La querella contra Colau acusa a la alcaldesa de entregar una “lluvia de dinero público” a entidades afines

La querella que obligará a Ada Colau a declarar como investigada ante un juez acusa a la alcaldesa de Barcelona de entregar una “lluvia de dinero público” a entidades ideológicamente afines. La llamada Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) afirma que las subvenciones fueron concedidas “de forma arbitraria y discrecional” para “favorecer” a esas asociaciones. El texto, al que ha accedido EL PAÍS, incide en los pagos del consistorio para elaborar informes sobre la gestión del agua y sobre coop...

La querella que obligará a Ada Colau a declarar como investigada ante un juez acusa a la alcaldesa de Barcelona de entregar una “lluvia de dinero público” a entidades ideológicamente afines. La llamada Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) afirma que las subvenciones fueron concedidas “de forma arbitraria y discrecional” para “favorecer” a esas asociaciones. El texto, al que ha accedido EL PAÍS, incide en los pagos del consistorio para elaborar informes sobre la gestión del agua y sobre cooperación internacional.

El relato de la querella es muy similar al que contenía una denuncia anterior, presentada por otra asociación, que ya fue archivada de forma razonada por la Fiscalía Anticorrupción. Si la primera denuncia se dirigía contra Colau y seis concejales y exconcejales, esta apunta únicamente a la alcaldesa y por cinco delitos: prevaricación, fraude en la contratación, malversación, negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias. “Ha sido una constante que, desde que Ada Colau accedió a la alcaldía, se ha producido un abuso de concesión directa de mecanismos de financiación a las asociaciones y colectivos”.

Como en aquella primera denuncia ya archivada, esta examina la actividad de cuatro entidades con las que Colau y su equipo tuvieron relaciones laborales antes de llegar al poder en 2015 y con las que conservan una evidente afinidad: el Observatorio DESC (sobre derechos sociales), Ingenieros sin Fronteras, la Alianza contra la Pobreza Energética o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de la que Colau fue portavoz durante cinco años. El argumento, en esencia, es este: la alcaldesa ha regado con generosas subvenciones a entidades de su “entramado ideológico” saltándose los procedimientos que marca la ley: son subvenciones directas por servicios recurrentes que, en realidad, deberían haberse hecho por contrato.

La querella se apoya en unos informes de la Intervención de la Generalitat que cuestionan algunos aspectos de las subvenciones, pero que no son informes negativos. Los abogados, de hecho, critican al interventor por unos informes que “pecan de excesiva prudencia” y son “timoratos”. En su investigación, la Fiscalía ya examinó toda esa documentación. Concluyó que no hubo “trato de favor” a las entidades, que éstas no se beneficiaron especialmente de la llegada al poder de Colau (ya recibían subvenciones con gobiernos de PSC o CiU) y que de haber “irregularidades” podrían ser administrativas, nunca penales.

El consistorio, siempre según la querella, firmó “convenios y subvenciones directas” que, en realidad, sirvieron para pagar los salarios, por ejemplo, “de los trabajadores del Observatorio DESC”. Pero también cita contratos menores para la realización de “estudios o informes” sobre aspectos como la “pretendida defensa de derechos y las remunicipalizaciones de servicios”. En especial, del agua. La ATCD ya impugnó en 2018 la macroconsulta impulsada por Colau en la que pretendía preguntar sobre la gestión pública del agua. La querella dedica varios pasajes a denunciar desembolsos públicos en ese sentido. Por ejemplo, una subvención (4.500 euros) en 2020 sobre “Alianzas para democratizar el agua en Barcelona” que se concedió de nuevo, de forma injustificada al año siguiente.

El Ayuntamiento de Barcelona mantiene abiertos programas de cooperación internacional (tiene competencia para ello) y en ese marco otorgó subvenciones de pública concurrencia para elaborar estudios. Pese a ello, la querella denuncia el “frecuente y abusivo recurso a la financiación pública” para ejecutar proyectos de cooperación internacional. Cita como ejemplo un trabajo de Ingenieros sin Fronteras sobre la “impunidad” en el uso del agua y la energía. Pero también trabajos sobre Perú y Mozambique.

“Manchar la reputación”

El gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ve en la querella una “clara intención política de persecución con ánimo de manchar su imagen y reputación”. El concejal de derechos de Ciudadanía, Marc Serra, ha comparecido este viernes tras leer la querella presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) por supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a entidades afines y ha asegurado que no aporta ninguna novedad sobre los hechos que archivó la Fiscalía a raíz de otra denuncia, entonces de la entidad Abogados Catalanes por la Constitución.

También ha señalado, una vez más, sus sospechas sobre la entidad querellante, de la que no se conoce actividad cívica y que reacciona con actuaciones judiciales “ante cualquier administración que quiera abrir el debate sobre el agua y su gestión”. “Parece que a la ATCD no le preocupen las subvenciones sino el debate sobre la gestión pública del agua”, ha lamentado Serra.

“Si habíamos dicho que estábamos tranquilos, ahora lo estamos más. Estamos enfadados por el abuso de derecho que supone una querella que es caótica, desordenada, infundada y que reproduce fragmentos idénticos de la querella que fue archivada en julio pasado por la fiscalía”, ha manifestado Serra. “La resolución ya era muy contundente afirmando que no había ningún delito y descartaba cualquier trato de favor” a las entidades receptoras de las subvenciones, ha añadido.

Uno de los abogados del equipo que defenderá a Colau, Àlex Solà, también ha señalado que la querella contiene “frases textuales” que había en las diligencias que archivó la fiscalía. Y ha tachado de “acto de mala fe procesal” que la querella “oculte el archivo” por parte del ministerio fiscal en julio del año pasado, tras analizar documentación aportada por el consistorio. Solà ha señalado que el juzgado de instrucción “ya ha pedido a la fiscalía el expediente entero y el decreto de archivo”.

Sobre el hecho de que la querella se dirija solo hacia la alcaldesa y cite a otros concejales pero solo como testigos, el abogado entiende que indica que “el objetivo de la acto actuación se focalizaría en conseguir a la alcaldesa declarando en condición de investigada, utilizando como materia primar la estigmatización de la declaración”.