Aragonès firma la paz con los funcionarios de prisiones el primer día de campaña

El Govern ha vuelto a apagar, en el tiempo de descuento, el último incendio desatado con los trabajadores públicos catalanes. En la madrugada del primer día de campaña electoral, y minutos antes del inicio de una jornada de huelga, los departamentos de Justicia, Economía y Trabajo alcanzaron un acuerdo con los funcionarios de prisiones, inmersos en movilizaciones masivas para reclamar mejoras laborales y de seguridad tras la muerte, a comienzos de marzo, ...

El Govern ha vuelto a apagar, en el tiempo de descuento, el último incendio desatado con los trabajadores públicos catalanes. En la madrugada del primer día de campaña electoral, y minutos antes del inicio de una jornada de huelga, los departamentos de Justicia, Economía y Trabajo alcanzaron un acuerdo con los funcionarios de prisiones, inmersos en movilizaciones masivas para reclamar mejoras laborales y de seguridad tras la muerte, a comienzos de marzo, de una cocinera en la cárcel de Mas d’Enric de El Catllar (Tarragona) a manos de un preso. Es otra de las ágiles maniobras del Ejecutivo de Aragonès para restablecer las deterioradas relaciones con los 374.442 empleados públicos catalanes, que siempre representan un buen puñado de votos en contiendas electorales como las del 12 de mayo, a las que el candidato de ERC llega por detrás del PSC en los sondeos.

El acuerdo es generoso con los funcionarios de prisiones. El principal apartado, el que tiene que ver con las retribuciones, fija una mejora del 13% (que puede llegar al 22% en los trabajadores de régimen interior) del complemento específico. Según el sindicato UGT, mayoritario, la mejora puede suponer un aumento de hasta 10.000 euros al año. Justicia señala, sin embargo, que el incremento medio será de 225 euros al mes (para el personal de vigilancia interior) y de 200 euros o menos en el personal de rehabilitación y oficinas. La Administración pagará más por las horas extra (un 40% más, según UGT) y compensará a quienes trabajen en domingos y festivos. El Departamento de Justicia implantará, además, un nuevo “régimen organizativo de jornada y de horarios”, con un calendario que facilite la conciliación laboral, y también actualizará los días de permisos y licencias para equipararlos al resto de los funcionarios.

La administración se ha comprometido a impulsar la “formación y profesionalización” del colectivo, a elaborar un plan actualizado de prevención de riesgos laborales y a mejorar en materia de seguridad, una de las reivindicaciones clave de los funcionarios tras el aumento de agresiones en los centros penitenciarios catalanes. Según un comunicado difundido por UGT, el pacto incluye en particular la sustitución de los internos en cafeterías por personal externo y una revisión de la circular sobre régimen cerrado.

Fuentes del Departamento de Justicia subrayan que la voluntad de introducir “mejoras organizativas y laborales” en el ámbito penitenciario viene de lejos y “no ha sido una cuestión sobrevenida” a raíz de la crisis provocada por la muerte de la trabajadora de Mas d’Enric y la consiguiente movilización de funcionarios. La convocatoria electoral ha “acelerado la necesidad de cerrarlo lo antes posible” para que pueda implementarse. El acuerdo, firmado con los sindicatos UGT (mayoritario), CC OO, IAC-CATAC e Intersindical, se ha cerrado en pleno arranque de la campaña electoral, escasos minutos antes de que comenzase la primera jornada de huelga convocada por los sindicatos y después de cinco jornadas de negociaciones.

El acuerdo, el primero que se firma desde 2006, empezó a negociarse el pasado mes de enero. El Departamento de Economía dio luz verde a Justicia para iniciar las conversaciones, que debían incluir mejoras. Las partes se dieron un plazo de seis meses pero, finalmente, el tiempo ha tenido que recortarse por el anticipo electoral. El pacto supone, según Justicia, una “mayor eficiencia en la prestación del servicio” y un “reconocimiento a la tarea de los trabajadores”. UGT se ha felicitado por el acuerdo y ha recordado que tiene “rango de convenio colectivo”, de modo que es “de obligado cumplimiento”, sea cual sea el color político que salga de las elecciones del 12-M.

Funcionarios en pie de guerra

Además de la ley de amnistía y la criticada gestión de la sequía, que conllevó a las recientes movilizaciones de miles de agricultores y ganaderos en diferentes puntos de Cataluña, la Generalitat ha tenido que encauzar varios rompecabezas entre los diferentes sectores públicos donde las aguas estaban revueltas. Tras el rechazo a los presupuestos, la consejería de Educación se apresuró en detallar esta semana las medidas que estaban previstos para el siguiente curso académico, muy solicitadas por los docentes, como los planes de mejora en la comprensión lectora o una maleta escolar para la asignatura de Matemáticas que tiene un valor de 600 euros. Aunque aún colea entre los profesores la necesidad de aumentar la plantilla de los institutos en varias especialidades como Lengua Catalana o Tecnología.

La relación entre los Mossos d’Esquadra y el Departamento de Interior, que dirige Joan Ignasi Elena, tampoco ha sido mucho mejor que en el resto de sectores con trabajadores públicos. Desde el sindicato Fepol, su portavoz Toni Castejón señala a este periódico que hay peticiones aún sin atender y que el diálogo es “inexistente desde hace varios años”. “Se afanan en vender que somos un cuerpo de última generación cuando tenemos deficiencias básicas en material”, señalan estas fuentes de la agrupación. Las mismas voces afirman que desde Interior “se vende la imagen de que tenemos un cuerpo de protección moderno con ciberseguridad y drones, cuando nos faltan herramientas básicas como [pistolas] taser o coches”. En los últimos tres años, el Govern de ERC ha contratado 2.800 mossos, según afirmó la semana pasada Elena, para atender la demanda del cuerpo de seguridad, aunque desde Fepol reclaman más efectivos.

Las enfermeras catalanas también estuvieron meses atrás hasta 40 días en huelga para reivindicar mejores turno de trabajo, un incremento salarial y protestar contra el convenio del Instituto Catalán de la Salud (ICS), que los sindicatos sanitarios mayoritarios consideraban que beneficiaba solo a los médicos. Con una alta presión en los hospitales en plena epidemia por gripe, el conseller de Salud de Cataluña, Manel Balcells, consiguió llegar a un acuerdo con las sanitarias para desconvocar las movilizaciones.

El último episodio que ha resuelto el Govern de Aragonès, a las puertas de las elecciones, ha sido en el sector penitenciario, dependiente del departamento de Justicia, que preside Gemma Ubasart y que fue criticada por los sindicatos de los funcionarios de prisiones. De hecho, la vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, tomó las riendas de las negociaciones con las agrupaciones de estos trabajadores para encarrilarlas y calmar las aguas revueltas. “No hemos alcanzado este acuerdo histórico solo para parar las movilizaciones, sino para atender las reivindicaciones que los funcionarios llevan pidiendo durante años”, señaló ayer la vicepresidenta.

Extinguir el fuego entre los cerca de 380.000 trabajadores públicos puede resultar crucial en la remontada que Aragonès debe acometer ante los resultados del barómetro electoral del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), que dan como ganador de los próximos comicios catalanes al PSC de Salvador Illa, que obtendría entre 40 y 47 escaños. ERC conseguiría hasta 37 asientos y, Junts, hasta 34. Aunque la mayoría de estos empleados públicos trabajan para la Generalitat (cerca del 60%), existen diferentes tipos de contrataciones. Unos 75.000 empleados son interinos que ocupan temporalmente plazas fijas en lugares como los ayuntamientos (unas 25.000 personas) hasta que se convocan las oposiciones pertinentes para el puesto. El proceso, que se puede alargar durante varios años, ha llevado a que el Govern tenga que realizar estabilizaciones en las bolsas de trabajo, como ha ocurrido en Educación, donde el proceso de adjudicación de plazas comenzó hace dos años y concluirá este sábado. En los consejos comarcales y órganos supramunicipales, como las mancomunidades, hay 13.000 empleados públicos y, en las cuatro diputaciones, alrededor de 6.000 personas. En este 40% restante de personal, también se encuentran figuras como el profesor asociado de las universidades, que ha accedido al puesto a través de un contrato con carácter indefinido o temporal.

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