Presión máxima sobre Mazón

Carlos Mazón ha aguantado cuatro meses en la Presidencia de la Generalitat tratando de centrifugar responsabilidades, cambiando sus versiones sobre qué hizo y con quién habló el día de la dana que provocó la muerte de 227 personas en Valencia. Pero la tensión se ha desatado en los últimos días. Las decisiones de la jueza que investiga la gestión de la catástrofe, el sumario con detalles de ...

Carlos Mazón ha aguantado cuatro meses en la Presidencia de la Generalitat tratando de centrifugar responsabilidades, cambiando sus versiones sobre qué hizo y con quién habló el día de la dana que provocó la muerte de 227 personas en Valencia. Pero la tensión se ha desatado en los últimos días. Las decisiones de la jueza que investiga la gestión de la catástrofe, el sumario con detalles de cómo murieron algunas de las víctimas, el desparpajo con el que el dirigente popular ha retorcido la realidad, su último cambio de estrategia y la respuesta social cercan a Mazón, al que en el PP ya consideran un desahuciado político.

Cuatro meses después de que unas lluvias torrenciales arrasaran decenas de pueblos, esta semana se ha sabido dónde estaba el jefe de la administración que tiene la competencia para gestionar las emergencias. Mazón llegó a la reunión del órgano de coordinación de los medios para afrontar la catástrofe a las ocho y media de la tarde, saludando desenfadadamente a la persona de seguridad que se encontraba en la puerta del Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi). Lo hizo cuando la mayoría de los más de dos centenares de víctimas ya habían muerto, tal y como ha desvelado el sumario. Llegó después de participar en una comida de tres horas tras la que se fue a su despacho en el Palau de la Generalitat Valenciana, aún no se sabe a qué.

Es el último giro de cuatro meses de bandazos continuos de Mazón. Mientras tanto, la presión social sobre él se acentúa a medida que pasan las semanas y se conocen más detalles de su actuación el día de la tragedia y en las jornadas posteriores. Este mismo sábado ha decidido no acudir a la primera mascletà de las Fallas. Una inusual ausencia, que contrasta con la asistencia de Diana Morant, ministra y líder de los socialistas valencianos, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Estos son algunos de los vaivenes y los escenarios a los que se enfrenta:

Presión social. La ciudad de Valencia ha acogido ya cinco manifestaciones multitudinarias en las que se ha pedido la dimisión de Carlos Mazón. Ayer, fueron cerca de 30.000 personas, según la Delegación del Gobierno. Este mes es crucial con la fiesta de las Fallas. Tras los últimos altercados es difícil que Mazón pueda salir a la calle o asomarse al balcón del Ayuntamiento, desde el que invitados y autoridades valencianas presencian la mascletà, sin recibir gritos, insultos y abucheos. No poder participar de la fiesta grande se convertirá en un hito sin precedentes, hacerlo será someterse a una prueba de fuego.

Presión judicial. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, investiga la gestión de la dana ante la posibilidad de negligencias con responsabilidad penal. En apenas una decena de autos y la petición de algunas diligencias, la magistrada ha marcado el camino que ha desbaratado el relato de Mazón. Han sido las pesquisas las que le han obligado a decir que no llegó al Cecopi antes de la alerta. Tampoco puede jugar ya el president con la corresponsabilidad de la gestión de las emergencias, que ha dejado claro que son competencia autonómica. Ni se puede esconder tras la excepcionalidad de la dana, después de que la jueza hablara de “la palmaria ausencia de avisos a la población, que no pudo tomar ninguna medida para protegerse”. La magistrada, tras recopilar los testimonios de los familiares de las víctimas, a los que Mazón no ha recibido aún, ha descrito “un episodio dantesco, un infierno real de destrucción, muerte y finalmente oscuridad”. Es escaso el margen de retórica ante estas palabras y, quizá por ello, hay rumores cercanos a la Generalitat que señalan que la empatía se debe a una relación personal con algún afectado. Fuentes cercanas a la jueza desmienten esta suposición. Además, nadie la ha recusado.

Martes, 29 de octubre. El presidente de la Generalitat ya ha reconocido que, pese al aviso rojo de lluvias y a los primeros problemas en el interior de la provincia de Valencia, no modificó su agenda. Esta incluía una comida en el restaurante El Ventorro con una periodista a la que le iba a ofrecer la dirección de la televisión pública valenciana. Nada urgente. Llegó sobre las tres y se fue alrededor de las seis a su despacho, según su relato. La relación de desplazamientos de su coche oficial podría verificar esta secuencia, pero se ha negado a darla mientras su credibilidad es cada vez más frágil. Los gritos de “asesino” a los que se ha visto sometido en varias ocasiones han mutado a “mentiroso”. Finalmente, llegó al órgano de coordinación de emergencias, el Cecopi, a las 20.28, según ha desvelado esta semana. Lo ha hecho cuando la jueza ha pedido una relación de las personas que se encontraban en esa reunión cuando se envió la alerta masiva a los móviles, a las 20.11. Mazón no estaba. En estos cuatro meses ha dicho que llegó “a partir de las siete” y “a media tarde”, una contradicción que solo para él no son un cambio de versión. Tampoco concuerda que dijera que a las 20.20 no recibió un SMS (mensaje de móvil) de la ministra Teresa Ribera porque había problemas de cobertura en el Cecopi, aunque a esa hora aún no había llegado.

Las llamadas. Mazón se ha negado a entregar en las Cortes valencianas un documento oficial con la información sobre las llamadas que hizo ese día. Ha dicho que fueron 16. Ninguna al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que dijo haber estado informado en todo momento gracias al presidente autonómico. Tampoco habló con “varios alcaldes”, tal como había dicho. Solo con el de Finestrat, a más de 100 kilómetros de la dana y porque es portavoz del PP en las Cortes; el de Gabarda, porque es presidente de la Diputación; y el de Cullera, donde no llovía y al que no le habló de la dana. Al dar a conocer sus conversaciones, Mazón debió pensar que estaba haciendo un ejercicio de Transparencia y lo que ha desvelado es que, al margen de las cuatro llamadas con la consejera, solo habló con una persona que estaba gestionando las consecuencias de la lluvia: un responsable del Metro.

El Cecopi. Mazón se incorporó cuando la reunión llevaba tres horas y media. La convocatoria, para las cinco de la tarde, ya había sido tardía en comparación, por ejemplo, con la dana de 2019, cuando se reunió 48 horas antes de que comenzara el episodio de lluvias. El Cecopi es el “órgano superior de gestión de emergencias”, según la normativa valenciana, que señala también que “en la dirección de las emergencias, cuya competencia corresponda a la Generalitat Valenciana, el director del Plan será el conseller competente en materia de Protección Civil y Emergencias, que asumirá las funciones de Mando Único”. Por debajo de este existe un comité de dirección integrado por un representante de la Generalitat y un representante de la Administración General del Estado.

El presidente de la Generalitat valenciana ha hecho trilerismo verbal para señalar al Gobierno central como responsable de las decisiones que allí se tomaron. Ha hablado de un órgano colegiado, cuando no se vota nada, y de acciones que se adoptan por consenso. Esa competencia que pretende atribuir a los representantes del Gobierno choca con los apagones a los que les sometió durante la tarde. La Generalitat llevó a negro las cámaras a través de las que participaban telemáticamente en, al menos, dos ocasiones. La primera, en la que apagaron para “reflexionar”, según dijeron, a las siete de la tarde y durante más de una hora; y la segunda, cuando se quedaron solos, sobre las ocho, para redactar el mensaje de la alerta en el que solo se recomendaba no circular. La portavoz del Consell, Susana Camarero, aseguró que la reunión no se había interrumpido. La jueza que investiga la gestión de la dana ha cortado esos intentos de compartir la responsabilidad y en un auto ha dejado claro que “la competencia en materia de protección civil es autonómica”.

Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP ha mostrado su apoyo a Mazón tantas veces como le ha dado la espalda. Le arropó en un principio y le reprochó no haber solicitado la declaración de emergencia nacional después. Le exigió que no cometiera más errores, pero dejó que los barones le aplaudieran. Llegó tarde al funeral por las víctimas y no acudió a un desayuno en Madrid con el dirigente autonómico como invitado principal. “Noqueado” ha sido uno de los calificativos que le ha dedicado en estos meses.

La Agencia Estatal de Meteorología. El principal argumento del presidente de la Generalitat es que no estuvo informado. La Aemet llevaba días advirtiendo de lo que se acercaba. El día 29 lanzó un aviso rojo, excepcional y máximo, a las siete y media de la mañana. La Agencia marcó un umbral de lluvias de, al menos, 180 litros por metro cuadrado. Es un umbral, como todo el personal de Emergencias conoce, que sitúa un mínimo. A más de 40 kilómetros de pueblos como Catarroja y Paiporta se registraron más de 700 en 12 horas. A las 12.00, una meteoróloga, en conversación con una técnico de Emergencias, advirtió de que lo peor iba a llegar entre las 15.00 y las 18.00. La frase es tan rotunda que prácticamente ha silenciado la baza de señalar a la Aemet con la que jugaba el dirigente del PP.

El barranco del Poyo. La catástrofe se produjo, principalmente, por el desbordamiento del barranco del Poyo y el río Magro. El presidente de la Generalitat ha apuntado, en este caso, a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como responsable de un apagón informativo. La CHJ tiene un sistema automático de Información Hidrológica que ofrece información pública en tiempo real. Además, estuvo informando a Emergencias que, con esa información, lanzó dos alertas hidrológicas: una a las 12.20, por la crecida de la rambla del Poyo, y otra a las 17.30, por el aumento del caudal en el río Magro. La Confederación no remitió ningún correo entre poco después de las 16.00 y poco antes de las 19.00, horas en las que los esfuerzos de los técnicos se centraron en la presa de Forata, en peligro por la cantidad de agua acumulada y que suponía un riesgo mucho mayor que cualquier otro punto. Aun así, el presidente de la Diputación, Vicente Mompó, sabía, sobre las 17.30, que el barranco se había desbordado en Chiva. “Creo que no lo conté en el Cecopi, pero entiendo que si fue así es porque ya se sabía”, admitió. Tres horas antes, la consejera de Emergencias, Salomé Prada, pedía a través de las redes sociales “mucha precaución a los vecin@s de los municipios por donde discurren el río Magro y el barranco del Poyo”.

Los barones del PP. Ante un Mazón enrocado en su puesto, aumenta la presión para que vaya pensando en la dimisión. Según fuentes del PP, a él se están acercando compañeros de partido que tratan de hacerle ver que ha de mirar por él mismo, por su familia y sus hijos, que ha de centrarse en su defensa. El líder del PP valenciano ha tenido hasta ahora entre sus aliados al presidente murciano, Fernando López Miras; al andaluz, Juanma Moreno Bonilla; y a la madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Ninguno ha mostrado en los últimos días su apoyo al valenciano. Crece la tensión también desde dentro.

La alternativa. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, es la alternativa más clara a Carlos Mazón que, según fuentes del PP, se remueve en contra del relevo no solo por querer aferrarse al cargo sino porque sería reconocer como autoridad a uno de sus adversarios dentro del partido, Esteban González Pons. El PP no tiene muchas cartas mejores. Catalá es ya diputada autonómica, requisito imprescindible para ocupar la presidencia de la Generalitat. Hasta ahora había rechazado hacerse cargo ya del Gobierno autonómico, pero alguien le ha ido recordando que una dana requiere de sacrificios por parte de todos.

Vox. En manos de la formación ultra está el poder hacer un cambio en la presidencia de la Generalitat valenciana, ya que un nuevo candidato debería contar con los votos de sus diputados puesto que el PP está en minoría. Hasta ahora, Vox ha criticado mucho al Gobierno central y al presidente Sánchez, y poco a la administración autonómica. El portavoz en las Cortes, José María Llanos, ha dedicado sus palabras más duras al segundo escalón. Lo hizo con el secretario autonómico de Emergencias, antes de que Mazón lo destituyera, y ahora ha fijado la vista en el vicepresidente y consejero por la reconstrucción, el general Francisco José Gan Pampols. Vox salvó a Mazón en una votación en la que se pedía su dimisión y ya ha dicho que no votaría a favor en una supuesta moción de censura de la oposición.