“Esto era mucho más difícil que los Presupuestos”

El abismo del naufragio de la legislatura estuvo realmente muy cerca esta semana. Tal vez más que nunca. Con Pedro Sánchez siguiendo la operación desde Brasil, donde participaba en el G-20, María Jesús Montero, ...

El abismo del naufragio de la legislatura estuvo realmente muy cerca esta semana. Tal vez más que nunca. Con Pedro Sánchez siguiendo la operación desde Brasil, donde participaba en el G-20, María Jesús Montero, la mujer más poderosa del Gobierno, tuvo que desplegar toda una obra de ingeniería negociadora con un grupo de personas coordinado por ella, casi todos hombres, que multiplicaron los contactos para impedir que cayera el paquete fiscal. Detrás de ese fracaso se iban por el desagüe unos 5.000 millones de euros en recaudación y otros 7.200 millones del quinto desembolso de los fondos europeos. Pero había una consecuencia aún más grave, de la que se ha hablado poco: la Comisión Europea iba a exigir a España que, si no era capaz de aumentar los ingresos, entonces tendría que comprometer un ajuste de gasto que implicaría recortes profundos. Un desastre completo que podía realmente hundir la legislatura.

El éxito final ha sido tan difícil de lograr que el Gobierno vive un momento de euforia que le hace pensar que ahora sí puede consolidar definitivamente la legislatura con la aprobación en los primeros meses de 2025 de las Cuentas. “Esto era mucho más difícil de pactar que los Presupuestos, si hemos podido poner de acuerdo a tantos grupos de ideologías diferentes sobre los impuestos, las Cuentas son factibles”, insisten varios miembros del Gobierno.

En medio de la euforia llegó el duro golpe de la declaración ante el juez del empresario Víctor de Aldama, que implica a varios dirigentes del PSOE y al equipo de la propia Montero en supuestos cobros ilegales de dinero, pero tanto Sánchez como los implicados trasladan una gran tranquilidad. Ya han iniciado los trámites para querellarse contra él todos los aludidos. En La Moncloa insisten en que no tiene ninguna credibilidad y no aporta ninguna prueba. Y el presidente incluso se burló: “¡Menuda inventada!”.

El desgaste político de este caso está por dilucidar, porque Aldama insiste en que profundizará en su denuncia. Nadie en el Ejecutivo niega su gran impacto mediático y el desánimo que puede generar entre los progresistas. El empresario ha aparecido retador con el presidente del Gobierno —“si tantas pruebas quiere [Sánchez], que no se preocupe que las tendrá”, llegó a decir—. Pero mientras el PP cree que la acusación del empresario acabará con el Gobierno de Sánchez, el presidente y su equipo cuentan con una gran ventaja política: ninguno de los socios ha dado credibilidad alguna a Aldama. Y los más sensibles, PNV y Junts, a los que apeló Alberto Núñez Feijóo para pactar una moción de censura, han despreciado abiertamente esa idea y han dejado claro que no quieren saber nada de un pacto con los populares.

Más bien al contrario, la mayoría parece haberse reforzado en una votación que llegó el jueves después de las declaraciones de Aldama, sin que estas cambiaran nada en sus acuerdos. Feijóo insiste en presionar a PNV y Junts, les dice que si siguen apoyando a Sánchez son “cómplices”, pero ellos no han dado muestras de alejarse del Gobierno, sino lo contrario: de quien se distancian cada vez más es del PP. “Muchos grupos han vivido este tipo de acusaciones sin pruebas, desde Podemos a Junts o ERC, y ahora se sienten solidarios con esta situación, nadie de la mayoría ha pedido dimisiones ni nada parecido”, resume un miembro del Gobierno. Mariano Rajoy cayó porque el PNV entendió que no podía seguir apoyándolo tras la sentencia del caso Gürtel. Ahora la situación es diferente y ni el PNV ni Junts creen a Aldama, ni hay ninguna decisión judicial de momento que implique a nadie más que a José Luis Ábalos. “Está perimetrado, se tomó la decisión de echar a Ábalos muy rápido y se ha cortado ahí”, insisten en el Gobierno, aunque en otros sectores del PSOE y de Sumar si hay inquietud por el desgaste que pueda suponer el goteo de acusaciones.

Antes de llegar este lunes a la votación del paquete fiscal, Montero llevaba un mes y medio intentándolo. Pero no había manera. Parecía imposible poner de acuerdo a la vez a grupos enfrentados ideológica y políticamente. Unos, Junts y PNV, querían eliminar los impuestos a las grandes energéticas. Otros, sus rivales de ERC y Bildu, querían mantenerlos e incluso subirlos. Mientras, Sumar y Podemos también rivalizan en casi todas las cuestiones, incluida la fiscal, y eso aumenta la complejidad.

El Gobierno ya tenía amarrado a Junts y PNV con un acuerdo para eliminar el impuesto a las grandes energéticas. Pero ERC, Bildu, BNG y Podemos se negaban a aceptarlo. Rápidamente se vio que el gran escollo era ERC. Pilar Vallugera, portavoz en la comisión de Hacienda, insistía ante sus interlocutores del Gobierno: antes del voto necesitaba una garantía de que habría un decreto para recuperar ese impuesto. Si luego Junts quería tumbar ese decreto, era su responsabilidad: que asumiera ese coste político de decirle a los ciudadanos que eran ellos los que tumbaban el impuesto. Pero ERC necesitaba eso antes de votar. Bildu y BNG la apoyaban. El PSOE insistía: primero votamos a favor y después negociamos la fórmula. Los socialistas no querían problemas de última hora con Junts. Vallugera aguantaba.

Los socialistas intentaron entonces una maniobra arriesgada: preguntaron al PP si, en caso extremo, estaría dispuesto a desgajar el dictamen para que al menos saliera la parte de la transposición de la directiva europea sobre el impuesto mínimo del 15% para las grandes empresas. El PP puso una condición imposible políticamente: que el PSOE retirara todas sus enmiendas para garantizar que no se aprobaría ninguna en el pleno del jueves, esto es que no habría pacto posterior para el paquete fiscal.

Todo caminaba hacia el fracaso. La tensión podía respirarse en la sala de la comisión de Hacienda. Carlos Moreno, mano derecha de Montero, estaba allí hablando con todos en nombre de su jefa. Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, también estaba allí conectado con Félix Bolaños, su jefe y siempre detrás de todas las negociaciones, sobre todo con ERC y con Podemos. Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, también estaba desde su despacho pendiente por si fallaba algo con Junts, que es su encargo habitual. Y José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente y facilitador habitual de gestiones para salvaguardar la mayoría, también estaba atento y hablando con todos para facilitar acuerdos. Pero era Montero quien dirigía y coordinaba todos los movimientos.

Montero hizo un último intento por teléfono con Vallugera.

—Pilar, por Dios, no puede caer el dictamen.

—No insistas, María Jesús. Si no hay un compromiso previo, votamos no.

La votación se tuvo que parar ante el riesgo de fracaso. Se votaron las enmiendas, pero Alejandro Soler, presidente de la comisión, del PSOE, forzó un largo receso para negociar antes de decidir sobre el dictamen. “A las 23.00 votamos”, dijo antes de desaparecer. Si caía, era el fin. Mientras el PP estaba cada vez más molesto, en la mayoría los diputados multiplicaban las llamadas, salían nerviosos a los pasillos, esperaban respuesta mientras fumaban.

Al final se llegó a un documento con el compromiso de hacer un decreto para recuperar el impuesto a las energéticas. Pero hubo un fallo logístico. Cuando aún no se había avisado a Junts de que saldría ese texto, hubo un malentendido y ERC, Bildu y BNG lo hicieron público antes de tiempo. Junts se enteró por los medios, se sintió traicionado y bloqueó todo. Carles Puigdemont amenazó con tumbar el dictamen. No podía hacerlo en comisión, donde su voto no era imprescindible, pero sí en pleno. Era un suicidio llevarlo al pleno del jueves sin tenerlo cerrado con ellos.

Ahí se formó rápidamente un gabinete de crisis. Mientras Soler desaparecía escondido en un despacho y no contestaba a las llamadas, lo que impedía que la comisión se reanudase ―había anunciado el voto a las 23.00 y no reapareció hasta las 00.40― para enfado del PP, el Gobierno y Junts improvisaron una videoconferencia. Por el PSOE estaban María Jesús Montero, Santos Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero. Por Junts, Puigdemont, que se incorporó más tarde, Jordi Turull y Miriam Nogueras. Después de casi una hora, Montero y Puigdemont desbloquearon el asunto: Hacienda se comprometía a enviar un comunicado garantizando que el pacto con Junts sobre el impuesto a las energéticas se mantenía. Se publicó justo después de la votación, para evitar más problemas ante una reacción de otros socios. Al final Junts estaba satisfecho, y ERC, BNG y Bildu también.

El mensaje político era muy relevante. El Gobierno había logrado poner de acuerdo en el tema más delicado posible a rivales políticos con ideologías opuestas. ¿Por qué? Porque en el fondo, explican muchos de los dirigentes consultados, hay una voluntad de que la legislatura siga adelante y porque la idea alternativa, la de que todo caiga y se abra paso a un Gobierno PP-Vox, genera un rechazo enorme en todos, incluido Junts y PNV, los socios a los que apela Feijóo en todo momento y hasta ahora sin ningún éxito.

Aún faltaba Podemos para la votación en pleno el jueves. Ahí fue clave Félix Bolaños, interlocutor habitual de Ione Belarra desde que ambos estaban juntos en el Gobierno. El miércoles negociaron todo el día y aún por la noche, pero no había acuerdo. Podemos exigía que Junts aceptara el impuesto a las energéticas, algo inviable. Bolaños les ofrecía avances en otras cuestiones importantes para ellos, en política social, pero Belarra insistía que tenía que haber un giro en el impuesto a las energéticas. Al final, en la mañana del jueves, después de una reunión en el Congreso entre Bolaños y Belarra, hubo acuerdo: Podemos pasaba al sí a cambio de una comisión en la que estará Junts y PNV para tratar de negociar un impuesto sobre las energéticas, aunque sea suavizado, con desgravaciones casi totales para la inversión en descarbonización. Y si no hay acuerdo, se irá al decreto pactado con ERC, BNG y Bildu.

Montero mantuvo informado de todos estos movimientos a Junts, para que no pasara lo mismo que el lunes. Y salió públicamente a tranquilizar a ERC al asegurar que el Gobierno iba a cumplir con todos los acuerdos que había sellado, por tanto incluido el que tenía con los republicanos. Miriam Nogueras se reunió con la vicepresidenta en el Congreso y le trasladó que no había problema. Ellos aceptaban la fórmula porque entienden que no cambia el pacto que tienen con el PSOE para “no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversiones para la descarbonización”. Sánchez llegó eufórico a la zona de Gobierno en el Congreso. “Hemos salvado dos match point en una semana, el de Teresa Ribera en Bruselas y el del pacto fiscal”, resume un ministro. El presidente incluso bromeó con los suyos sobre Aldama. Para él, explican en su entorno, lo importante es que la mayoría se ha mantenido de nuevo y hay legislatura para rato. Así salió a los medios, con tono eufórico.

Montero y su equipo negociador habían cuadrado el círculo: toda la mayoría votaba de nuevo a favor de una ley decisiva. La sombra de Aldama y su explosiva declaración, que se produjo casi a la vez que el remate de la negociación más importante de los últimos meses, enrareció el ambiente en el Congreso.

La oposición está convencida de que esto es el principio del fin de Sánchez. No creen que pueda sobrevivir a una denuncia en cadena de un empresario aparentemente dispuesto a todo contra la cúpula del PSOE.

Pero el Gobierno y sus socios trabajan ya en un sentido muy diferente. Esta semana se va a votar en el Congreso al nuevo presidente de RTVE: con toda probabilidad saldrá elegido José Pablo López en segunda votación, con mayoría absoluta. De nuevo, la mayoría mostrará su unidad en una votación clave. El miércoles Sánchez comparecerá para hablar de la dana, aunque es probable que el PP y Vox la giren hacia un monográfico sobre Aldama. El jueves habrá un nuevo Consejo de Ministros con más ayudas, y el viernes empieza el Congreso del PSOE, donde no está prevista una gran revolución y sobre todo parece que Santos Cerdán, el puesto clave, seguirá como secretario de organización tras las acusaciones de Aldama, que él niega categóricamente. “Nunca he estado con este señor, que geolocalicen los móviles a ver si he estado con él”, llegó a decir después de que el empresario sostuviera que le dio 15.000 euros en un sobre. Y también habrá congreso de ERC ese fin de semana.

A partir de ahí, Montero y los demás negociadores se pondrán ya a tope en la nueva negociación: la senda de déficit, para arrancar ya en 2025 con los Presupuestos, que ahora ven en el Gobierno como mucho más factibles. Mientras la oposición ve al Gobierno de Sánchez en sus estertores, La Moncloa trabaja para consolidarlo y garantizar otros tres años de legislatura. En pocas semanas se sabrá quién de los dos tiene razón.