El consejero de Educación catalán acusa a los tribunales de “romper la convivencia” imponiendo el 25% de clases en castellano

El consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña, Josep Gonzàlez-Cambray, ha visitado este jueves el colegio de Canet de Mar (Barcelona) en el que, a partir de hoy, los niños de cinco años de educación infantil recibirán el 25% de las clases en castellano, en cumplimiento de una media cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tras la petición de una familia. El menor cuyos padres acudieron a los tribunales para reclamar más horas de clases en castellano ha sufrido amenazas estos días. Pero el consejero no ha mencionado ese hecho ni ha mostrado su apoyo a la familia; antes al contrario, ha comparecido para mostrar su apoyo a la dirección del colegio, acusar a la justicia de “romper la convivencia” y negarse a contestar en castellano a las preguntas realizadas por los medios de comunicación, sobre todo televisiones y radios que emiten en toda España. A regañadientes, Gonzàlez-Cambray ha admitido que el colegio deberá cumplir las medidas cautelares y ha reconocido que no ha hablado con la familia que se decidió a pleitear, pese a las amenazas que han recibido tras hacerse pública la decisión del TSJC.

Los alumnos de esa edad de la Escuela Turó del Drac recibirán, a partir de este jueves, seis horas y media a la semana de educación en castellano. Ese tiempo será dedicado a artes visuales, plástica y psicomotricidad; el resto seguirán siendo impartidas en catalán. La familia reclamó a la justicia que la lengua en la que recibe su hijo la educación sea, al menos en un 50%, en castellano, y el TSJC ha admitido a trámite la petición y ha impuesto a la dirección del centro que, como medida cautelar, la escuela dé el 25% de las clases en castellano a este menor, y consecuentemente, al resto de compañeros. Los niños de P5 no tienen asignatura ni de castellano ni de catalán.

El consejero ha advertido, tras reunirse con la dirección del centro y con la representante de las familias: “He venido a apoyar a la dirección educativa de este centro ante este ataque intolerable al modelo de escuela catalana. Nuestro modelo es de éxito, mantiene la cohesión social, la equidad y la igualdad de oportunidades. En Cataluña no existe ningún problema con la lengua por mucho que algunos se lo inventen. Pueden repetir muchas mentiras, pero no las convertirán en verdad”. Gonzàlez-Cambray se ha escudado en que el TSJC se ha dirigido directamente a los responsables del centro y no a la consejería, por lo que los responsables políticos, ha protestado, no han podido “responder” a los tribunales. “Nosotros somos la convivencia. La anomalía de estas sentencias es que no se ajustan a la realidad lingüística de Cataluña y menos a una clase de P5 donde no hay ni asignatura de catalán ni de castellano”, ha denunciado.

El político y su equipo de prensa tenían preparado un pequeño golpe de efecto. En Cataluña la mayoría de los representantes públicos realizan sus intervenciones en catalán y, acto seguido, las repiten en castellano para que las radios y televisiones con cobertura nacional puedan emitir sus discursos sin necesidad de subtítulos. Hoy, excepcionalmente, el consejero no ha querido hacer declaraciones en castellano. Mientras alababa la convivencia de todos los centros educativos en Cataluña ha animado a los medios de comunicación a subtitular sus palabras.

“Las escuelas son espacios neutros para educar a niños y jóvenes. Nosotros no somos los que cuando no nos gusta una ley vamos a los tribunales ni los que atacamos a la democracia a golpe de porra. Nosotros somos los de la serenidad, la argumentación, la democracia”, ha asegurado el consejero. “El departamento de Educación tiene blindada la inmersión lingüística en Cataluña y son los tribunales los que toman medidas aplicando porcentajes. El aprendizaje de la lengua no va de porcentajes”, ha opinado.

El Tribunal Supremo tumbó hace unas semanas el recurso de la Generalitat contra otra sentencia del TSJC que en 2020 obligó a impartir el 25% de horas lectivas en castellano en todos los colegios de Cataluña, no solo en las clases de aquellos niños cuyas familias pleitearan. Tras la decisión del alto tribunal, esa sentencia ya es firme, pero la Generalitat ha adelantado que no la aplicará. “Desde 2005 solo han sido 80 las familias que han pedido incrementar más las horas de castellano. No es un problema real, es una mentira que se va repitiendo”, ha concluido el consejero.

A las 12.30 de este jueves los padres, en la puerta del colegio, comentaban como tras la denuncia de una familia el Turó del Drac se ha convertido en punto de interés mediático. “Por una denuncia de los padres de un niño estamos todos marcados”, comentaban una mujer al resto de madres. “Que se margine a una familia por esto me parece muy mal”, seguía un padre. “Los niños lo que están viendo es que los padres se pelean y esto no está haciendo nada de bien en ellos”, zanjaba la conversación otra progenitora. “Los jueces son los que tienen que decir lo que está bien o no. Y no las familias que creo que a veces hablamos demasiado”, sentenciaba otra mujer que también quería el anonimato. Pocos quieren dar su nombre y la familia afectada no quiere revelar su identidad. De hecho, el lunes la asociación Hablamos Español denunció ante Fiscalía varios mensajes amenazadores dirigidos contra la familia del menor de cinco años. Hablamos Español no es la única entidad que ha llevado las amenazas a los tribunales, Ana Losada de la Asamblea por una Escuela Bilingüe ha mantenido, en una conversación telefónica con EL PAÍS, que se ha utilizado a la familia de Canet como “cabeza de turco” y que desde septiembre su entidad ya ha conseguido ampliar el porcentaje de lengua castellana, gracias a resoluciones judiciales, en seis aulas de diferentes centro catalanes. Losada advierte que el martes pidieron al TSJC que tome medidas para proteger a la familia de Canet y ha exigido al Departamento de Educación garantías para mantener la “paz social en la comunidad educativa”. Los equipos jurídicos de la Asamblea por una Escuela Bilingüe ya han informado al tribunal de que el pasado viernes se creó un grupo de whatssapp que “utiliza el logo del centro escolar y que tiene como finalidad dificultar la ejecución de las medidas cautelares”. Según el escrito presentado por los letrados, en este grupo se “vierten amenazas” hacia la familia y la menor solicitando al centro que se les identifique, se expulse al alumno “o que se le haga el vacío en clase” e incluso que se “apedree” su domicilio. El escrito también alerta de una manifestación convocada en las puertas del centro mañana viernes en contra de la implementación del castellano en la enseñanza. Losada asegura que se presentará una nueva denuncia ante Fiscalía acusando a las personas que hacen estas manifestaciones de un delito de odio y a la propia Generalitat por “colocar en la línea de fuego a una familia que solo reclamó sus derechos”.

Por parte del gobierno catalán nadie condenó explícitamente las amenazas e insultos a la familia de Canet de Mar. El pasado martes la portavoz del Govern, Patricia Platja, zanjó el tema recalcando: “Este gobierno siempre estará en contra de cualquier manifestación violenta”. Pero Platja, además, puntualizó que a la Generalitat no le parece “justo” que por la petición de una familia toda una clase cambie de lengua.

Tras reunirse con el equipo directivo de la escuela Turó del Drac, Gonzàlez-Cambray ha regresado a Barcelona donde se ha reunido con los exconsejeros de educación Josep Bargalló (ERC), Meritxell Ruiz (CiU), Irene Rigau (CiU), Ernest Maragall (fue consejero de educación cuando militaba en el PSC aunque ahora milita en ERC), Joan Manuel del Pozo (PSC), Marta Cid (ERC), Carme Laura Gil (CiU) y Joan Guitart (CiU). Todos los consejeros han defendido la inmersión lingüística de la escuela catalana frente a las medidas cautelares que obligan a impartir el 25% de las clases en castellano en la escuela de Canet de Mar.

“El sistema lingüístico de la escuela catalana, nacido de un amplio consenso político y social y apoyado en un marco político plenamente vigente, se fundamenta en un un trato de equidad para todo el alumnado, la búsqueda de un equilibrio formativo entre escuela y realidad social y la voluntad integradora”, han manifestado en un comunicado conjunto el consejero y los exconsejeros de educación. El modelo “permite lograr las competencias escritas y orales de las lenguas oficiales del país al acabar la etapa obligatoria”, han añadido.

Durante la mañana las reacciones políticas han sido constantes. El primer secretario electo del PSC, Salvador Illa, ha defendido este jueves que ofrecer el 25% de la enseñanza en castellano en el sistema educativo en Catalunya “no es ir contra el catalán, es cumplir con resoluciones judiciales”, después de que el Tribunal Supremo (TS) ratificara esta obligación. “Y sigue garantizando que el catalán sea el centro de gravedad en el sistema educativo de Catalunya y se garantiza que todos los alumnos, al finalizar la etapa obligatoria, dominan ambas lenguas”, ha asegurado en una entrevista en La 1.

Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, considera que el gobierno de Pedro Sánchez debe exigir que se cumpla el 25% de lengua castellana en las escuelas. “Es un escándalo que una lengua que hablan 500 millones de ciudadanos se intente prohibir en España y se ataque en Catalunya a familias por querer educar a sus hijos en español”, afirmó Casado que este jueves estaba de visita en Uruguay. La diputada del PP en Cataluña, Lorena Roldán, ha reclamado a Pedro Sánchez que proteja los derechos del niño de cinco años “acosado” en Canet de Mar y ha acusado a la Generalitat de estar “en contra del bilingüismo y a favor del acoso”. “Se ha pedido que se le aísle en clase, que hagan un ‘apartheid”, ha censurado la diputada ‘popular’, que ha afirmado que el Govern está mostrando su rostro más “antidemocrático”.

Ciudadanos (Cs) ha registrado este jueves un escrito ante el Defensor del Pueblo en el que reclama a la institución que “ponga en marcha todos sus mecanismos” para que obligue al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) --confirmada por el Supremo-- que garantiza un 25% de enseñanza en castellano “y se restablezca el ejercicio de los derechos” en la comunidad. Así lo ha explicado el vicesecretario general de Cs y portavoz nacional del partido, Edmundo Bal, junto al portavoz de Cs en el Parlament, Nacho Martín Blanco, y la portavoz adjunta, Anna Grau, tras presentar una queja ante el Defensor del Pueblo en Madrid.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha advertido que cualquier tipo de amenaza es “grave para la convivencia” y ha asegurado que se investigará el acoso denunciado por la familia del menor de Caner de Mar.