Sanción de 2,1 millones a la petroquímica IQOXE por la explosión que causó tres muertes en Tarragona

El Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat ha propuesto una sanción de 2,1 millones de euros a la petroquímica IQOXE por la explosión de un reactor de su factoría que provocó la muerte de tres personas en enero de 2020 en Tarragona. La consejería ha informado este miércoles de que ha detectado cuatro infracciones muy graves de la normat...

El Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat ha propuesto una sanción de 2,1 millones de euros a la petroquímica IQOXE por la explosión de un reactor de su factoría que provocó la muerte de tres personas en enero de 2020 en Tarragona. La consejería ha informado este miércoles de que ha detectado cuatro infracciones muy graves de la normativa en materia de seguridad industrial, que sumadas resultan en la multa millonaria.

El accidente laboral ocurrió el 14 de enero de 2020 en la planta U-3200 por una explosión de un reactor de la factoría, dedicada a la producción de óxido de etileno y otros derivados. Dos de los fallecidos eran trabajadores de la planta y el otro un vecino de Tarragona. El incidente también causó cuatro heridos. Inspección de Trabajo de Cataluña sancionó con 180.000 euros a la compañía tarraconense por “infracción muy grave”. Tras la explosión Iqoxe siempre ha defendido que el accidente fue imprevisible y ha negado las reiteradas acusaciones de sindicatos y trabajadores, que denunciaron tener que soportar altas cargas de trabajo sin las preceptivas medidas de seguridad. Iqoxe es la única empresa petroquímica que produce óxido etileno en la Península Ibérica. Se trata de un compuesto básico para la fabricación de anticongelantes y otros productos químicos como detergentes o fibras de poliéster, por lo que es el uno de los principales proveedores de esta materia para las empresas españolas.

El juzgado mantiene abierta una investigación por esta explosión, que considera como presunta imprudencia grave y delito contra los trabajadores, y otra pieza separada sobre autorizaciones y licencias. El pasado diciembre una jueza procesó a cinco directivos de la compañía por un presunto delito contra el medioambiente, donde sospecha que realizaba vertidos al mar desde 2017 por la falta de capacidad de la depuradora de la empresa. La instructora sostiene que los realizaban por las noches o durante el fin de semana y que trataban los residuos con el desespumante Aquamax para pasar desapercibidos. También tiene indicios de que presuntamente manipularon las analíticas de las aguas para aparentar que cumplían con los límites de emisión de aguas residuales.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal