Los interinos de la Generalitat denuncian desajustes en el rápido proceso de legalización de sus plazas

El gran proceso para regularizar los trabajadores interinos que se encuentran en situación irregular por un exceso de temporalidad —más de tres años ocupando una plaza temporal— había generado mucha expectación porque daba respuesta a una reivindicación del sector, pero está despertando algunas quejas y hasta denuncias e impugnaciones. La rápida puesta en marcha de un proceso que afecta a tantos trabajadores ha puesto en alerta a int...

El gran proceso para regularizar los trabajadores interinos que se encuentran en situación irregular por un exceso de temporalidad —más de tres años ocupando una plaza temporal— había generado mucha expectación porque daba respuesta a una reivindicación del sector, pero está despertando algunas quejas y hasta denuncias e impugnaciones. La rápida puesta en marcha de un proceso que afecta a tantos trabajadores ha puesto en alerta a interinos que dicen no estar cubiertos, o ha levantado ampollas por la forma de puntuar los méritos. “Hemos pasado de un bloqueo total a tener que acelerar la estabilización en muchos ámbitos distintos. Es normal que haya habido errores”, admiten fuentes sindicales.

La realidad laboral en el sector público está cambiando este año de forma repentina. Tras muchos años de bloqueo y de acumulación de contratos temporales en la administración —en junio de 2021, los sindicatos denunciaron que en Cataluña más de 100.000 personas estaban afectados por estos contratos—, el Gobierno de Pedro Sánchez, previo toque de atención por parte de Bruselas, aprobó una ley que entró en vigor hace un año para rebajar al 8% esta tasa de temporalidad que en algunos ámbitos superaba el 50%. Desde entonces, ha sido tarea de los gobiernos autónomos, en acuerdo con los sindicatos mayoritarios, preparar las bases para llevar a cabo el proceso de estabilización de los interinos.

En Cataluña hay 76.600 interinos y personal laboral con contratos temporales, pero la Generalitat tiene detectadas 59.000 plazas ocupadas en exceso de temporalidad. Estos interinos tendrán dos vías para pasar a ser funcionarios de carrera: la primera es el concurso de méritos, pensado para las plazas que desde 2016 están ocupadas de forma temporal. En este proceso se han convocado 27.600 plazas. Los que no lo logren contarán con una segunda oportunidad: unas oposiciones extraordinarias -con 19.200 plazas-, abiertas también para los que acumulen tres años de temporalidad. Y 12.000 más que se cubrirán con convocatorias de oposiciones ordinarias que se irán publicando próximamente (el 20 de diciembre el Govern ya aprobó la oferta de 6.100 plazas). En total, 59.000 plazas, básicamente de personal de administración y servicio de la Generalitat, docentes (27.400 plazas) y personal sanitario (7.600). Pero si se suman los trabajadores de las administraciones locales se llega a los 100.000, según datos sindicales. Cada sector cuenta con sus calendarios y adjudicaciones específicos, pero la idea es que el proceso haya finalizado antes de final de 2024.

Este rápido proceso ha conllevado algunos problemas en la adjudicación de plazas y un cierto resquemor por parte de algunos funcionarios, que ven cómo sus compañeros interinos han podido acceder a una plaza sin tener que pasar por una oposición como hicieron ellos. “Hay malestar en todos los sectores. La ley la acordamos los sindicatos con el Gobierno, pero este introdujo lo del concurso de méritos. No hemos podido hacer otra cosa que aplicar la ley de la mejor forma posible, pero nunca llueve a gusto de todos”, dice Manel Pulido, coordinador del Área Pública de CC OO en Cataluña. Para tratar de paliar este malestar, los sindicatos han llegado a un acuerdo con el Govern para que, en la segunda fase, la de oposición, también se haga un proceso de promoción interna y más tarde un concurso de traslados, con el objetivo de que los funcionarios de carrera también tengan beneficios.

Pulido considera que el proceso “se está haciendo bien”. “Había mucho miedo de que gente se quedaría fuera, pero nadie se quedará fuera, como mucho podrían no aprobar las oposiciones, pero en este caso se prevén indemnizaciones y además eso no te quita la posibilidad de seguir como interino”, señala.

Pero otros sindicatos y sectores de interinos no están de acuerdo. Víctor del Arco ha empezado su sexto curso como profesor de tecnología en un instituto. Es jefe de departamento y tutor. Tiene un máster y habla diferentes idiomas. “Pero aun así no tendré plaza en el concurso de méritos. Tengo una formación que no me cuenta y no he aprobado ninguna oposición. Además, la experiencia solo cuenta el 40%, así que solo tengo siete de los 14 puntos”, lamenta este profesor, que también ejerce de portavoz de Pindoc, la Plataforma de interinos docentes de Cataluña.

Pindoc ha impugnado el concurso de méritos, porque considera que “es un fraude porque estabiliza plazas y no personas”. Además, critican que en las puntuaciones tengan más peso ciertas formaciones, como los másteres, y que la experiencia solo cuente un 40%, cosa que podría favorecer a personas más jóvenes. “Nos tendrían que dar la plaza directamente porque estamos en fraude de ley y puede pasar que pase por delante gente con menos experiencia. Estamos viendo que mucha gente se quedará fuera, especialmente mujeres de mediana edad, pero con 15 o 20 años de experiencia”, lamenta del Arco.

Por motivos parecidos, el sindicato CGT también ha impugnado el proceso. Esta organización critica también que a los profesores de instituto no se les reconozca las diferentes especialidades. “La segunda especialidad cuenta mucho menos que la primera. El Departamento se ha beneficiado de la versatilidad de los docentes, pero ahora les penaliza, toda la experiencia tendría que contar igual”, reclama Marta Jové, de la CGT. Desde Ustec, el sindicato educativo mayoritario, se expresan en una línea similar. Y critican que los interinos, si no superan el concurso de méritos, pierdan la plaza. “Hay una sensación de angustia e inseguridad entre los interinos por el miedo a que los despidan. Son las administraciones las que han regulado mal, y al final lo pagan los trabajadores”, lamenta la portavoz Iolanda Segura.

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