Junts pide a la Mesa del Parlament la restitución de Borràs como presidenta

El grupo parlamentario registra una petición para reactivar los derechos de la condenada por prevaricación y falsedad

La secretaria segunda de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula, y el diputado de Junts Jaume Alonso-Cuevillas, en la rueda de prensa de este miércoles.EUROPA PRESS (EUROPA PRESS)

Junts per Catalunya ha pedido este miércoles que se restituya a Luara Borràs como presidenta del Parlament y se levante la suspensión temporal de sus derechos que había decidido la Mesa del Parlament en julio del año pasado. La encargada de defender la propuesta ha sido la secretaria de la Mesa por ese partido, Aurora Madaula, que ha justificado que la sentencia “descarta explícitamente la corrupción” y por tanto no se debe aplicar el artículo 25.4. El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, conocido la semana pasada, descarta que Borràs se haya lucrado tras trocear un contrato pa...

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Junts per Catalunya ha pedido este miércoles que se restituya a Luara Borràs como presidenta del Parlament y se levante la suspensión temporal de sus derechos que había decidido la Mesa del Parlament en julio del año pasado. La encargada de defender la propuesta ha sido la secretaria de la Mesa por ese partido, Aurora Madaula, que ha justificado que la sentencia “descarta explícitamente la corrupción” y por tanto no se debe aplicar el artículo 25.4. El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, conocido la semana pasada, descarta que Borràs se haya lucrado tras trocear un contrato para beneficiar a un amigo, pero si la condena a 4,5 años de prisión y 13 de inhabilitación por falsedad continuada y prevaricación. Madaula ha defendido que la petición cuenta con el aval de la dirección nacional del partido y del grupo parlamentario

La petición ha llegado un día después de que se conociera la propuesta del PSC para modificar el reglamento de la Cámara y permitir la censura y cambio de los miembros de la Mesa del Parlament y de las comisiones. Se trata de un mecanismo que no existía y que ha hecho que, ante la negativa de Borràs a dejar el cargo, la interinidad se haya instalado en el legislativo autonómico. Madaula ha calificado la propuesta registrada por los socialistas de “persecución ad personam para eliminar a Borràs de la presidencia del Parlament”. Los otros los grupos de la Cámara se han mostrado abiertos a valorar la propuesta del PSC, incluso ERC, que ha lanzado un ultimátum a sus exsocios para que muevan ficha.

Junts, sin embargo, ha respondido con un movimiento que niega la mayor e insiste en la defensa de Borràs. El diputado Jaume Alonso Cuevillas, que también ha participado en la rueda de prensa junto a Madaula, ha querido dejar claro que en el caso de la presidenta suspendida el partido aún va a la una, ignorando así el debate interno. “Turull reiteró que, a todos los efectos, la presidenta del Parlament se llama Laura Borràs y no hubo ninguna voz discrepante”, ha asegurado.

Cuevillas ha recordado que el espíritu del legislador cuando se incluyó el 25,4 en el reglamento era perseguir la corrupción lucrativa y ha recordado que la sentencia contra la líder de la Cámara rechaza ese extremo. “Siempre que hay corrupción hay un perjuicio para las arcas públicas y se pide una indemnización, al margen de la condena penal”, ha recordado. Con todo, ambos han insistido en las dudas sobre cómo se llevó el proceso judicial, que califican de producto de “la guerra jurídica (lawfare) contra el independentismo”.

Al no cumplirse esa condición, argumenta el escrito registrado por Junts, no tiene sentido que continúe sobre pensando sobre Borràs la suspensión temporal de sus derechos como presidenta, incluido recibir el salario que tiene asignado. El reglamento de la Cámara fija la sentencia firme por delitos relacionados con la corrupción como el momento en el que se la de retirar de manera definitiva el escaño a un diputado. Los abogados de Borràs trabajan en el recurso que han de presentar ante el Tribunal Supremo, que tendría que contemplar también la decisión del tribunal sentenciador de pedir el indulto al Gobierno al considerar que la pena ha sido muy alta teniendo en cuenta que no hubo lucro. También está por verse si la Junta Electoral Central decide quitarle el acta, pues la sentencia implica que ha ocurrido una causa e ineligibilidad.

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