La Generalitat pagará el alquiler de familias a punto de ser desahuciadas
La Administración pone en funcionamiento una medida para llegar a acuerdos con los propietarios de los pisos
La Generalitat ha anunciado este miércoles que ante la falta de pisos para acoger a las familias desahuciadas, a partir de septiembre comenzará a negociar con los propietarios de los inmuebles que estén a punto de desalojar a inquilinos y, si se llega a un acuerdo con los dueños, será el Departamento de Derechos Sociales el que se haga cargo de la mensual...
La Generalitat ha anunciado este miércoles que ante la falta de pisos para acoger a las familias desahuciadas, a partir de septiembre comenzará a negociar con los propietarios de los inmuebles que estén a punto de desalojar a inquilinos y, si se llega a un acuerdo con los dueños, será el Departamento de Derechos Sociales el que se haga cargo de la mensualidad a cambio de que estas personas puedan seguir viviendo en el piso entre cinco y siete años más. La medida forma parte del programa Reallotgem y comienza con un presupuesto de 20 millones de euros para ayudar a entre 1.500 y 2.000 familias.
La iniciativa la ha presentado este miércoles la consejera de derechos sociales, Violant Cervera, que ha advertido de que esta medida se va a adoptar después de comprobar que hay un incremento de casos en la mesa de emergencias de la Generalitat. El departamento prevé que al acabar el verano haya tantos desahuciados como en todo 2020. A partir de septiembre, la Generalitat se pondrá en contacto con los dueños de los pisos en los que vivan familias que hayan solicitado ayuda a la mesa de emergencia autonómica y tengan fecha de desahucio. “A los propietarios y se les pedirá dos o tres meses para tener margen de maniobra y estudiar qué podemos hacer. Si aceptan, les pagaremos los seis últimos meses de alquiler”, resumía Cervera.
A partir de aquí, la Generalitat intentará llegar a un acuerdo con los dueños del piso para firmar un contrato de entre cinco y siete años de alquiler para que puedan vivir las mismas personas a las que querían desahuciar. El secretario de Vivienda e Inclusión Social, Carles Sala, ha destacado que esos contratos no podrán exceder el precio marcado por el índice de alquileres de la Generalitat. Si los dueños finalmente aceptan, la Generalitat será la que abone las mensualidades y las familias pagaran solo entre el 10 y el 18 % del total de los ingresos ponderados de la unidad familiar. La media —según Sala— es de 70 euros al mes.
La mesa de emergencia de la Generalitat calcula que entre principios de septiembre y mediados de octubre hay 185 casos en la mesa de emergencias autonómica que podrían beneficiarse de la medida. En total, la mesa de emergencias de la Generalitat acumula 900 familias que todavía no han accedido a un piso y el Ayuntamiento de Barcelona, cerca de 600.
Por otro lado, el Consistorio de la capital catalana ha comprado cuatro edificios en el Eixample, 67 viviendas en total, con los que ya son casi 1.000 los pisos adquiridos por desde 2016 para ampliar el parque público. Desde entonces el Ayuntamiento ha invertido 91,6 millones de euros en la ampliación del parque público.
La concejal de Vivienda y Rehabilitación, Lucía Martín, ha destacado este miércoles que los pisos últimos adquiridos se encuentran en los barrios de Sant Antoni, la Nova Esquerra de l’Eixample y la Dreta de l’Eixample y entre los cuatro edificios suman en total 67 viviendas de las que 24 están vacías. Además se han adquirido siete locales comerciales. El Consistorio ha invertido en esta operación 21,6 millones de euros en los que se incluye las reformas de algunas viviendas y espacios comunes. Según Martín, la inversión está por debajo del precio de mercado y supone un ahorro de entre el 31 y el 38 %.
El precio por el que ha adquirido el Consistorio cada vivienda ronda entre los 90.000 y los 100.000 euros, aunque varía mucho según la zona: “Es clave tener vivienda pública en todos los lugares de la ciudad, también queremos vivienda asequible en el centro”, ha sostenido.
Con la adquisición de estas fincas se permite la protección de 43 familias que ya vivían en algunos de los pisos. A estas familias se subrogará el contrato de alquiler para, según la responsable municipal de vivienda, “evitar pasar por procesos de gentrificación y especulación inmobiliaria”. Los 24 pisos vacíos se adjudicarán en régimen de alquiler social y asequible a familias con problemas.
Desde el mandato pasado se han adquirido 30 fincas enteras con 563 viviendas, además de 395 pisos individuales elevando el total a 958 viviendas, con una inversión de 91,2 millones de euros.
Martín ha defendido que el Ayuntamiento trabaja en la ampliación del parque público de vivienda en un momento en que hay un máximo histórico de construcción con más de 2.300 pisos en obras.