El acuerdo entre el PSOE y ERC incluye la condonación de 15.000 millones de deuda a Cataluña

El PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han cerrado finalmente este jueves el acuerdo que garantizará el sí de los republicanos a la investidura de Pedro Sánchez que ambas formaciones han presentado por separado.

El presidente de los republicanos, Oriol Junqueras, ha explicado las contrapartidas arrancadas a los socialistas en una rueda de prensa en la sede del partido. La principal, la condonación de 15.000 millones de la deuda que Cataluña tiene contraída con el Estado mediante el Fondo de Liquidez Autonómica que queda lejos de la exigencia inicial de ERC, conseguir “el fin del déficit fiscal”. Gracias a la quita, además, será posible el ahorro extra en las arcas catalanas de 1.300 millones de euros durante los próximos años, correspondientes al pago de intereses al Estado. Este acuerdo, ha aclarado el PSOE, será extensible a todas las comunidades que tuvieron que recurrir al FLA para financiarse.

La rivalidad entre Junts y ERC ha marcado y marca aún la negociación de la investidura. Los republicanos, aunque también han defendido la amnistía desde el primer momento, han orientado su estrategia de negociación hacia las carpetas económica y social. De ahí que el exvicepresident optara por sacar pecho de la condonación por una cuantía que representa el 20% del total del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) acumulado por Cataluña. Junqueras la ha calificado como “el mayor paso en los últimos años” en la mejora de la financiación de la Generalitat.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha presentado el acuerdo por parte de los socialistas junto al líder del PSC, Salvador Illa, ha recalcado que la medida es extensible a todas las comunidades autónomas y servirá para facilitar su autonomía financiera. Sin embargo, no todas las autonomías se podrán beneficiar en la misma proporción, porque el acuerdo se limita a condonar el aumento de deuda contraído con el Estado a causa de la gran crisis del periodo 2008-2013, pero no de las refinanciaciones de endeudamiento anterior o el que se produjo después de esos años. Por ese motivo, el 20% de quitas para la Generalitat no tiene por qué repetirse en el resto de comunidades.

La medida es un bálsamo para las finanzas del Govern, pero se queda muy lejos de la gran ambición de la Generalitat de tener un mecanismo de financiación propio, que Junqueras ha insistido en lograr en el futuro. Cataluña es con diferencia la comunidad autónoma más endeudada. Los diferentes gobiernos autónomos han tratado de justificar esa losa de casi 87.000 millones en la infrafinanciación que sufría la Generalitat. Hace unas semanas, en una entrevista concedida a EL PAÍS, la consejera de Economía, Natàlia Mas, apuntaba la necesidad de reducir parte de la deuda del mecanismo de crédito en condiciones ventajosas que activó el Estado para rescatar a las comunidades autónomas en apuros tras la recesión del período 2007-2013. Por la vía del FLA, la Generalitat acumula un endeudamiento de entorno a 75.000 millones.

Con la rebaja acordada, la Tesorería de la Generalitat se librará de tener que devolver unos 15.000 millones de euros de capital, más unos 1.300 millones de euros en intereses a lo largo de los próximos años. Es una cantidad que se aproxima a los 22.000 millones de euros de déficit fiscal, cantidad que con frecuencia refieren y denuncian los partidos independentistas. “No hay ninguna medida comparable”, ha destacado Junqueras.

Más allá de las cifras, borrar de un plumazo ese pasivo del balance de la Generalitat supondrá también aflorar recursos disponibles para gastar en otras materias, una fórmula indirecta de inyectar recursos adicionales al presupuesto de la Generalitat.

Junqueras ha puesto el acento en el alcance de los acuerdos de carácter económico y de infraestructuras. En esa rivalidad con Junts, los de Carles Puigdemont lograron desde el primer momento hacerse con el rédito de la amnistía, si bien el republicano ha querido dejar hoy claro que gracias a ellos hay una supuesta ampliación de posibles beneficiados. “Es una amnistía sin exclusiones, para todos. Y sin excepción”, ha dicho. Refugiarse en los aspectos más de la gestión tiene un motivo: en ERC creen que el éxito en estos campos puede sumarle puntos en la futura carrera por revalidar la presidencia de la Generalitat.

El traspaso de Rodalies

En ese camino hay varios avances. En el acuerdo aparecen 1.600 millones de euros hasta 2030 para el despliegue de los Mossos d’Esquadra, inversiones en la administración de justicia y un fondo de 150 millones euros para investigación. Pero el punto más crítico es el traspaso de Rodalies. En 2010, el Gobierno central traspasó a la Generalitat la gestión del servicio ferroviario, pero no la titularidad de las infraestructuras (ahora de Adif) y la operación sigue recayendo en Renfe. Ante la crónica falta de inversión en la red, los fallos en el servicio son constantes y desde hace años la Generalitat defiende que eso acabaría si tuviera el control integral. De momento, solo tres líneas del sistema (R1, R2 y R3) pasarán a manos de una nueva empresa gestora, donde la Generalitat y el Gobierno tendrán igualdad de representación, pero la parte catalana tendrá el voto de calidad. Los asuntos más claves, según el acuerdo, necesitan aprobarse por “mayoría cualificada” y está por verse cómo se articulará ese punto.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha aplaudido el acuerdo con el PSOE sobre la ley de amnistía, pero ha subrayado que ese es solo el inicio del camino. “Una vez conseguida la amnistía, es la hora de avanzar hacia la autodeterminación, hacia el referéndum”, ha dicho Aragonès en la clausura de un acto en la antigua cárcel Modelo de Barcelona —reconvertida en centro cultural— sobre experiencias internacionales en materia de amnistías y resolución de conflictos.

El también coordinador nacional de Esquerra ha asegurado que el objetivo final es la “resolución democrática del conflicto” político que, en su opinión, existe entre Cataluña y el resto del Estado. Y ha aplaudido que el PSOE reconozca que, durante el otoño catalán de 2017 —que culminó con el referéndum del 1-O y la posterior declaración de independencia— “hubo un choque de legitimidades”. “Conseguida la amnistía, es hora de entrar al fondo del conflicto y encontrar una salida apoyada ampliamente por la ciudadanía”, ha reiterado Aragonès, informa Jesús García.

Para el Ejecutivo catalán, esa solución pasa por “el ejercicio del derecho de autodeterminación”, es decir, la organización de un nuevo referéndum que defina el futuro político de Cataluña. En el texto del acuerdo no hay referencia a una votación específica sobre la independencia, pero sí a que se refrenden ante la ciudadanía los acuerdos que se alcancen en la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno central, que continuará. Habrá otra, además, entre partidos, que hará seguimiento de sus trabajos.

Si no puede ver el documento del acuerdo, descárguelo aquí.

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