Díaz fuerza la máquina con ERC y el PNV para asegurar la votación de la reforma laboral

Queda una semana para una de las votaciones clave de la legislatura, la de la reforma laboral, y el Gobierno empieza a echar el resto con contactos a todos los niveles y movimientos de presión de todo tipo, públicos y discretos, para lograr que funcione el “plan a”, esto es, que la convalidación salga adelante con la mayoría de investidura, en especial el PNV y ERC. Aunque en los últimos días han quedado en evidencia las distintas posiciones de los socios del Gobierno —Unidas Podemos solo se plantea esta opción mien...

Queda una semana para una de las votaciones clave de la legislatura, la de la reforma laboral, y el Gobierno empieza a echar el resto con contactos a todos los niveles y movimientos de presión de todo tipo, públicos y discretos, para lograr que funcione el “plan a”, esto es, que la convalidación salga adelante con la mayoría de investidura, en especial el PNV y ERC. Aunque en los últimos días han quedado en evidencia las distintas posiciones de los socios del Gobierno —Unidas Podemos solo se plantea esta opción mientras el PSOE también quiere tener lista por si acaso una alternativa, que incluye a Ciudadanos y un arriesgado conjunto de partidos pequeños—, el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz han hablado del asunto, según fuentes de La Moncloa, y han acordado seguir intentando este “plan a”.

Sánchez está informado pues del viaje que Díaz inició el miércoles a Barcelona y que tiene la intención no disimulada de usar todos los mecanismos políticos a su disposición para convencer a ERC de que apoye la convalidación para que sus 13 votos hagan completamente innecesarios los nueve de Ciudadanos, un auténtico anatema para la vicepresidenta.

El único límite en el que insisten los socialistas es el de que el coste de un acuerdo con ERC y el PNV no puede ser el de que la patronal se caiga del consenso alcanzado de forma muy laboriosa a finales del año pasado. Pero Díaz y su equipo han asegurado a los socialistas que ellos trabajan en todo momento con el escenario de que la patronal no tendrá ninguna excusa para salirse del pacto. La vicepresidenta ha alcanzado hasta 13 acuerdos con la patronal desde que es ministra de Trabajo, y le ha transmitido a los socialistas que está convencida de que es perfectamente posible lograr el voto del PNV y ERC sin perder a la patronal, un coste que Unidas Podemos tampoco quiere asumir porque es consciente del valor de tener la primera reforma laboral en 40 años pactada por representantes de los empresarios y los trabajadores.

Díaz, por tanto, aprovecha el viaje a Barcelona para seducir a ERC por tres vías. Primero, la directa, con contactos discretos con sus dirigentes —el miércoles por la noche cenó con Roger Torrent y es probable que tenga algún tipo de contacto con Pere Aragonès, el president, con el que ya cenó hace dos semanas en Madrid— y ofertas claras de negociación a los interlocutores republicanos no sobre la reforma en sí —el texto no se va a tocar y se votará tal cual el 3 de febrero, porque cualquier modificación rompería el acuerdo de patronal y sindicatos—, sino sobre otras cuestiones en materia laboral que se pueden aprobar en los próximos meses. La segunda vía es la presión sindical —Díaz visitó a los dirigentes catalanes de UGT y CC OO, que están tratando a su vez de convencer a ERC de que apoye el acuerdo que ellos han firmado—; y la tercera, la presión social directa, a través de discursos públicos, para que los republicanos sean conscientes de qué significaría que la reforma se tumbara por su negativa.

“Va a salir [la reforma laboral], estoy convencida. Y si no, lo van a tener que explicar”, afirmó el miércoles por la tarde la vicepresidenta segunda en un acto en Barcelona. En un viaje de dos días, tal y como estaba planteado para la semana pasada y antes de que se contagiara por covid, la pretensión de Díaz era vender las bondades de la reforma, para lo que contó con el apoyo de las federaciones catalanas de UGT y CC OO, que se han sumado en los últimos días a las presiones a ERC para que ofrezca sus votos a la convalidación en el Congreso del texto.

El secretario de CC OO en Cataluña, Javier Pacheco, ha sido hasta ahora el líder sindical más duro contra el rechazo de los republicanos. Ha afeado a Pere Aragonès que no apoye un acuerdo logrado en el seno del diálogo social pese a que el Govern ha utilizado esa misma vía de interlocución con sindicatos y patronales para sacar adelante acuerdos. Pacheco sostiene que incluso Foment del Treball, la patronal catalana, que se negaba inicialmente al acuerdo, corrigió el tiro y acabó no rechazando el acuerdo: “ERC no ha sabido hacerlo”.

Camil Ros, líder de UGT, era, como Díaz, más posibilista: “Buscarán acuerdos colaterales para cerrar el acuerdo, pero es cierto que Esquerra quizás hace un año no se habría opuesto a esta reforma laboral”, decía en una interpretación más de coyuntura demoscópica. “Veo margen para que la cosa vaya bien”, resumía, en todo caso.

ERC mantenía el miércoles silencio ante una posible reunión con Díaz. A primera hora de la tarde, el gabinete de la vicepresidenta mantenía bloqueada una franja a partir de las seis de la tarde para que se celebrara un encuentro con representantes de ERC. Finalmente, cerraron una cena con el conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, con quien ya debía celebrar una reunión hace una semana, en el marco de Fitur, en Madrid.

El Govern lleva semanas reiterando que la reforma laboral, además de ser un medio camino de lo que pretendía el Gobierno, debería incorporar la capacidad de la Generalitat para autorizar las regulaciones de empleo (ERE) y la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los de rango estatal, si bien la mayor parte que se firman son provinciales.

Más allá de la reforma laboral, se mantienen diferentes carpetas abiertas entre ERC y el Gobierno que podrían servir para desencallar las negociaciones. La de mayor calado, la sentencia para que las escuelas catalanas impartan el 25% de las clases en castellano. Es una incógnita todavía si el Gobierno pedirá la ejecución de la sentencia del último fallo de Tribunal Supremo. Asimismo, sigue en el alero el futuro de la mesa de diálogo y cómo se nutre de contenido, y si el Gobierno se persona en la causa del Tribunal de Cuentas por las sanciones económicas a los políticos que participaron en el proceso independentista.