La reforma de la malversación evitaría que al menos 12 ex altos cargos de ERC fueran a prisión

Esquerra Republicana ultima la enmienda con la que, aprovechando la tramitación de la reforma exprés de la sedición en el Código Penal, pretende modificar también el delito de malversación. A la espera de la letra pequeña, el espíritu del cambio que comparten tanto los republicanos como...

Esquerra Republicana ultima la enmienda con la que, aprovechando la tramitación de la reforma exprés de la sedición en el Código Penal, pretende modificar también el delito de malversación. A la espera de la letra pequeña, el espíritu del cambio que comparten tanto los republicanos como el Gobierno evitaría penas de prisión al menos a doce ex altos cargos del partido de Oriol Junqueras con causas abiertas o ya condenados. En ninguno de esos casos está certificado el lucro personal y ahí radica la clave del texto que se cocina. El andamiaje jurídico pasa por que la acreditación de ese beneficio personal vuelva a ser el centro de gravedad a la hora de fijar las penas, acabando así con la fórmula aprobada en 2015 por el PP, que fijó el concepto más global de administración desleal de patrimonio y elevó los correctivos. En la lista de posibles beneficiados también está el expresident Carles Puigdemont, huido en Bélgica, otros cargos de Junts y un rosario de puestos intermedios de la Generalitat en años anteriores.

La gran duda de la reforma es cómo se garantizará que el nuevo planteamiento no termine rebajando las penas a condenados que sí han desviado recursos públicos para terceros, por ejemplo, para los partidos políticos. En ese cambio, la pena máxima subió de 8 a 12 años si se acreditaba que los fondos usados irregularmente superaban los 250.000 euros. Sin embargo, el carácter “quirúrgico” de los cambios que se plantean permite perfilar cuál será el impacto de la reforma. Para ERC tiene caras: el grueso de los afectados serán decenas de cargos de segunda fila, en algunos casos sin carné de partido, que asumieron responsabilidades materiales (en muchos casos sin llegar a ejecutarlas y sin reflejo contable) en el diseño del referéndum de 2017 que la justicia luego declaró ilegal, o cuyas actuaciones nutrieron la estrategia de difusión internacional del ideario independentista.

Los indultos otorgados por el Gobierno a gran parte de los rostros más visibles del órdago liderado por el Ejecutivo de Puigdemont fueron una vía muy vistosa para desinflamar la situación en Cataluña. Pero para el objetivo de desjudicialización que Pedro Sánchez y el president Pere Aragonès pactaron en la mesa de diálogo este instrumento se quedaba corto, al no solucionar la situación de esa segunda fila aún con causas abiertas. En el Juzgado Número 13 de Barcelona han sido procesados 30 excargos y empresarios en la causa que investiga los preparativos para el 1-O. De ellos, ocho son de ERC y a todos se les imputa un delito de malversación que implicaría cárcel. A varios de ellos también se les imputa prevaricación o falsedad. Una de quienes se encuentran en esta situación es la consejera de Cultura, Natàlia Garriga.

En ninguno de los casos se ha acreditado lucro personal, aunque la magistrada cree que más de 5,8 millones de euros públicos fueron “gastados o comprometidos” en la celebración del referéndum. Es la cantidad de la fianza fijada para hacer frente a la responsabilidad civil. Allí habría que sumar otros dos nombres, Lluís Salvadó y Josep Maria Jové, de máxima confianza de Junqueras cuando estaba al frente de la vicepresidencia. Estaban aforados por ser diputados, aunque ahora Salvadó ha dejado el escaño para asumir la presidencia del Puerto de Barcelona. A Jové se le culpa de haber autorizado gastos por 2,1 millones de euros para financiar el referéndum.

La otra investigación que se vería afectada es la del Juzgado Número 18 de Barcelona, al que la Fiscalía llevó los hechos analizados por el Tribunal de Cuentas sobre la financiación de la acción exterior de la Generalitat que considera constitutivos de delito. El ministerio fiscal cree que 10 ex altos cargos de la Generalitat han malversado dinero público. Cuatro pertenecen a las filas republicanas, pero dos (el ex secretario general de Acción Exterior, Aleix Villatoro, y el extitular del Diplocat, Miquel Royo, bajo el mandato de Puigdemont) también están en la causa anterior. De hecho, el recurso de Villatoro sobre la posible doble investigación sobre el mismo hecho ha retrasado el avance de las causas a la espera de que la Audiencia de Barcelona decida quién tiene la competencia. En el juicio al procés, Raül Romeva no fue procesado por el delito de malversación y aquí sí se le imputa por la supuesta concesión irregular de una subvención de 40.000 euros a la FOCIR (Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas).

La eliminación de la sedición y la malversación no es la amnistía que ERC ansía y el Gobierno descarta, pero sus efectos en este colectivo serían similares. La portavoz republicana, Marta Vilalta, ha anunciado este miércoles que efectivamente presentarán la enmienda, pero sigue manteniendo la discreción sobre su contenido. Un signo de que aún hay espacio para cerrar un texto definitivo que, además, podrá ser transaccionado por otros grupos. En juego también está el futuro penal de Oriol Junqueras, Dolors Bassa y el secretario general de Junts, Jordi Turull, condenados igualmente por malversación por el Tribunal Supremo. La reforma de los delitos de sedición y malversación supondría una revisión de sus condenas. Los eurodiputados Clara Ponsatí, Toni Comín y el propio Puigdemont, en cuyos casos tampoco se ha constatado un enriquecimiento ilícito, también tendrían más cercano en principio su posible regreso a España.

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