El nuevo Govern catalán se estrena con medidas sociales poscovid
El ‘president’ Aragonès encargará un plan de choque de salud mental
El nuevo Govern se estrena este miércoles con la toma de posesión de los 14 consejeros y la primera reunión del Consell Executiu. Tras el simbolismo de la ceremonia del lunes, donde el protagonismo recayó en los trabajadores de servicios esenciales (representados en un grupo de médicas y enfermeras, entre otras), el martes el president Pere Aragonès visitó el Hospital Parc Taulí de Sabadell y anunció...
El nuevo Govern se estrena este miércoles con la toma de posesión de los 14 consejeros y la primera reunión del Consell Executiu. Tras el simbolismo de la ceremonia del lunes, donde el protagonismo recayó en los trabajadores de servicios esenciales (representados en un grupo de médicas y enfermeras, entre otras), el martes el president Pere Aragonès visitó el Hospital Parc Taulí de Sabadell y anunció la puesta en marcha de un plan de salud mental, un área que arrastra carencias históricas y cuya demanda ha crecido por la pandemia. Sobre la mesa también está “el rescate social” pactado con Junts y que tiene 700 millones de euros de presupuesto.
El primer día hábil del president recogió todos los retos y dificultades a los que el nuevo Ejecutivo se tendrá que enfrentar. Tras los simbolismos de la toma de posesión y los guiños feministas, el equipo de Aragonès quiso transmitir la imagen de que ya está manos a la obra. El sitio elegido para su primer acto oficial fue precisamente esa visita al Servicio de Salud Mental para niños y jóvenes del Hospital Parc Taulí. Por la tarde visitó a los líderes independentistas presos por la sentencia del Tribunal Supremo del procés.
Las voces de expertos alertando de las secuelas en la salud mental por la pandemia —y las quejas por el descuido en esa área— han puesto el tema en la agenda y Aragonès llegó a Sabadell con un anuncio sin muchas concreciones. El primer encargo a los departamentos de Salud, Educación y Derechos Sociales será la redacción de un plan de choque asistencial, enfocado en “los jóvenes y en los colectivos más vulnerables”. La dotación presupuestaria se conocerá “en las próximas semanas”.
El encargo muy posiblemente se debatirá en la primera reunión del Consell Executiu. Junts y ERC pactaron entre sus prioridades la puesta en marcha de un programa de rescate social, con una inversión de 700 millones de euros, y que busca fomentar, entre otros, la ocupación en jóvenes, mayores de 45 años y la reducción de listas de espera en dependencia. Es una idea defendida en campaña por los republicanos y que en el acuerdo con su socio de gobierno se le añade la coletilla de “movilización inmediata de recursos”.
Los trabajos están muy adelantados y, por tanto, las medidas sociales poscovid tienen números para ser las primeras salir adelante. Todo se había cocinado en los departamentos de Economía y Asuntos Sociales, que eran de ERC. Ahora ambos están bajo el dominio de Junts. Posiblemente una prueba para un Govern obligado a mostrar coordinación.
El anuncio del plan de choque en salud mental, aunque gaseoso, es una declaración de intenciones en un Ejecutivo que, de momento, parece estar especialmente preocupado por la imagen. Las tradicionales alfombras que se usan en las recepciones del Palau fueron cambiadas, en la toma de posesión, por una hecha de fibras naturales. El mensaje está claro y la incógnita es la ejecución.
El plan de salud mental, sin embargo, quedó deslucido por la noticia del desahucio de un piso del llamado Bloque Llavors, uno de los emblemas del movimiento por la vivienda de Barcelona. Según los Mossos, el martes hubo un total de 15 diligencias de este tipo en toda Cataluña. La resistencia vecinal con que se afrontan los desahucios tuvo el componente adicional de la llegada de la “Generalitat republicana”.
La actuación de la Brigada Móvil de los Mossos, siempre en el foco en casos como este, le sirvió de munición a la CUP para estrenarse en el papel de socio externo exigente. El acuerdo de investidura entre ambos contemplaba excluir a las unidades de orden público de los desahucios. En ERC ven injusto que no se haya ni dejado llegar a Joan Ignasi Elena a su nueva silla de consejero de Interior, ni plantear su reforma del protocolo de atención de estos casos, para criticarles directamente. El PSC ya anunció que no dará los tradicionales 100 días de gracia. Aragonès sabe que le estarán vigilando muy de cerca por ambos lados.