La revuelta de los funcionarios revela una pugna por el modelo penitenciario en Cataluña

Un nombre propio recorre la crisis abierta en las prisiones catalanas por la muerte, el pasado 13 de marzo, de una trabajadora a manos de un preso, un hecho inédito en la historia reciente de España: Amand Calderó Monfort. Los sindicatos exigen la dimisión del ...

Un nombre propio recorre la crisis abierta en las prisiones catalanas por la muerte, el pasado 13 de marzo, de una trabajadora a manos de un preso, un hecho inédito en la historia reciente de España: Amand Calderó Monfort. Los sindicatos exigen la dimisión del número dos del Departamento de Justicia como condición para sentarse a negociar y poner fin a unas movilizaciones que en la última semana han provocado el confinamiento de miles de presos en sus celdas y que, de seguir adelante, amenazan con quebrar la frágil paz de las cárceles. La Generalitat, en cambio, respalda a Calderó, el alto cargo con más experiencia en la materia y “el mejor profesional para resolver esta crisis”, en palabras de la consejera Gemma Ubasart. En Cataluña hay 8.021 reclusos en los nueve centros penitenciarios de la comunidad, según la estadística oficial de enero, última disponible.

La defensa numantina de Calderó no tiene que ver tanto con la conveniencia de mantenerlo en el cargo a toda costa (tiene 65 años y las elecciones anticipadas en Cataluña están a la vuelta de la esquina) como con la necesidad de respaldar a un profesional que encarna como nadie el modelo penitenciario catalán, diferenciado del que ha imperado hasta hace unos años en el conjunto de España. Dejarlo caer ahora sería casi como aceptar una enmienda a una forma de ver el sistema penitenciario que, desde que la Generalitat asumió las competencias hace justo 40 años, pone el acento en la rehabilitación y la reinserción social de los presos. Un modelo, por otra parte, al que se han acercado tanto el Ministerio del Interior, desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia, como el Gobierno vasco, que asumió la competencias en octubre de 2021, con una apuesta decidida por aumentar el número de reclusos que cumplen sus condenas en tercer grado o semilibertad.

En el trasfondo de las protestas de estos días subyace una pugna, que también es ideológica, por la vigencia de ese modelo, sus límites y su aplicación. Los funcionarios creen que se ha llevado demasiado lejos. Las instrucciones, circulares y protocolos aprobados en los últimos años por Calderó y su equipo, dicen, han mermado su autoridad y les han despojado de medios para afrontar situaciones violentas. “Además de la falta de personal, nuestro gran problema son las políticas del buenismo. Ahora todos los presos han de ser felices y estar contentos. Pero una cárcel no es un colegio, debe haber disciplina. Si una falta de respeto no es corregida, se hace más grande, y del insulto se pasa a la agresión”, denuncia Francina, funcionaria de vigilancia de Mas d’Enric, la cárcel de Tarragona donde Nuria López, jefa de cocina, fue apuñalada mortalmente el 13 de marzo por un interno que cumplía condena por el asesinato, también con arma blanca, de una prostituta.

La muerte de Nuria es, para muchos de los funcionarios que estos días se están movilizando (al margen, incluso, de los sindicatos tradicionales), el corolario de esa escalada. “Hay políticas concretas que han sido nefastas y que han conducido a este asesinato”, denuncia Sandra, que forma parte del equipo de tratamiento de la cárcel de Lledoners (Barcelona), donde permanecieron los líderes independentistas condenados por el procés. “No estamos en contra del modelo, que a temporadas ha funcionado, pero sí de una serie de decisiones que han disminuido la seguridad y han pervertido las normas reglamentarias”, agrega.

La Constitución establece que las penas privativas de libertad deben estar orientadas “hacia la reeducación y la reinserción social”. La ley penitenciaria española, de 1979, subraya que ese es su fin primordial, pero agrega que las instituciones penitenciarias también tienen como fin “la retención y custodia” de los presos. Sandra, que es jurista y criminóloga, cree que Cataluña ha dejado de lado una de esas dos “patas”, la del régimen interior. “Sin régimen, sin seguridad, sin disciplina, no puede haber tratamiento porque no se puede garantizar la convivencia. Y sin tratamiento no hay rehabilitación”.

La polémica por la “contención cero”

Los sindicatos le tienen ganas a Calderó desde siempre por la orientación de sus políticas, que en su opinión favorecen a los presos y van contra los intereses de los funcionarios. Como secretario de medidas penales, reinserción y atención a la víctima, aplicó sanciones contundentes contra los malos tratos, instaló cámaras de vigilancia en zonas conflictivas (como las celdas de aislamiento), impulsó el cumplimiento de penas en tercer grado (semilibertad) para facilitar la reinserción y promovió un programa de prevención de suicidios entre los internos. Pero hubo una decisión en particular que irritó a los trabajadores: la aprobación en 2021, bajo el mandato de Ester Capella (ERC), de una circular que prácticamente imposibilitaba las contenciones mecánicas a los internos.

La contención mecánica consiste en suprimir la capacidad de movimiento de un preso mediante esposas, vetas adherentes o correas de sujeción. Su eliminación era una exigencia reiterada de las organizaciones que trabajan por los derechos de los presos. Cuando la consejera Lourdes Ciuró (Junts) tomó el mando y anunció que volvería a permitir, con límites, las contenciones, Calderó dimitió. Pero la nueva consejera, Gemma Ubasart, sin carné de Esquerra y nombrada por Pere Aragonès, recuperó en el cargo a un profesional que lleva en la sala de mandos de las prisiones en Cataluña desde 1990.

Ese año, presidía la Generalitat Jordi Pujol. En el apogeo de su poder, nombró máximo responsable de Prisiones a Ignasi Garcia Clavel; que, además de situar de número dos a Calderó, ha sido el gran arquitecto y defensor (aún hoy) del modelo penitenciario. “Más que un modelo propio, Cataluña interpretó la ley penitenciaria, que se aprobó en el fragor de la transición y era progresista, en beneficio de la población reclusa, lo cual no significa querer fastidiar a los funcionarios”, cuenta en conversación con EL PAÍS, convencido de que las protestas de estos días están movidas, en el fondo, por una oposición a esa visión de las cárceles.

“Los sindicatos deberían estar con la gente más débil, que es la que está en prisión. Estoy lejos del buenismo: si un tipo ha hecho algo, debe pagar la pena. Pero la pena es la privación de libertad, ninguna otra. Que la Constitución ponga la rehabilitación como base no gusta a muchos”, lamenta Garcia Clavel, ya jubilado. Cataluña, la única comunidad con competencias en prisiones hasta 2021, cuando las asumió también el País Vasco, “ha intentado humanizar el sistema”. “Apostamos por el régimen abierto y creamos programas de rehabilitación específicos para ayudar al cambio de conducta de los internos, algo nada fácil, tal vez utópico en algunos casos, pero que vale la pena intentar”, reflexiona.

Asesinato en clima preelectoral

Garcia Clavel admite la gravedad de un suceso único y cree que debe investigarse, como se está haciendo, por qué Iulian Odriste, un preso condenado por asesinato, acabó trabajando en la cocina, con acceso a cuchillos. Niega, sin embargo, que más coerción traiga mejoras. “Los trabajadores reclaman sprays. Se equivocan. La autoridad se gana de otra manera. Eso no significa que haya que ser ingenuos, hay que vigilar siempre”, dice el ex alto cargo, consciente también de que el “perfil” de recluso es ahora más proclive a la violencia y que los problemas mentales campan en prisión. Justicia admite, como denuncian los sindicatos, que las agresiones han aumentado en prisión, pero subraya que ha hecho esfuerzos para incorporar a nuevos profesionales y que la seguridad también es una prioridad.

Los bloqueos que se sucedieron en las cárceles catalanas durante tres jornadas pusieron en aprietos a un Govern en retirada, con las maletas hechas, más pendiente ya de la contienda electoral del 12 de mayo. El confinamiento de hasta 5.000 presos en sus celdas supuso también un riesgo de quebrar la convivencia en las prisiones. Los funcionarios han puesto fin, por ahora, a esos bloqueos, pero los sindicatos se niegan a sentarse a negociar con Justicia hasta que haya dimisiones. El Ejecutivo de Aragonès, que afrontó con tibieza al principio pero se vio obligado a reaccionar con más ímpetu ante la magnitud de la crisis, se niega a concederlas y defiende a ultranza un modelo penitenciario que ni un hecho excepcional, como el asesinato de Nuria, debe poner en cuestión.

“Los resultados del modelo son razonablemente buenos: ocho de cada diez personas que pasan por prisión no vuelven a entrar”, asegura Ubasart, convencida de que la “evidencia científica” está de su lado porque, cuanta más rehabilitación, menos probable es que se cometan delitos en el futuro y que haya nuevas víctimas. En su comparecencia ante el Parlament, el jueves, la consejera afirmó que, en 40 años, el modelo no ha sido “objeto de excesivas disputas partidistas”, algo que también parece haber cambiado ahora. Partidos como PP, Ciudadanos y Vox le reprocharon que, por mucho que sirva a los internos, un modelo que no contiene la violencia en las prisiones no funciona.

Si los trabajadores, agrupados en la plataforma Camisetas Negras, retoman los bloqueos, la situación para el Ejecutivo de Aragonès, a escasas semanas de los comicios, puede volverse insostenible. García Clavel recuerda que él mismo fue destituido por el president en 1999, cuando miembros del Gobierno empezaron a acusarle, como a Calderó ahora, de trabajar “demasiado a favor del preso”. “Pujol ya lo decía: las prisiones no dan votos, pero pueden quitarlos”.

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