El secesionismo afronta dividido la primera Diada tras los indultos

La fiesta nacional de Cataluña se celebrará dos días antes de la reunión de los dos gobiernos para abordar la mesa de diálogo

Concentración de la Diada Nacional de Catalunya en 2019 en los accesos a la plaza de Espanya.Carles Ribas

La del próximo 11 de septiembre será la primera Diada que se celebra en cuatro años con los políticos condenados por el procés libres; la primera también tras unas elecciones autonómicas que han dado la vuelta al tándem independentista y han situado en cabeza a Esquerra hasta llevarla a la presidencia de la Generalitat; una fiesta nacional que se celebrará dos días antes de la ...

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La del próximo 11 de septiembre será la primera Diada que se celebra en cuatro años con los políticos condenados por el procés libres; la primera también tras unas elecciones autonómicas que han dado la vuelta al tándem independentista y han situado en cabeza a Esquerra hasta llevarla a la presidencia de la Generalitat; una fiesta nacional que se celebrará dos días antes de la cita en Barcelona prevista entre el presidente Pedro Sánchez y el president Pere Aragonès para retomar la mesa de diálogo, y una Diada que, pese al escenario de la pandemia y con ciertas restricciones, recupera el formato de manifestación.

Es un escenario muy diferente al de los últimos años, pero en el que se repite una circunstancia: la división de las fuerzas independentistas, tanto la interna entre ERC y Junts como socios del Govern como la de estos con las entidades de la sociedad civil independentista que protagonizan la Diada.

El año pasado, el motivo de la división fue cómo afrontar el día siguiente a la inhabilitación del entonces president Quim Torra, condenado por el Tribunal Supremo por no retirar la pancarta en apoyo de los llamados “presos políticos” del balcón del Palau de la Generalitat. En 2019, la cuestión que enfrentó a las distintas familias del secesionismo fue cómo afrontar la sentencia del Supremo sobre los políticos del procés, dictada apenas un mes después de la Diada. Este año, la mesa de diálogo político y su efectividad marcan la división en el seno del independentismo.

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A un mes de la Diada, lo único que está claro es que los partidos secesionistas acudirán a la concentración, no necesariamente en su cabecera, lo que ya ocurrió en las últimas convocatorias antes de la pandemia. Y se da por seguro que asistan los condenados por el Supremo e indultados por el Gobierno en junio. Esa unidad aparente, no obstante, dista de serlo en la realidad, especialmente en lo relativo a la cuestión más delicada: la búsqueda de una solución al conflicto político catalán, la cuestión que se abordará en la mesa de diálogo que se reunirá en Barcelona el 13 de septiembre.

ERC es la voz del Govern que más defiende esa convocatoria, mientras que sus socios de Junts ven más sombras que luces, una divergencia que se ha convertido en fuente de cruces de acusaciones entre dirigentes de ambas formaciones. Marta Vilalta, secretaria general adjunta y portavoz de ERC, declara a EL PAÍS: ”La fuerza de la calle, precisamente es una oportunidad como previa de la mesa de negociación. Lo que no tenemos que hacer es ponernos nosotros la zancadilla. No se puede ir a la mesa pensando que no sirve de nada. Nosotros vamos con la máxima ambición y plantearemos el derecho a la autodeterminación y la amnistía”.

Fuentes del partido republicano entienden que una gran movilización puede suponer una herramienta útil frente “a los intentos de normalización del Gobierno central”, insiste Vilalta, quien reconoce que este año la Diada puede tener un punto de emoción ya que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, podrá asistir tras ser indultado.

Escepticismo de Junts

Sus socios de Junts reconocen que el hecho de que los políticos condenados e indultados puedan acudir a la manifestación representa un punto diferencial muy importante. “Pero no nos engañamos”, comenta a este periódico Josep Rius, vicepresidente de Junts y portavoz adjunto de la formación en el Parlament. ”Ellos han salido [de la cárcel] por un autoindulto que decidió el Gobierno y por la presión que hay de organismos de justicia europeos. Además, hay muchos más encausados y perseguidos por los tribunales, los penales y el Tribunal de Cuentas”, abunda.

La de Rius es una de las voces que muestra más prevenciones en el partido que encabeza el ex president Carles Puigdemont: “Somos muy escépticos, porque no se va a entrar en la esencia del conflicto, que es el derecho a la autodeterminación, porque el Gobierno de Sánchez se niega. Por eso, creemos que puede tener solo cierto recorrido. En todo caso, nuestra posición es que la vía unilateral no se descarta y, si la mesa no funciona, será la vía unilateral y retomar el 1-O con el mandato que ya existe y aplicarlo”. Cómo realizarlo es lo que no aclara.

La Diada de este año quiere recuperar el brío de las movilizaciones de antes de la pandemia, aunque con muchas incógnitas sobre cuál será la participación. En los años previos a la crisis del coronavirus, ya se dejó notar un cierto agotamiento del movimiento independentista y la de 2019 no llegó a congregar a más de 600.000 manifestantes, según los datos de la Guardia Urbana. Una asistencia abultada pero discreta respecto a otras Diadas en los puntos culminantes del procés.

La ANC recuerda al Govern el ‘mandato’ del referéndum ilegal del 1-O

”No somos ingenuos”, reconoce David Fernández, vicepresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), una de las promotoras de la movilización junto con Òmnium y la Asociación de Municipios Independentistas (AMI). ”Confiamos en la participación, pero no como las grandes movilizaciones de hace años. Primero, porque estamos en pandemia, y segundo, porque el momento político no es el ideal. De hecho, hay una renuncia explícita al mandato del 52% de las elecciones autonómicas [la mayoría de votos de formaciones independentistas] y eso genera frustraciones y se notará”, prosigue.

Los convocantes han querido dar simbolismo al escenario de esta edición: la marcha saldrá de la barcelonesa plaza de Urquinaona, recorrerá Via Laietana y acabará ante el Parlament. Son algunos de los lugares en los que se registraron los disturbios más duros tras la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo de octubre de 2019. A la Diada, convocada bajo el lema “Lluitem i guanyem la independència” (“Luchemos y ganemos la independencia”), le seguirán otros actos en el fin de semana del 1 al 3 de octubre, cuarto aniversario del referéndum ilegal. “Se ha hecho así para poner de relieve la importancia del referéndum, para evidenciar que Cataluña sigue en pie y que no se renunciará a los objetivos, a la independencia. Y que los partidos se pongan las pilas y nos dejen de enredar”, zanja el dirigente de la ANC, una entidad que exige la independencia “ya” y descalifica la mesa de diálogo.

La jornada recupera el formato de manifestación en las calles

No se muestra tan tajante Òmnium, que destaca que será el primer año después de cuatro en el que su presidente, Jordi Cuixart, otro de los condenados e indultados, podrá asistir a la Diada. Marcel Mauri, su vicepresidente, señala : ”Estamos a favor de la mesa de diálogo y celebramos que el Gobierno de España hable de conflicto político, pero los partidos catalanes deben escuchar a la calle. Un proceso como este no se cierra en los despachos y hay que seguir planteando la amnistía y la autodeterminación. Este conflicto solo se resolverá con las urnas”.

Perfil propio de la CUP

La CUP tendrá un perfil propio en la Diada. Dos de sus representantes irán a la manifestación convocada por la ANC, Òmnium y la AMI, pero la formación anticapitalista ha convocado sus propias movilizaciones en las cuatro provincias catalanas junto con otras entidades a las que quiere ceder protagonismo.

La CUP ha advertido al Govern de que no comparte lo que interpreta como una “deriva autonomista” en la mesa de diálogo, que imputa al Gobierno, pero también a Aragonès.

Los anticapitalistas consideran que las expectativas de la negociación política se alejan de la reivindicación del derecho de autodeterminación, que, sostienen, respalda el 80% de la población catalana. Por ese motivo, y al dar por sentado que no se avanzará en la amnistía, la CUP “impugnó” la reunión de los dos gobiernos y anunció que convocará movilizaciones para el día que se celebra.

La CUP dio dos años a ERC en el acuerdo para la investidura de Aragonès para calibrar, pasado ese plazo, la efectividad del instrumento de diálogo. Las declaraciones de algunos de sus diputados, como Dolors Sabater esta misma semana, apuntan su desconfianza por los frutos de la mesa: “O bien la mesa aborda la amnistía y el referéndum de autodeterminación o no servirá para nada”. De paso, Sabater le recordó a Aragonès: “La estabilidad del Govern está en sus manos”.


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