Las salas de conciertos catalanas afrontan un final de año agónico
La irrupción de fondos de inversión y compradores oportunistas puede cambiar el panorama musical de Barcelona
Cerradas desde marzo, las salas de conciertos catalanas afrontan meses determinantes. La gran mayoría de las mismas tienen el final de año como límite de resistencia, según una encuesta interna de l’Associació de Sales de Concert de Catalunya, y ya ha habido unas jornadas sobre cómo gestionar concursos de acreedores. Lluís Torrents, gerente de Razzmatazz, explica que “la situación es devastadora, con empresarios endeudándose para afrontar gast...
Cerradas desde marzo, las salas de conciertos catalanas afrontan meses determinantes. La gran mayoría de las mismas tienen el final de año como límite de resistencia, según una encuesta interna de l’Associació de Sales de Concert de Catalunya, y ya ha habido unas jornadas sobre cómo gestionar concursos de acreedores. Lluís Torrents, gerente de Razzmatazz, explica que “la situación es devastadora, con empresarios endeudándose para afrontar gastos fijos sin tener ingreso alguno y con la incertidumbre de cómo y cuándo podrán volver a trabajar”. Ante esa realidad de fragilidad, ya han comenzado los movimientos de los fondos de inversión dispuestos a comprar a bajo precio salas en situación angustiosa.
El impacto en el tejido cultural puede ser irreparable, ya que en Barcelona no se conceden licencias para este tipo de negocios, con lo que sala cerrada es sinónimo de licencia perdida. Alberto Guijarro, director de la sala Apolo, ya ha sido contactado, aunque por el momento la venta no entra en sus planes: “Aunque todo tiene un límite y si esto sigue así puede llegar un momento insostenible”. Ese momento podría ser febrero, cuando la sala, que ya se ha endeudado con el ICO con un millón y medio de euros, “evaluará si puede seguir endeudándose sin que existan perspectivas de recuperación de la actividad o un rescate por parte de la administración”, indica Guijarro.
A todo esto, la sala Abaixadors, otra del grupo, ya está en venta. Joan Mas también ha recibido ofertas por Jamboree, “hay algunos compradores, de esos que van a lo grande, que querían comprar la sala y el edificio, creyendo que era de mi propiedad. Las ofertas son ridículas, pues solo te ofrecen pagar la deuda y darte algo de calderilla”, asegura. Para Torrents la situación es de extrema gravedad, pues el desembarco de inversores supondría la muerte de la música en directo “estos fondos buscan rentabilidad inmediata, cambiaría el perfil del ocio convirtiendo las noches en desfiles de botellas magnum de champán con destino a privados exclusivos o bien discotecas masificadas, pero el concierto, actividad poco rentable que suele organizarse vocacionalmente, desaparecería”.
La sala Sidecar también ha recibido una oferta, en su caso de un particular, cuyo importe era “un verdadero insulto”, según calificación de Roberto Tierz, su propietario, que fija en diciembre la fecha límite antes del concurso de acreedores. “Tenemos 16 personas en ERTE, seguimos afrontando gastos fijos y hemos de aguantar campañas como la del Ministerio de Cultura, que nos sigue haciendo responsables de los contagios cuando estamos cerrados desde marzo: es indignante”, dice conteniendo a duras penas palabras de mayor calibre. En parecidos términos se expresa Torrents, cuya sala, Razzmatazz, tiene unos gastos fijos de 130.000 euros mensuales y una plantilla de 130 personas: “nuestra empresa está saneada y en principio podemos resistir más allá del próximo verano, pero muchos empresarios se están planteando para qué sirve aguantar si cada día que pasa te endeudas más y la administración sigue sin implicarse. De postre comprobamos que las autoridades no acaban de comprender el calado del problema, vamos hacia un desierto cultural mientras en otros países de Europa ya hay ayudas para la música en vivo”.
En el sector no convencen las medidas sugeridas por la administración y aseguran que no soluciona el problema “abrir con aforo reducido y mesas y sillas en pista porque eso nos hace perder más dinero, pues al sacar del ERTE a algunos trabajadores pierdes la bonificación y pagarías aún más a la seguridad social”, dice Torrents.
La sala Apolo tomará una decisión la semana que viene. Según Guijarro, tiene 120.000 euros de gastos fijos mensuales. Opina también que “la cuestión es que si lo hacemos [abrir con el aforo reducido] la administración creerá que el problema está resuelto, que ya hay actividad, cuando perderíamos aún más dinero, pero por otro, pensamos en la responsabilidad social y quizás si ahora abrimos con un 20%, más adelante se vaya ampliando el aforo. No sé qué haremos, la verdad. Sé que nos cabrían unas 250 personas en la sala grande”. Los conciertos serían, en todo caso, con artistas nacionales, “las giras internacionales ya están desplazadas al otoño del año que viene”.
Para el propietario de la sala Sidecar, “el problema es que las decisiones las toman personas que no conocen el sector y encima no nos consultan. Si abres con sillas necesitas casi más personal de barra, porque el público ha de ser atendido en su localidad, amén de que para garantizar las normas haría falta más personal de seguridad”. Para él hay tres opciones: “O abrimos, o nos rescatan o cerramos”. De momento l’Associació d’Amics de la Plaça Reial presentará el lunes en el ayuntamiento un proyecto para hacer conciertos gratuitos, al aire libre y aforo limitado todos los días del año.
Test rápidos
Tanto para salas como para festivales de verano, otro melón por abrir, la única ventana abierta son los test rápidos, cuyas pruebas se realizarán en octubre en Apolo fruto de la colaboración del Primavera Sound y el equipo del doctor Bonaventura Clotet, del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol.
En este momento es la única solución viable desde el ámbito sanitario, porque en el político, ASSAC ya está negociando en una mesa sectorial, que por fin parece ponerse en marcha, como señala Carmen Zapata, gerente de ASSAC, en la que “proponemos parar la sangría de gastos fijos mientras duren los cierres”.