los empleados judiciales en el País Vasco no tienen acreditado ningún perfil lingüístico. Son muy pocos los que cuentan con un nivel de competencia lingüística suficiente para desenvolverse en su trabajo en euskera. El presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, vascoparlante, expresó en 2023 su voluntad de impulsar el uso de esta lengua en los juicios, pero este año no ha hecho ninguna alusión a este asunto en su discurso de apertura del año judicial. Desde que asumió el cargo en 2021 ha impulsado que se dieran avances en la normalización lingüística. El proyecto piloto que ahora ha aprobado la Sala de Gobierno del Superior vasco pretende aplicarse a lo largo de 2025.

EH Bildu ha sido muy crítico con este asunto, y ha acusado al PNV y al PSE-EE (socios en el Gobierno vasco) de negarse a garantizar el cumplimiento de los derechos lingüísticos en los órganos judiciales. “El euskera está ahogado en el ámbito de la justicia”, sostiene la parlamentaria Eraitz Saez de Egilaz, quien lamenta que el plan de normalización del euskera impulsado por el Ejecutivo autónomo en 2011 “apenas ha dado resultado”. “Han pasado 13 años y la situación es la misma. Los derechos de los castellanoparlantes están plenamente garantizados, pero para los euskaldunes la vulneración es sistemática”, lo que a su juicio supone “distinguir entre ciudadanos de primera y de segunda”.

En Galicia, la situación es algo mejor que la de Euskadi, aunque “se ha avanzado muy poco y hay dificultades” que impiden implantar el uso del gallego en los juzgados de aquella comunidad, según el magistrado Luis Villares, que sitúa en el 2,5% los jueces que trabajan en gallego. Solamente el 4% de las sentencias dictadas en Galicia se redactan en la lengua de aquella región, cuando aproximadamente la mitad de la población lo habla en su vida cotidiana.

Villares, con 19 años de ejercicio (de estos, un año y medio en el País Vasco), asegura que en Galicia “no hay ninguna directriz ni programa que anime a trabajar en gallego en la justicia”. Pese a que el 98% de los funcionarios judiciales “habla o entiende perfectamente el gallego”, añade el magistrado, el uso de esta lengua en los juicios es “residual” porque “hay una inercia histórica que favorece el castellano”. Y apostilla que el sistema informático de gestión procesal Minerva supone “un obstáculo para trabajar en gallego”. “Los que redactamos las sentencias en gallego lo hacemos por militancia y por un compromiso personal. Supone un 30% más de trabajo. Y la Xunta no hace nada por mejorar esto”, critica.

El fiscal del TSJG Carlos Varela despacha en gallego todos los asuntos en los que interviene. Forma parte de la Irmandade Xurídica Galega, que reúne todo el espectro jurídico ( jueces, fiscales, abogados del Estado, notarios, registradores, procuradores, abogados…) que “lentamente, casi por goteo” trata de avanzar en la implantación de su lengua en los procedimientos judiciales. “Todo lo que se hace es por un compromiso individual. Lo que falta es una voluntad política de querer avanzar en la normalización lingüística”, remarca.

El panorama en Cataluña es algo mejor, pero muy poco. En 2023 se redactaron en catalán 17.453 sentencias (el 6,8% del total), solo un 0,13% más que un año antes, según datos de la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). No hay medición de los actos orales celebrados en esa lengua, aunque es superior a la escrita en sentencias, autos y decretos. No obstante, añade el informe judicial, “es muy inferior a su uso cotidiano en otros ámbitos sociales”. El año pasado, 695 personas de diferentes cuerpos se inscribieron en cursos de catalán impulsados por el Departamento de Justicia, que también ofrece herramientas para traducir documentos al catalán, un portal con la legislación estatal más relevante trasladada a este idioma y cursos de lenguaje jurídico para el personal de justicia.