Las cárceles rechazan enviar a casa a los presos del ‘procés’ por la pandemia
El Govern dice que la decisión se produce por las “amenazas” del Supremo a los funcionarios
Las cárceles catalanas han descartado que los políticos encarcelados por el procés pasen el confinamiento en casa. El Departamento de Justicia había pedido a los directores de los centros penitenciarios que, ante la pandemia, analizaran la posibilidad de que los presos que se benefician del artículo 100.2 del reglamento -que permite salidas diarias para trabajar, hacer voluntariado o cuidar a familiares- pasaran la emergencia en sus domicilios. Al conocer la iniciativa,...
Las cárceles catalanas han descartado que los políticos encarcelados por el procés pasen el confinamiento en casa. El Departamento de Justicia había pedido a los directores de los centros penitenciarios que, ante la pandemia, analizaran la posibilidad de que los presos que se benefician del artículo 100.2 del reglamento -que permite salidas diarias para trabajar, hacer voluntariado o cuidar a familiares- pasaran la emergencia en sus domicilios. Al conocer la iniciativa, el Tribunal Supremo advirtió de que actuaría por un delito de prevaricación contra los funcionarios que así lo acordaran. La Generalitat explica que esas “amenazas y coacciones” del tribunal han llevado a las juntas de tratamiento de las cárceles -órganos técnicos formados por profesionales- a descartar la medida.
“Las juntas han de poder trabajar sin amenazas ni coacciones. El Supremo ha querido condicionar su decisión. Es inaudito y vergonzoso, impropio de un Estado de derecho”, opina la consejera Ester Capella, que ha insistido en que su departamento estará “siempre al lado de los trabajadores públicos”. Las juntas de tratamiento, en cambio, sí han acordado el confinamiento domiciliario de un total de 15 internos que cumplen en segundo grado pero con los beneficios del 100.2, lo que supone un 15% del total.
Justicia insiste en que ha abierto esa posibilidad inédita ante una “emergencia sin precedentes”. La Generalitat argumenta que, cuanta menos gente haya en las prisiones, menor será el riesgo de contagio. Por eso la consejera Capella llamó a los directores de las cárceles para que analizaran la situación de los presos a los que se aplica el artículo 100.2. Ese es el caso de los dirigentes independentistas condenados por un delito de sedición. Hasta el estallido de la emergencia sanitaria, todos ellos disfrutaban de salidas (por lo general, de lunes a viernes) para trabajar, hacer voluntariado o cuidar a familiares.
Tras las advertencias del Supremo, sin embargo, ninguno de ellos disfrutará el confinamiento en casa. Las juntas de las cárceles donde permanecen ingresados (Lledoners, Mas d’Enric y Puig de les Basses) “no han aprobado” ningún confinamiento penitenciario, ni de los políticos encarcelados ni del resto. El Departamento de Justicia lamenta que el Supremo se haya pronunciado sobre los políticos encarcelados y no sobre el resto y que haya advertido a los funcionarios con una respuesta penal a una decisión que aún no habían adoptado.
El Tribunal Supremo vio en la iniciativa del Govern una maniobra para beneficiar a los políticos independentistas a costa de la crisis sanitaria. Fuentes del tribunal detallaron que la medida planteada incumple la legislación penitenciaria, que en ningún caso contempla que los presos que se benefician de la aplicación del 100.2 puedan pernoctar en sus casas.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, denunció la “crueldad” que supone que los políticos catalanes no puedan pasar el confinamiento en casa. “No sé por qué tanta crueldad, no sé por qué tanta injusticia y amenazas. Jordi, querido amigos, como los otros compañeros, no entiendo cómo se puede haber endurecido tanto el corazón de los hombres”, dijo en un tuit dirigido al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, uno de los encarcelados. En otra publicación, su antecesor en el cargo Carles Puigdemont criticó que no se atienda la instrucción e la ONU de liberar a presos durante la cuarentena. “Deben ser excarcelados, no por capricho ni ningún favor, sino porque se siguen las órdenes de la UNO en materia de derechos humanos”.