Alfonso Rus se vuelve a sentar en el banquillo por el ‘caso Taula’

La Audiencia de Valencia juzgará, a partir del martes al expresidente de la Diputación provincial, Alfonso Rus (PP) y a otras siete personas acusados de los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, falsedad documental y blanqueo de capitales. La acusación y el juicio se basan en las irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación de un centro de atención telefónica, un call center, por parte de la empresa pública Imelsa, dependiente de la corporación provincial, ent...

La Audiencia de Valencia juzgará, a partir del martes al expresidente de la Diputación provincial, Alfonso Rus (PP) y a otras siete personas acusados de los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, falsedad documental y blanqueo de capitales. La acusación y el juicio se basan en las irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación de un centro de atención telefónica, un call center, por parte de la empresa pública Imelsa, dependiente de la corporación provincial, entre los años 2013 y 2016.

La investigación formó parte del llamado caso Taula y en el banquillo se sentarán también el Yonqui del dinero, Marcos Benavent, que fue gerente de Imelsa, dos empresarios, uno de ellos el suegro de Benavent, y un funcionario, que trabajaba en la Diputación de Valencia y que era el responsable del contrato presuntamente amañado. La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de cárcel para Alfonso Rus, cuatro años y medio para Marcos Benavent y 13 años para su suegro.

Al juicio al que, muy posiblemente, no tendrá que enfrentarse el también exlíder del PP de Valencia, Alfonso Rus, es al de otra parte de la investigación del mismo caso Taula, la concerniente a las irregularidades detectadas en la empresa pública Ciegsa, encargada de la construcción de colegios. El sobreseimiento de esta causa está pendiente de la resolución del juzgado después de que la Fiscalía Anticorrupción haya solicitado el archivo, después de siete años de pesquisas, al considerar que el presunto delito de cohecho, cometido entre 2005 y 2006, está prescrito. El fiscal anticorrupción Fernando Maldonado señala en su escrito que “tanto Máximo Caturla [que fue secretario autonómico de Educación] como Marcos Benavent como Alfonso Rus, con claro desprecio por la causa pública y en beneficio propio, cobraron ciertas cantidades de dinero de las construcciones adjudicadas” pero, según añade, no puede establecerse una perfecta correlación entre el dinero recibido y una concreta obra adjudicada. La causa tiene su origen en unas grabaciones en las que se oye a Alfonso Rus y al Yonqui del dinero contando billetes de las supuestas mordidas.

Rus está pendiente además de la sentencia de uno de los dos juicios del caso Imelsa en el que se enfrenta a una petición de 12 años de prisión por la contratación de al menos 15 personas, los llamados zombis, en dos empresas públicas que dependían de la Diputación de Valencia y de la Generalitat cuando ambas instituciones estaban gobernadas por el PP. Diez de ellos reconocieron que no habían trabajado para estas instituciones.