La descoordinación entre Servicios Sociales y Salud dejó desamparado al hombre con síndrome de Diógenes de El Prat

Nadie sabe por qué un hombre de 48 años, unos 250 kilos de peso y con antecedentes por problemas de salud mental, que no pisaba la calle desde hace años, tuvo que acabar llamando por teléfono para pedir ayuda mientras yacía desde hacía días en el suelo de su piso sin comer ni beber, entre toneladas de residuos y basura. Alejandro B. vivía solo en El Prat de Llobregat (Barcelona) y fue rescatado el jueves por los Bomberos y una excavadora tras llamar al servicio de emergencias: “No me encuentro bien”, dijo. Ni el Ayuntamiento ni Salud seguían su pista desde 2015, cuando los servicios sociales municipales cerraron su expediente y dejó de recoger sus medicamentos, a pesar de las alertas de los vecinos.

¿Qué falló para que alguien que entró en 2003 en el radar de los servicios sociales terminara viviendo entre sus propios excrementos 20 años después? “Este es un caso muy particular, pero plantea la necesidad de integrar la intervención de los diversos servicios de la administración, especialmente en cuestiones sociales y sanitarias”, reclama Mariona Puigdellívol, directora general de Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS). La Generalitat aprobó en febrero el despliegue de la Atención Integrada Social y Sanitaria, que pretende precisamente evitar casos como este y agrupar dos ámbitos que tradicionalmente trabajan de forma fragmentada. “De este modo garantizamos que alguien dé la voz de alarma”, defiende Puigdellívol.

El Ayuntamiento defiende que en los últimos años no obtuvo información suficiente para reabrir el expediente, cerrado en 2015. “No había indicios”, argumenta Arnau Garcia, responsable de acción social y comunitaria de El Prat. “Él no hace ninguna demanda y no nos llega una información que alerte de un caso grave”. Cuando los servicios de emergencia se personaron tres veces en su casa entre 2018 y 2022 alertados por los vecinos, que aseguraban no saber nada de él, no se activó la alarma porque el hombre aseguraba por teléfono que estaba bien. “Lo más complicado es detectar los casos que requieren ayuda”, prosigue Garcia. Tampoco se activó ningún protocolo en Salud cuando Alejandro B. dejó de recoger sus medicamentos.

Los Mossos d’Esquadra sospechan que Alejandro B. quedó atrapado cuando un montón de basura del interior de la vivienda cayó y bloqueó la puerta por donde recogía la comida que compraba por internet. Sin apenas movilidad, pidió ayuda por primera vez en ocho años. “El Ayuntamiento realizó diversas intervenciones entre 2012 y 2015, hasta que se normalizó su situación en términos sociales: tiene rutinas y va a trabajar”, insiste Garcia. El hombre era informático en una empresa del entorno del aeropuerto, pero el Consistorio desconoce si actualmente estaba en activo y un portavoz del aeropuerto tampoco pudo confirmarlo. Los vecinos lo habían visto ir y venir al trabajo en furgoneta antes de la pandemia, pero después le perdieron la pista porque dejó de salir de casa.

Los expertos reclaman elaborar guías para saber en qué momentos el sistema debe intervenir en pacientes con síndrome de Diógenes, una patología que lleva a las personas a acumular bienes por “un gran apego emocional con los objetos”, según David Córcoles, psiquiatra de un equipo de atención domiciliaria del hospital del Mar. La patología convierte a los vecinos en víctimas indirectas por la convivencia con malos olores, insectos y suciedad, y puede darse una afectación colectiva. “Si hay complicaciones para la comunidad, que es habitual, tenemos que intervenir con una mediación”, defiende el psiquiatra, “pero a veces los pasos administrativos son demasiado lentos”. En el caso de El Prat, los vecinos aseguran que la situación era sostenible porque Alejandro B. vivía con puertas, ventanas y persianas cerradas.

Según Córcoles, actualmente hay unas 300 personas con síndrome de Diógenes entre Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat y la cifra total es mucho mayor: “Es una cuestión que se desarrolla de puertas adentro, que no se ve”, argumenta el psiquiatra, que asegura que la prevalencia de esta patología puede alcanzar el 5% de la población. “Parece mucho, pero es así”, defiende.

¿Hasta dónde puede y debe llegar la administración en la atención de las personas? “En personas con capacidades plenas, la voluntad siempre es suya”, reivindica Garcia. “Es un caso similar al de algunos indigentes, que prefieren seguir durmiendo en la calle a pesar de que se ofrezcan alternativas”, compara. Coincide Puigdellívol: “El sistema tiene que garantizar los derechos a sus ciudadanos, pero no puede imponer una intervención”.

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