PP y Vox diseñan en Valencia una zona de bajas emisiones blanda
Solo los vehículos sin etiqueta medioambiental tendrán prohibido circular a partir de 2028 pero el resto no se verá afectado
Valencia, con un gobierno local de PP y Vox, ha respondido a las exigencias medioambientales del Gobierno español con el diseño de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) blanda, de mínimos, que prohibirá circular por la capital solo a vehículos considerados por la DGT como lo más contaminantes, los de la clasificación A, y que no será plenamente efectiva antes de cuatro años, ha anunciado el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell. “Queremos proteger los intereses económicos y sociales de la ciudad”, ha justificado el edil del PP, que cifra, a día de hoy, en 36.000 los vehículos que circulan por la capital sin etiqueta medioambiental, estén matriculados dentro o fuera del municipio. Los socialistas denuncian que es una regulación de mínimos que no busca en ningún caso reducir la contaminación y Compromís añade que hacerlo peor “es sumamente difícil”.
La prohibición de circular afectará a turismos, motocicletas y ciclomotores —no a los camiones— con distintivo A, es decir los vehículos con motor de gasolina y 27 años de antigüedad (a fecha de 2028) o con motor diésel y 22 años, según el borrador de ordenanza aprobado por los dos partidos de gobierno el viernes pasado. Su aplicación será de carácter progresivo: en 2025 no habrá sanciones y la ordenanza se aplicará solo a título informativo; a partir de 2026 los que porten la etiqueta A y sean de fuera de la provincia de Valencia no podrán entrar a Valencia, en 2027 no podrán hacerlo los que sean de fuera de la ciudad, y solo a partir de 2028 tendrán vedada la circulación los matriculados en el municipio.
“Son antigüedades más que razonables”, ha subrayado Carbonell que ha desplegado, además, una larga lista de excepciones. Quedarán exentos de cumplir la ordenanza los vehículos de empresa o de autónomos, se excluyen los vehículos de conductores con discapacidad permanente o temporal, los de embarazadas, familias numerosas o familias con menores de tres años. Los afectados por las prohibiciones podrá circular un total de 48 días al año —supone de media, una vez a la semana— y el consistorio pondrá a su disposición un título gratuito de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) durante dos años.
La ordenanza recoge dos zonas de bajas emisiones en la capital: una más laxa que abarca toda la ciudad y otra más estricta que afecta a la APR de Ciutat Vella, la del casco histórico, que conservará los criterios actuales —solo pueden acceder vecinos y algunos colectivos más como comerciantes o taxistas— y se le sobrepondrán los criterios de la ZBE genérica. En definitiva, en Ciutat Vella solo podrán acceder a partir de 2028 los vecinos siempre y cuando tengan vehículos con etiqueta medioambiental.
La ZBE genérica establece que los vehículos más contaminantes podrán circunvalar la ciudad a través de las rondas norte y sur y la avenidas de Serrería y los Naranjos. Sin embargo, esos vehículos no podrán entrar en la capital porque habrá 278 cámaras distribuidas por todo el término municipal para impedir el acceso al área restringida. Las sanciones se considerarán graves y ascenderán a 200 euros. El Ayuntamiento ha anunciado que en los próximos meses pondrá a disposición de los ciudadanos un sistema para consultar si sus vehículos pueden beneficiarse de alguna de las excepciones de la futura ordenanza.
Los datos que maneja el Ayuntamiento son, a fecha de hoy, que un 32% del parque móvil de la capital tiene la etiqueta A, es decir, un total de 132.016 vehículos. No obstante, asegura el concejal, este es un número teórico porque los estudios hechos en los últimos meses con las cámaras de tráfico advierten de que solo un 8% de esos vehículos circulan habitualmente. Por la capital del Turia —ya sean matriculados dentro o fuera— circulan 36.480 vehículos de la tipología A, de los cuales 16.000 están censados en Valencia. “Y en 2028 serán menos todavía”, ha expuesto Carbonell.
Los socialistas lamentan que el PP no haya aceptado su mano tendida para aprobar una ordenanza comprometida contra la contaminación de la ciudad. “Es una ordenanza que no se basa en ningún dato objetivo que mida el impacto de estas medidas sobre la contaminación y en el expediente no consta tampoco ningún informe técnico que avale ni la elección del calendario ni el tipo de etiqueta que es elegido ni todas las excepciones consideradas”, ha destacado la concejala María Pérez.
Giuseppe Grezzi, edil de Compromís, considera que el borrador “confirma la renuncia del PP a cumplir el objetivo de las ciudades Misión de la UE de reducir las emisiones y los contaminantes para 2030 en un 80%”. “Hacerlo peor es sumamente difícil, pero a estas alturas a pocos nos sorprende la siguiente barbaridad que pueda presentar un gobierno de negacionistas medioambientales como de de María José Catalá”, ha criticado.
El nuevo Gobierno local de Valencia ha mostrado durante el año que lleva al frente del Ayuntamiento su resistencia a regular estas zonas si la capital no sobrepasa los niveles de contaminación y su socio de gobierno, Vox, manifestó desde un principio que la nueva regulación iba a ser mínima después de pronunciarse públicamente y en varias ocasiones en contra de las ZBE.
La ley de Cambio Climático obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes a elaborar una ordenanza para reducir la contaminación de las urbes. El anterior gobierno local de Valencia, de Compromís y PSPV, licitó y adjudicó la instalación de cámaras, cableado y sensores para el control de las ZBE y avanzó el plan de participación ciudadana pero no completaron la ordenanza o reglamento que delimitara las zonas antes de las elecciones de mayo de 2023.