Señoría o señora

Una de las pocas ventajas de crecer es que perdemos de vista a los matones, que ahora se llaman bullies. O eso parecía, porque haberlos, haylos y algunos, hasta reciben un sueldo público. La Asamblea de Madrid se convirtió esta semana en una de esas esquinas oscuras del colegio en la que uno ataca a otro y los demás miran para otro lado, no vaya a ser que el acosador la tome también con ellos. Mariano Calabuig, de Vox, ...

Una de las pocas ventajas de crecer es que perdemos de vista a los matones, que ahora se llaman bullies. O eso parecía, porque haberlos, haylos y algunos, hasta reciben un sueldo público. La Asamblea de Madrid se convirtió esta semana en una de esas esquinas oscuras del colegio en la que uno ataca a otro y los demás miran para otro lado, no vaya a ser que el acosador la tome también con ellos. Mariano Calabuig, de Vox, insistió en referirse a Carla Antonelli, primera diputada transexual, en masculino – “el representante del PSOE”-, exhibiendo su odio, ignorancia y desprecio, y nadie, ninguno de los otros sueldos públicos reunidos en la comisión de políticas sociales, abrió la boca para censurar al matón. Especialmente grave es la actitud de la presidenta de la comisión, Marta Marbán, de Ciudadanos, a la que Antonelli pidió amparo expresamente. Primero se negó a darle la palabra –”No procede”-. Después, cuando la diputada se defendió, con contundencia y elegancia –”Don Mariano, en su modelo de sociedad no quepo yo, pero usted en el mío, sí”-, se limitó a decir: “Muchas gracias. Si no hay más intervenciones, se levanta la sesión”.

Calabuig, expresidente del Foro de la familia, se opuso en su día a la Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales por considerarla “innecesaria”. La norma “pretende reprimir toda discrepancia con amenazas de sanciones por delito de odio”; “se prohíben las terapias destinadas a la reversión de la orientación sexual”, “se obliga a las bibliotecas públicas y de los centros escolares a tener material LGTBI”, denunciaban. “Especialmente preocupante” le parecía que el Estado y las comunidades autónomas tuvieran que elaborar “un plan integral para incorporar la realidad LGTBI y la diversidad familiar dentro de sus programas de estudio”.

La batalla contra la ley de Calabuig, que entonces recibía subvenciones y ahora un sueldo público como miembro de un Parlamento autonómico, muestra hasta qué punto estas normas son necesarias. Hay matones en los colegios porque hay padres que, como él mismo, lamentan que se prohíban las “terapias” para curar la homosexualidad y creen que despreciar a alguien por su orientación o identidad sexual es “discrepar”.

La censura a Calabuig se produjo en redes sociales, no en el Parlamento madrileño, y fue en ese mismo terreno, al que los políticos parecen ser mucho más sensibles, donde el diputado de Vox hizo un amago de disculpas o un intento de autojustificación. “Siento, doña Carla Antonelli, haber usado el masculino genérico, aceptado por la RAE. Los sustantivos masculinos no solo se emplean para referirse a los individuos de ese sexo, sino también, en los contextos apropiados, para designar la clase que corresponde a todos los individuos de la especie”. En el transcurso de la comisión, sin embargo, sí se dirigió a otras diputadas en femenino. Él sabe por qué utilizó el masculino para referirse a Antonelli, como lo sabemos todos. Pero él no es el único que debería avergonzarse.