La justicia absuelve al consejero Roger Torrent y a la Mesa del Parlament del delito de desobediencia

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha absuelto al expresidente del Parlament y actual consejero de Empresa y Trabajo del Govern, el republicano Roger Torrent, de un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional. Los otros tres miembros independentistas de la Mesa de la Cámara juzgados por tramitar, en 2019, resoluciones a favor de la autodeterminación y contra la monarquía también han sido exculpados. La sentencia concluye que aquellas resoluciones constituían una “mera proclama política” y que no había intención de materializar la secesión. La sentencia ha sido aprobada por la mayoría del tribunal y contiene un voto particular que discrepa de esa tesis. “Es una gran noticia para la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados. El Parlament ha de tener autonomía para hablar de todo lo que interese a la ciudadanía, también sobre autodeterminación y monarquía”, ha celebrado Torrent.

Los magistrados han determinado que Torrent y los otros tres acusados —Eusebi Campdepadrós, Adriana Delgado y Josep Costa— no cometieron un delito porque las advertencias del Tribunal Constitucional contra la tramitación de las resoluciones “permitían más de una interpretación” y no contenían “un mandato claro y específico”. El tribunal concluye que no se ha podido probar que los miembros de la Mesa “tuvieran conocimiento y quisieran desobedecer los mandatos” del Constitucional. Y añade que “siguieron las indicaciones” del secretario general del Parlament y de su letrado mayor, que “no son cargos políticos, sino funcionarios objetivos e imparciales”.

Si no se atiende a una interpretación “estrictamente literal o formal, se puede entender”, dice el TSJC, que “lo que realmente estaba prohibido por el Tribunal Constitucional era continuar el proceso político de independencia” y “querer materializar o ejercer la autodeterminación”. En las resoluciones tramitadas por la Mesa y aprobadas por el Parlament “sencillamente solo se quería hablar de la autodeterminación como mera proclama política, de futuro, pero sin intención de materializarla”.

En cuanto a la moción sobre la monarquía, el tribunal señala que los acusados tuvieron en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la que se afirma que la independencia, la forma monárquica del Estado y la crítica del Rey “son cuestiones de interés público” y que el debate en torno a esas cuestiones “se encuentra amparado por el derecho a la libertad de expresión”. Y añade que el propio Tribunal Constitucional había considerado en una sentencia anterior que está permitida “la crítica de la monarquía como institución en general, pero desligada de su titular actual (...)”. “En consecuencia, está admitiendo que el Parlamento puede debatir sobre la monarquía”, afirma la resolución.

El voto particular de uno de los magistrados (Marta Pesqueira) considera, en cambio, que los cuatro acusados sí son responsables de un delito de desobediencia y que sí fueron debidamente advertidos por el Tribunal Constitucional. Su conducta, según esta magistrada, fue “manifiestamente contumaz, obstinada, recalcitrante y persistente”, y por ello merecería una pena de inhabilitación de entre un año y cuatro meses y un año y ocho meses.

La decisión de la mayoría del tribunal, en cualquier caso, es de absolver, lo que marca un antes y un después en los juicios por desobediencia. Hasta ahora, el TSJC había condenado a los políticos catalanes acusados de ese delito, aunque los casos no eran exactamente iguales a este. Hace dos años, condenó a 20 meses de inhabilitación a cuatro diputados de la Mesa por permitir la tramitación de las resoluciones que derivaron en el referéndum ilegal de 2017 y la DUI (Declaración unilateral de independencia). También fue juzgado y condenado el expresidente Quim Torra por desobedecer a la Junta Electoral Central y negarse a retirar una pancarta de apoyo a los presos del procés. La condena le supuso la inhabilitación y tener que abandonar el cargo.

La absolución de Torrent se ha conocido cuando se celebraba la sesión de control al Govern en el Parlament. Los diputados de los tres grupos independentistas (ERC, Junts y la CUP) y los de En Comú Podem han acogido la sentencia con una ovación. La única nota discordante la ha puesto Laura Borras, presidenta suspendida de la Cámara, que se ha mantenido impasible en el palco de invitados, desde donde suele seguir los plenos. En el discurso de su toma de posesión como presidenta en 2021, Borràs aludió a Carme Forcadell pero omitió expresamente a Torrent, muy criticado por Junts en su día por no haber permitido la investidura del expresident Carles Puigdemont.

La resolución motivo de la causa fue la única respuesta unitaria que el independentismo logró —y una de las pocas desde entonces— tras la sentencia del procés. La decisión del TSJC retrotrae de hecho a los años 90, cuando la Cámara catalana aprobaba sin consecuencia judicial alguna resoluciones en favor de la autodeterminación que se consideraban brindis al sol, es decir, declaraciones políticas y no vinculantes. Eso fue antes de que en 2012 arrancara el procés, que alcanzó su cénit en 2017.

“La sentencia es buena para el Parlament, para causas ya abiertas y para futuras Mesas. No puede ser que hagan su actividad bajo la espalda de Damocles de la judicialización permanente. La Mesa no puede convertirse en un órgano censor o en un mini Tribunal Constitucional”, ha afirmado Torrent. “Nunca deberíamos haber ido a juicio”, ha zanjado. La sentencia no reconoce la inviolabilidad de la institución y los letrados de Torrent han admitido que aún no han decidido si recurrirán o no el fallo, informa Àngels Pîñol.

Torrent declaró el primer día que defendería ante el juez “la protección de los derechos fundamentales y del parlamentarismo” y que le amparaba el derecho a la libertad de expresión, añadiendo que esta causa forma parte “de la persecución del movimiento independentista”. Ya en el juicio argumentó que su actuación no desobedecía al Constitucional porque este “no puede prohibir un debate parlamentario entendido como expresión del interés público” y las resoluciones tenían un carácter de “expresión política” sobre las que la Mesa no podía “ejercer censura”. Posteriormente, admitió ante el TSJC que los servicios de la Cámara le comunicaron sus “dudas” sobre si las resoluciones tramitadas en 2019 contravenían al Constitucional.

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