PP y PSOE se juegan al elector moderado con sus cesiones a Vox y Junts

“Pelele del separatismo” y “florero” han llamado los populares esta semana al presidente del Gobierno por el pacto entre el PSOE y Junts para delegar competencias de inmigración a Cataluña. Derecha “tutelada”, “sometida”, “cómplice” de los extremistas dice, por su parte, Pedro Sánchez para referirse a los acuerdos entre el PP y Vox. En la eterna batalla política por quién impone...

“Pelele del separatismo” y “florero” han llamado los populares esta semana al presidente del Gobierno por el pacto entre el PSOE y Junts para delegar competencias de inmigración a Cataluña. Derecha “tutelada”, “sometida”, “cómplice” de los extremistas dice, por su parte, Pedro Sánchez para referirse a los acuerdos entre el PP y Vox. En la eterna batalla política por quién impone su relato, el partido de Alberto Núñez Feijóo explota las cesiones del líder socialista a Junts y ERC, mientras Sánchez lo hace con las de Feijóo a Santiago Abascal. El Tribunal Constitucional, que ha recibido recursos de la izquierda y la derecha contra buena parte de las leyes y medidas derivadas de esos pactos, tendrá la última palabra, pero, ¿cuál es el límite entre el acuerdo o normal negociación entre los representantes públicos y la traición al programa electoral y al ideario del partido? ¿A qué formación perjudican más? ¿Qué electorado es más sensible a los célebres “cambios de opinión”?

“La única garantía”, recuerda el politólogo Pablo Simón, “de un partido para poder cumplir el 100% de su programa electoral es tener mayoría absoluta”. “En el momento en que no es así, tienes que transaccionar con otros”, añade. Cualquier pacto político, señala Paco Camas, director de investigación de opinión pública en Ipsos, “implica una cesión y todos los partidos que han gobernado han tenido que ceder”. “La política está hecha para decepcionar porque tiene mucho de contingencia, de adaptarse a las circunstancias”, explica.

Pero la interpretación que el votante haga de esos pactos puede derivar o no en una penalización electoral. La socióloga Belén Barreiro, directora del Instituto 40dB. y expresidenta del CIS, explica: “Las cesiones del PP a Vox no tienen menos coste que las de la izquierda a los independentistas. En ambos casos, los costes se centran en el electorado de bajo perfil ideológico, que se declara de centro o dice no tener ideología, que es un porcentaje importante de la población. El núcleo duro no se pierde, pero precisamente lo que determina en unas elecciones que la victoria caiga de un lado o de otro es la movilización y qué hacen los indecisos”.

Hay ejemplos de cesiones a ambos lados, pero el daño que provoquen en el voto lo va a determinar el asunto del que trate el pacto y la capacidad para explicarlo. “En los programas electorales —prosigue Simón— hay temas nucleares y periféricos, en función del ADN ideológico. La amnistía es un tema nuclear para el electorado independentista, pero para el de izquierdas no es tan relevante. Si Junts pidiera y Sánchez accediera, por ejemplo, a bajar los impuestos a los ricos, el coste sería mayor. El asunto de la inmigración también es más sensible porque la narrativa del PSOE se construye en torno a la idea de cortar el paso a la extrema derecha porque es racista, y conceder algo en esta materia a Junts, que es identificado como partido racista o que tiene tintes xenófobos para competir con Aliança Catalana, que seguro sí lo es, es más sensible para su electorado. En el caso del PP, que ceda ante Vox en la derogación de las leyes de memoria es irrelevante para su votante, pero cuando Juan García-Gallardo quiso modificar el acceso al aborto en Castilla y León, se negaron porque saben que tienen un electorado femenino importante. La derecha sufre cuando hace concesiones a la extrema derecha en materia de género”. La socióloga Cristina Monge llama a esto el “perímetro de seguridad” de los partidos: “La dificultad consiste en llegar a un punto de encuentro donde todos los que acuerdan se sientan suficientemente cómodos y suficientemente incómodos, sabiendo que no es su propuesta, pero sin violentar a su electorado. El PP pasa ese perímetro cuando hace suyas políticas de la extrema derecha, recortando partidas que tienen que ver con la cooperación al desarrollo, atención a personas migrantes o a mujeres maltratadas que antes no cuestionaban. Y el PSOE lo hace en este último pacto porque compra el marco ideológico a la derecha de control de fronteras y criminalización de la inmigración”.

La “delegación” de competencias de inmigración

La proposición de ley orgánica registrada por el PSOE y Junts para la “delegación” a Cataluña de “competencias estatales en materia de inmigración”, cuya aprobación está pendiente de un complicado trámite parlamentario —Podemos y Compromís se oponen—, establece que la Generalitat, ahora presidida por un socialista, tendrá “las facultades de control de frontera relativas a la ejecución de la normativa del Estado sobre devolución de personas extranjeras” en el territorio, “en colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad”, así como la propuesta de expulsión en el resto de casos; el control del centro de internamiento de inmigrantes y los permisos de residencia. El Gobierno lo había descartado hasta ahora. “Las materias vinculadas con la expulsión de los migrantes están residenciadas en la Administración General del Estado”, declaró Sánchez hace un año. “Las competencias en materia de fronteras e inmigración irregular”, había afirmado la ministra portavoz, Pilar Alegría, “son exclusivas de la Administración General del Estado”. También el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había asegurado en el Congreso que no eran susceptibles de “ser transferidas o delegadas”.

Firmada la proposición de ley, el Gobierno y Junts interpretan el texto de manera diferente. El Ejecutivo sostiene que el pacto es constitucional porque, aunque el artículo 149 señala que la inmigración y el control de fronteras son competencias exclusivas del Estado, el 150.2 permite delegarlas, que no transferirlas, lo que implica que se podrían recuperar en caso de conflicto. Junts asegura que esa delegación es “integral”. El partido de Carles Puigdemont tiene un discurso sobre inmigración radicalmente opuesto al de la izquierda. Reivindicando la capacidad de expulsar a inmigrantes reincidentes, el secretario general, Jordi Turull, llegó a incluir a los que llevaban “ocho generaciones” en Cataluña, y la formación quiere fijar ahora por ley el grado de “catalanidad” para poder acceder a los permisos de residencia y trabajo.

No es la primera vez que el Ejecutivo de Sánchez accede a las pretensiones de sus socios de investidura con pactos que implican hacer lo contrario de lo que había dicho, como ocurrió con la amnistía del procés, pero esta vez puede hacer más daño al PSOE, según los expertos consultados. Paco Camas, de Ipsos, recuerda cómo las encuestas mostraron un efecto “reactivo” del electorado socialista a la reforma de los delitos de sedición y malversación en 2022: “Hubo quien se refugió en la indecisión o la abstención e incluso una fuga importante de votos al PP. Los acuerdos con Vox también suelen perjudicar al PP, pero de un modo diferente desde que desapareció Ciudadanos, porque como la prioridad para ese electorado es echar a Sánchez, todo lo demás se vuelve secundario, en la oposición no es un elemento suficientemente desmovilizador. Otra cosa es en el Gobierno, como le ocurrió a Mariano Rajoy, cuya gestión de la cuestión catalana terminó costándole una escisión, Vox, y hasta hoy”.

El giro de Feijóo

El PP ha endurecido su discurso para recuperar a un votante que era suyo antes de la escisión en un nuevo partido de su ala más dura. Feijóo, que desde la Xunta criticaba a Pablo Casado por arrimarse demasiado a la extrema derecha —“No hemos sabido decirle a la gente que el PP no tiene nada que ver con Vox. A veces hemos cometido algún giro que parecía que íbamos a hacer un gobierno con Vox y eso ha preocupado a mucha gente”, decía—, bendijo las alianzas con Abascal cuando, ya como líder del partido, las necesitó para garantizarse poder territorial.

De las 11 comunidades que preside el PP, solo en cuatro lo hace con mayoría absoluta, obedeciendo a un único programa. Si la fotografía que mejor resume la debilidad parlamentaria es, en el caso de los socialistas, la de las negociaciones en Bruselas con Puigdemont, en el caso del PP es la del acuerdo de Extremadura entre Vox y la popular María Guardiola, quien se resistió a pactar con el argumento de que no podía dejar entrar en su Gobierno a quien “niega la violencia machista, deshumaniza a los inmigrantes y tira a la papelera la bandera LGTBI” y unas semanas después, describía a ese mismo partido como “un socio fiable”. Cuando Vox, que no el PP, rompió el pasado verano las coaliciones de gobierno autonómicas, Guardiola se desentendió de las obligaciones del pacto previo, como la derogación de la ley de memoria regional para sustituirla por otra llamada “de concordia”. “Estamos aplicando la legislación actual”, afirmaban desde la Junta, “y vamos a seguir trabajando por la memoria de las personas que fueron asesinadas por sus ideas o por su vinculación política”. El proyecto quedó enterrado hasta que el PP necesitó recientemente los votos de Vox para una serie de medidas fiscales y accedió a derogar la ley de memoria para sustituirla por otra que, según dice ahora el consejero de presidencia, Abel Bautista, “evite el enfrentamiento, el revanchismo, los bandos y las cuestiones ideológicas”, adoptando al 100% el argumentario de Vox sobre la materia.

En la Comunidad Valenciana, el PP cedió a Vox, que niega el cambio climático, la presidencia de la comisión de investigación sobre la dana. En el Ayuntamiento de Alicante ha accedido a quitar las partidas destinadas a igualdad, que según Vox son “gastos superfluos y derroche de propaganda feminista”, para aprobar los presupuestos, así como a la eliminación de sanciones a los vehículos contaminantes que circulen por la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Los populares han adoptado el ideario de la extrema derecha en Sevilla para sacar adelante las cuentas municipales, reduciendo las partidas destinadas a igualdad, violencia machista o atención a los migrantes y suscribiendo convenios con una asociación antiabortista. También en Valladolid y Zaragoza se firmaron convenios con la fundación Red Madre. En un acto con la consejera de políticas sociales del Consistorio zaragozano, del PP, la presidenta en la ciudad de esta fundación, Rosa María Marquina, declaró: “Hoy por hoy, los que están aportando más nacimientos no son las mamás españolas, son las mamás que llegan a España. Les pediría que se piense muchísimo en esos bebés que nacen en España porque si no se les ayuda para tener un futuro mejor, lo que vamos a tener es un aumento de quinquis, de pandilleros y que hagan sus guetos. Son niños que se están perdiendo [...], que van a crecer y van a ser un aumento de delincuencia para este país”.

En Burgos, el PP aceptó en un primer momento la exigencia de Vox de eliminar las ayudas a todas las ONG que asisten a inmigrantes salvo Cáritas a cambio del apoyo de la extrema derecha a los presupuestos. Al enterarse, Cáritas anunció que renunciaba a esas ayudas si no las percibían también el resto de organizaciones. Ante el revuelo generado, la alcaldesa popular, Cristina Ayala, dio marcha atrás. En Ciudad Real, el PP rompió el acuerdo de gobierno con Vox tras no ceder a las presiones para retirar un cuadernillo de colorear que muestra diversos tipos de familia —incluidas las formadas por personas del mismo sexo— y que se entrega como obsequio a los escolares que visitan el Consistorio. En Santa Cruz de Bezana (Cantabria), la coalición PP-Vox impidió, como ya habían hecho antes las autoridades de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Kuwait, la exhibición de la película infantil Lightyear, donde hay una escena de un beso entre dos mujeres.

En los pactos de gobierno tras las elecciones autonómicas de mayo de 2023, el PP asumió buena parte del catecismo de Vox en materia de memoria, redujo subvenciones a sindicatos y ONG para aumentar las de la caza y la tauromaquia y aceptó, en algunos casos, el concepto de violencia “intrafamiliar” en lugar de “machista”. Financial Times atribuyó a esos primeros acuerdos que Feijóo no lograra una mayoría suficiente para gobernar: “El PP y los radicales de Vox suministraron ejemplos reales de cómo funcionaría esa coalición y a un número crucial de votantes no les gustó lo que vieron”. Citaban la prohibición de las banderas LGTBI, el negacionismo climático, la censura cultural y la actitud ante la violencia machista. El propio portavoz del PP, Borja Sémper, atribuyó entonces a “gestos estrambóticos y frikis” de quien aspiraba a ser su “socio de gobierno” que muchos de los que pensaban votarles no lo hicieran “ante el riesgo de que Vox pudiera condicionar la política española”.

“Por todo esto”, concluye Pablo Simón, “y aunque suene paradójico, los partidos tienen más fácil pactar con las formaciones con las que comparten potencialmente menos electorado y por eso tradicionalmente el PP y el PSOE han preferido pactar con nacionalistas o regionalistas”. Felipe González y José María Aznar pactaron con CiU y el PNV. Finalmente, advierte el politólogo, siempre está presente el riesgo de perder credibilidad, “que es lo que más desgasta y lo que hace que activar electoralmente en campaña al sector menos ideologizado sea más difícil”.