El PSC cuestiona la legalidad del fondo de la Generalitat para avalar las multas del Tribunal de Cuentas
Los socialistas catalanes solicitan un dictamen jurídico al Consejo de Garantías Estatutarias y avisan que la última palabra la tendrá el Gobierno central
El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) dio este viernes un primer paso hacia un posible recurso contra el fondo económico que la Generalitat ha creado para avalar a los 34 ex altos cargos sancionados por el Tribunal de Cuentas. El PSC elevó la cuestión al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), un organismo consultivo dependiente de la Generalitat que emite dictámenes jurídicos sobre el encaje en ...
El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) dio este viernes un primer paso hacia un posible recurso contra el fondo económico que la Generalitat ha creado para avalar a los 34 ex altos cargos sancionados por el Tribunal de Cuentas. El PSC elevó la cuestión al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), un organismo consultivo dependiente de la Generalitat que emite dictámenes jurídicos sobre el encaje en la Constitución y en el Estatuto de autonomía de las leyes del parlamento, de los decretos del Ejecutivo catalán pero también del Gobierno central.
La Generalitat aprobó esta semana la creación de un fondo de 10 de millones de euros concebido para avalar a los sancionados por el Tribunal de Cuentas, con multas que suman 5,4 millones por considerarlos responsables de un gasto indebido de dinero público en propaganda internacional a favor de la independencia. Este fondo se presenta como una herramienta para todos los funcionarios de la Generalitat que por su trabajo tengan que asumir “obligaciones legales que se les reclamen en un proceso judicial o administrativo, por acciones que hayan llevado a cabo en ejercicio de su cargo o de sus funciones, y que no queden cubiertas por las pólizas de seguros de responsabilidad civil, patrimonial y contable que ya tiene suscritas la Generalitat de Cataluña con esta finalidad”.
Una duda que el PSC esgrime ante el CGE es si el decreto ley del Ejecutivo catalán para tirar adelante con el fondo está justificado por el nivel de urgencia necesaria que exige la Constitución para estos procedimientos; otra cuestión que plantean los socialistas es que el fondo está esencialmente diseñado para beneficiar a los sancionados por el Tribunal de Cuentas a raíz del proceso de independencia: “Bajo la apariencia de una norma de carácter general puede que nos encontremos, en verdad, ante una ley singular o de caso único, y que no existe una urgencia extraordinaria que justifique desvirtuar la potestad legislativa ordinaria”.
Salvador Illa, secretario de organización del PSC y jefe de la oposición en la Cámara Catalana, subrayó este viernes en Catalunya Ràdio que será el Gobierno central quien decida si el fondo de la Generalitat “se ajusta a la legalidad o no”: “Nosotros debemos convalidarlo en el Parlamento. Creo que tiene muchos elementos que se ajustan a la legalidad, y otros que no. Hay que aclararlo”. Illa insistió en que cualquier recurso de inconstitucionalidad será una decisión del Gobierno de Pedro Sánchez.
El Ejecutivo central y la Generalitat han iniciado contactos sobre esta cuestión, según avanzó el pasado jueves EL PAÍS. Se trataría de un intercambio de valoraciones para dilucidar de qué manera el decreto ley para la creación de este fondo de avales puede evitar ser recurrido ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno tiene en sus manos la posibilidad de presentar un recurso de anticonstitucionalidad que suspende de inmediato la validez del decreto ley. Los socialistas consideran que las multas del Tribunal de Cuentas son un obstáculo en la nueva fase de diálogo para encontrar una solución al conflicto político derivado de las demandas del independentismo catalán.