El cambio climático se hace un hueco en la campaña

“Mientras unos amplían la Fira de Barcelona para generar riqueza y actividad económica, otros bloquean la ampliación del aeropuerto. ¿Cómo va a venir la gente? ¿En patinete? El Prat es el sexto aeropuerto de Europa. ¿Cómo vamos a perder esto?”

Salvador Illa, candidato del PSC, lanzó esa frase este martes en un mitin en L’Hospitalet (Barcelona) en esta campaña del 1...

“Mientras unos amplían la Fira de Barcelona para generar riqueza y actividad económica, otros bloquean la ampliación del aeropuerto. ¿Cómo va a venir la gente? ¿En patinete? El Prat es el sexto aeropuerto de Europa. ¿Cómo vamos a perder esto?”

Salvador Illa, candidato del PSC, lanzó esa frase este martes en un mitin en L’Hospitalet (Barcelona) en esta campaña del 12-M provocando sonrisas en el auditorio y generando después unas furibundas reacciones en contra del resto de partidos de izquierda como los comunes y la CUP, aunque también de Esquerra. “De todos los candidatos del PP, Illa es el que más me gusta es Illa”, ironizó el consejero republicano Joan Ignasi Elena. El procés podrá condicionar los futuros pactos poselectorales pero ha dejado de monopolizar la escena y ya no es el rey de los debates. El cambio climático, en todas sus vertientes y variables, ha emergido con fuerza. Y aquí todas las alianzas previsibles saltan por los aires.

La crisis ambiental, agudizada en Cataluña por una sequía extrema que las lluvias del último mes parecen estar aliviando, ha tenido de hecho un protagonismo capital y ha sido uno de los nervios que ha recorrido la legislatura. Tras una negociación agónica, ERC y Junts firmaron en 2021 un frágil gobierno de coalición que apenas duró un año y que a las primeras de cambio sufrió un fuerte encontronazo a propósito de la ampliación del aeropuerto, ahora al límite de su capacidad con 55 millones de pasajeros al año. El entonces vicepresidente y consejero de Territorio, Jordi Puigneró (Junts), alcanzó un principio acuerdo con el Ministerio y la inversión de AENA de 1.700 millones de euros que el president Pere Aragonès (ERC) no validó. Miles de personas pidieron en la calle en 2021 paralizar el proyecto porque entienden que aumentará la emisión de gases y afectará zonas protegidas que rodean al aeropuerto.

El futuro de la infraestructura flota en esta campaña en la que la tradicional política de bloques del procés se cae como un castillo de naipes. El PSC y Junts comparten la misma visión de esa ampliación aunque el partido de Carles Puigdemont pone más el acento en tener la gobernanza de la infraestructura. Ayer, en un mitin en Argèles (Francia), el expresident Carles Puigdemont pidió “no tener miedo a la pancarta” para tomar decisiones sobre El Prat ni tampoco a “los intereses electorales del PSC” que, dijo, están frenando la infraestructura. Este sector, con el apoyo de la bancada de la derecha, coincide en que Cataluña no puede estar sometida a la cultura “del no” y defienden la obra pese a los costes ambientales.

En el otro flanco, los comunes y la CUP se dan la mano y Esquerra, tras nadar entre dos aguas, ha presentado este abril un proyecto que desestima la ampliación y apuesta por modificar el funcionamiento de las pistas del aeropuerto para aumentar su capacidad en verano y preservar así la laguna protegida de La Ricarda. Los municipios afectados por la sombra sonora que causarían los aviones los regenta el PSC y el PP. Ahora, el asunto está en una comisión mixta formada por el Gobierno central y la Generalitat que debe determinar el modelo a final de año, si es que el acuerdo cerrado por ERC y PSOE no expira con el nuevo govern.

Convencido de que hay que priorizar la preservación de ese espacio protegido, Aragonès defendió su plan señalando que el aeropuerto debe atender a las necesidades del país y no a las de “una empresa cotizada” [Aena] y que, por tanto, dijo, “tiene como interés una buena retribución de los accionistas”. La ampliación es tan de vital importancia para el PSC que ya lo puso como condición para aprobar los presupuestos de 2023 junto a otros dos proyectos polémicos: crear una nueva carretera en la comarca del Vallès (la B-40) y no paralizar la creación del megacasino del Hard Rock, con 1.200 máquinas tragaperras, en Tarragona. Las tres condiciones pusieron los pelos de punta a los comunes y la CUP. ERC las asumió a regañadientes.

En los presupuestos de 2024, finalmente caídos y que acabaron desencadenando el adelanto electoral, el PSC quiso que el Govern diera muestras de seguir con la tramitación del megacasino. Ahora se ha sabido que Aragonès firmó poco antes de cerrar el pacto con Illa un documento para actualizar el contrato con la empresa del Hard Rock. Las cuentas cayeron por la firme decisión de los comunes, que habían permitido la aprobación de las dos anteriores, al advertir que el complejo recreativo solo traerá mafias, generará ludopatías y consumirá tanta agua como una ciudad mediana en medio de la sequía. Contrarios al complejo desde el primer día, los anticapitalistas de la CUP que acusan al PSC de “negacionismo climático” y saludan la postura de los comunes. Con todo, lanzan la duda de si su bloqueo hubiera sido el mismo en el caso de que Ada Colau hubiera continuado siendo alcaldesa de Barcelona y necesitara apoyos para aprobar sus presupuestos.

Liderados por Jéssica Albiach, los comunes han situado como número dos a uno de los principales activistas anti ampliación, el alcalde de El Prat, Lluís Mijoler, y la CUP ha reforzado también el perfil ecológico de sus candidatos. “Si el PSC gobierna en solitario estará al lado de los lobbies que quieren ampliar el aeropuerto, hacer la B-40 o el Hard Rock”, avisó Mijoler. En el debate electoral de La 1, Albiach consideró una “frivolidad” la alusión de Illa al “patinete” y defendió un modelo que potencie los trenes y que no se construya el Hard Rock en medio de una grave sequía. El PSC le da la vuelta al calcetín y alega que los proyectos no pueden paralizarse porque no caiga agua del cielo y pone como ejemplo Israel o California, que regeneran agua y no dependen de la lluvia.

El cambio climático es el tercer tema que más preocupa a los catalanes detrás de la gestión de los servicios públicos (con una puntuación de 8,2) y de la situación económica (8,0), según el último barómetro de la Generalitat. De acuerdo con el estudio, los más preocupados son los hombres de entre 35 y 49 años que viven en ciudades mediadas de entre 50.000 y 150.000 habitantes. La encuesta de EL PAIS revelaba, por este orden, que los votantes de la CUP (58,5%), comunes (55%), Junts (54,3%) y ERC (53.8%) son los más preocupados. Los del PSC bajan hasta la quinta posición con (38,1%).

Todos esos datos contrastan con la escasa inclinación que parece tener Cataluña hacia las energías renovables: se ha estancado en un 15% del total de la producción en la última década mientras en el conjunto de España se ha encaramado hasta entre el 40% y el 45%. Grupos ecologistas y entidades han impulsado una campaña contra el parque eólico-marino aprobado por el Gobierno para instalar molinos de viento en la Costa Brava, donde hay los vientos más favorables.

“En Madrid se ponen manos a la obra mientras que aquí cualquier plantita ya impide realizar un proyecto”, lamentó este jueves el popular Alejandro Fernández en una entrevista en el diario Ara. Los socialistas critican también el ecologismo “radical” que dice que “no a todo”, afirman. El consejero de Acció Climàtica, David Mascort, no ha ocultado que siente cierta “vergüenza” de la resistencia de Girona a aceptar los molinos en una zona que se caracteriza por la tramontana. Acosado por la oposición y caído de las listas de ERC, al consejero que se encarga de gestionar las renovables, el cambio climático y la sequía, ya solo le queda mirar el cielo. La fortuna parece sonreírle al menos en el flanco del agua. Después de tres años, la lluvia parece haber vuelto a Cataluña.