El sindicato médico eleva a 200 las vacunaciones irregulares en el área sanitaria de Pontevedra
La CIG pide la dimisión del equipo directivo del hospital de A Mariña por inmunizarse antes de tiempo
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de Galicia (CESM) asegura que no fueron solo 17 trabajadores no prioritarios los vacunados en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés sino al menos “200 que no están en relación directa con la covid”, en detrimento de los profesionales que se encuentran en primera línea. La denuncia llega días después de que la Xunta reconociese que había vacunado “por error” a 17 informáticos en este distrito. CESM a...
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La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de Galicia (CESM) asegura que no fueron solo 17 trabajadores no prioritarios los vacunados en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés sino al menos “200 que no están en relación directa con la covid”, en detrimento de los profesionales que se encuentran en primera línea. La denuncia llega días después de que la Xunta reconociese que había vacunado “por error” a 17 informáticos en este distrito. CESM acusa a la gerencia del área de Pontevedra de “incurrir en su habitual falta de transparencia”, al anunciar un error minimizando lo ocurrido y reprocha al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que haya dado por buenos esos datos sin llevar a cabo las comprobaciones pertinentes. La Xunta niega la información del sindicato médico y sostiene que solo hubo las 17 vacunaciones irregulares “fruto de un error”. CESM advierte que sus datos son recopilados por el personal sanitario del centro “en algunos casos, personal que se ha vacunado sin que le correspondiese”.
El sindicato médico afirma que se pusieron 150 dosis entre personal de dirección, cocina, informática, admisión central, técnicos de salud y empleados de actividades no esenciales, entre otros. Asimismo, asegura que 50 trabajadores de los 80 vacunados en el hospital privado Quirón de Pontevedra no pertenecen tampoco al grupo de primera línea. “El problema no es que se haya vacunado a estos trabajadores, sino que se ha dejado de inmunizar al personal que está de forma permanente en contacto con pacientes potencialmente enfermos o transmisores de la infección, aunque no hayan sido diagnosticados o etiquetados como sospechosos de riesgo”, destaca la central. Junto a ello, reprueba la “grave discriminación respecto a los profesionales de los hospitales del Sergas”.
CESM ha remitido un escrito al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, reclamando que se tomen medidas de inmediato “para resolver esta situación de extrema gravedad”. Y propone que, en el caso de que se contagie algún trabajador prioritario que no haya recibido la vacuna, se diriman las responsabilidades ante los tribunales” considerando que las vacunaciones “se paralizaron el pasado 19 de enero y no hay noticias de que se vayan a reanudar próximamente”. Además exige que se abra un expediente informativo sobre la situación para que “se depuren responsabilidades”.
De otra parte, el sindicato CIG denuncia abuso de poder y falta de ética de la dirección del hospital de A Mariña (Lugo) tras haberse vacunado el pasado día 18 la directora de distrito, la subdirectora médica, la subdirectora de enfermería, la supervisora de área y la jefa de admisión y documentación clínica, “incumpliendo el protocolo del propio Sergas” y después de que “una parte importante del personal asistencial no fuese vacunada por falta de dosis”. La CIG pide la dimisión de todo el equipo directivo del hospital de A Mariña y destaca que esta situación se produjo después de que el presidente de la Xunta afeara el comportamiento de quienes aprovechan su condición de cargos públicos para vacunarse antes de lo que les corresponde.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes a las gerencias de las distintas áreas sanitarias gallegas evitar “errores” en el proceso de vacunación en el propio ámbito sanitario, aunque ha justificado que “miles de personas” integran los listados de colectivos prioritarios y “la infalibilidad no existe”.
En Ourense, el PSOE alerta de que el alcalde del PP de Ribadavia, César Fernández, acudió a las puertas del antiguo colegio de la Alameda, en el que el Sergas citó a 750 personas para realizar un cribado, y se dedicó a pasar lista de los que acudían y los que no. Los socialistas consultarán con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) si se vulneró la normativa tanto por parte del Sergas como por la del regidor. “El Sergas tiene la obligación legal de custodiar los datos de carácter sanitario, información especialmente protegida”, sostiene el PSOE, que se pregunta si también informará el alcalde de los resultados del cribado. “Es absolutamente improcedente y reprobable que el PP esté empleando una vez más la pandemia con fines partidistas”, concluyen los socialistas.