La Generalitat lanza un plan de 944 millones para paliar el impacto en la Comunidad Valenciana de la guerra en Ucrania
El presidente, Ximo Puig, explica que 385 millones de euros se destinarán a empresas, familias y autónomos, 380 a medidas para el ahorro energético y 71 contra la inflación
La Generalitat ha presentado este jueves el Plan Reactiva de respuesta frente a la emergencia energética y la inflación, que tendrá una dotación inicial global de 944 millones de euros y pretende “minimizar” el impacto de la guerra en Ucrania y reactivar la recuperación económica de ...
La Generalitat ha presentado este jueves el Plan Reactiva de respuesta frente a la emergencia energética y la inflación, que tendrá una dotación inicial global de 944 millones de euros y pretende “minimizar” el impacto de la guerra en Ucrania y reactivar la recuperación económica de la Comunidad valenciana.
El plan prevé destinar destinar 385 millones a ayudas a empresas, familias y autónomos; 380 millones a medidas de eficiencia y ahorro energético; 71 millones a la lucha contra la inflación, y 68 millones para la aceleración de la autonomía energética, según ha explicado este jueves el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
El Plan Reactiva estará financiado con fondos propios de la Generalitat, así como con fondos europeos y del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, y contempla ayudas complementarias a las aprobadas por el Gobierno de España.
Esas ayudas se destinarán a compensar a las industrias intensivas en energía, a los autónomos de los sectores castigados y a los grupos de población más perjudicados por la subida de costes energéticos, a las que se destinarán 425 millones.
Del mismo modo, incluye acciones para aumentar la eficiencia y el ahorro energético, a lo cual se destinará 380 millones, y medidas para acelerar la transición energética y evolucionar hacia la autonomía energética de la Comunidad Valenciana, que contarán con un total de 68 millones.
En concreto, contempla una reducción mínima del 10 % en las tasas y precios públicos autonómicos, como los de la enseñanza musical, artística y de idiomas, que beneficiarán a 100.000 estudiantes; el fomento del título único Suma en las redes de Cercanías y una bajada del 50 % en el TRAM de Alicante.
También la exención total de las tasas a los pescadores por el uso de los puertos autonómicos, que beneficiará a 700 armadores, 1.700 marineros y 17 cofradías, y se incrementará, hasta el 30 %, el bono de ayuda energética para familias vulnerables que perciben la Renta Valenciana de Inclusión.
La Generalitat concederá asimismo 45 millones, en bonos de 100 euros que podrán recibir durante 3 meses, para los autónomos más afectados por la crisis energética, y 50 millones en ayudas para empresas que dependen del gas y que no están incluidas en las medidas estatales.
El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) inyectará 110 millones en instrumentos financieros para empresas que hayan sufrido una caída de ingresos, entre ellas las estaciones de servicio.
Se ha previsto además una ampliación en 10 millones de euros de la partida destinada a bonificar la contratación de seguros agrarios; 18,6 millones en ayudas a la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías, y ayudas dirigidas a la mejora de la eficiencia energética.
Puig ha precisado que es el plan más importante puesto en marcha por una comunidad autónoma, y será “dinámico” pues estará abierto a la incorporación de nuevas ayudas.
En la presentación del plan han intervenido también el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, la secretaria general de CCOO-PV, Ana García, y el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, que han avalado el documento y han coincidido en el hecho de que nazca del diálogo social y con la cooperación de los agentes sociales.
Navarro ha felicitado las medidas pero ha precisado que en estos momentos lo que más agradecería el sector privado sería un paquete de ayudas directas para los sectores más afectados, el aplazamiento de nuevas iniciativas que supongan más trámites administrativos para el tejido productivo y que se pospongan las alzas impositivas previstas como mínimo hasta que la coyuntura mejore.