Aseguradoras y ecologistas: Madrid Central ha muerto

Al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le ha explotado su propia bomba. Su oposición al proyecto de Madrid Central para restringir el tráfico implantado por su antecesora, Manuela Carmena, le llevó a inundar de recursos judiciales la iniciativa. Dos años después, y a pesar de los buenos resultados contra la contaminación del aire en el centro de la capital, el Tribunal Supremo le ha dado la razón por una cuestión de forma. Aunque ...

Al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le ha explotado su propia bomba. Su oposición al proyecto de Madrid Central para restringir el tráfico implantado por su antecesora, Manuela Carmena, le llevó a inundar de recursos judiciales la iniciativa. Dos años después, y a pesar de los buenos resultados contra la contaminación del aire en el centro de la capital, el Tribunal Supremo le ha dado la razón por una cuestión de forma. Aunque Almeida manifestó el martes que Madrid Central seguiría en vigor, las aseguradoras consultadas y Ecologistas en Acción sostienen lo contrario: Madrid Central ha muerto.

El alcalde ahora necesita ganar tiempo. Se encuentra ante un agujero legal que ha provocado él mismo y esta especie de victoria en los tribunales no puede ser más agridulce para el regidor. A corto plazo tiene que lidiar con tres cuestiones importantes: con la posibilidad de que los vecinos se salten de forma inmediata las barreras invisibles de Madrid Central; con las multas pendientes de pago; y con reclamaciones de las que sí se han abonado.

Lo primero que hizo el martes Almeida fue echar balones fuera. Acababa de hacerse público que el Supremo había inadmitido el recurso de casación de Ecologistas en Acción a una sentencia de julio de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anulaba las medidas de Madrid Central por defectos formales. Y el Ayuntamiento lanzó una especie de advertencia: se considera que Madrid Central sigue en vigor hasta que la sentencia dictada por el Supremo sea firme. Sin embargo, ya lo es, aunque el gobierno municipal se agarre ahora al plazo máximo de dos meses para ejecutarla. Varias empresas consultadas por este periódico lo confirman. Incluso en el caso de que la propia Administración presentara un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, la sentencia del Supremo no se paraliza, lo que significa que las multas pendientes de cobro quedan anuladas, según Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que también recurrió Madrid Central.

Para la responsable jurídica de RACE, Ángeles Miguel, la sentencia del Supremo no solo deja inactivas las multas que se puedan poner a partir de ahora, sino todas las que se pusieron a partir del 27 de julio de 2020, cuando el TSJM emitió su fallo. “En aquel momento salió la sentencia y ahora se ratifica. Todas las sanciones a partir de entonces son nulas y las anteriores... son cuestionables”, asegura Miguel. Lo que queda claro, según ambas opiniones, es que Almeida ahora solo trata de ganar tiempo y que Madrid Central ya ha fracasado. Ahora, por tanto, el alcalde trata de evitar que el centro de Madrid se convierta en un agujero negro donde impere el caos.

Hasta el momento, el Ayuntamiento ha puesto 1.393.000 multas por infringir las normas de Madrid Central, según fuentes municipales, lo que en términos económicos significa 125 millones (o unos 62 por pronto pago). La próxima batalla judicial se centrará en qué pasa ahora con las multas. Según un portavoz del Ayuntamiento, las que están pagadas o tramitadas no se devolverán. Pero no todos piensan lo mismo.

Pedro Javaloyes, portavoz de la empresa DVuelta Asistencia Legal, una de las que presentaron un recurso contra Madrid Central, considera que la sentencia del Tribunal Supremo significa que absolutamente todas las sanciones se podrán recurrir a través de una revisión de oficio “porque se ha demostrado que la multa ha sido ilegal”. Arnaldo, por su parte, cree que la ley no es retroactiva, pero se saca un as de debajo de la manga. “Hay un procedimiento por el que puedes pedir la devolución de lo que has pagado como indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración, porque ha impuesto sanciones que se ha demostrado que eran ilegales”, argumenta el presidente de AEA.

Ecologistas en Acción, el gran perdedor ante los tribunales, se mostró el martes completamente desamparado y su servicio jurídico también entiende que a partir de este momento las sanciones que se impongan a los infractores no llegarán a buen puerto.

Otra de las incógnitas que el gobierno de la capital trata de desentrañar ahora es qué pueden y qué no pueden hacer en la almendra central hasta que lleven a cabo el nuevo plan bautizado como Madrid 360. Según fuentes municipales, tenían previsto sacar adelante la ordenanza municipal a partir de julio, por lo que se pueden encontrar con un margen indeterminado de tiempo en el que reine la ley de la selva, algo que tratan de evitar con un único plan: avisar a los ciudadanos de que las cámaras siguen en funcionamiento, aunque jurídicamente todas las multas puedan ser recurridas. También se plantea, si llega el momento, la posibilidad de peatonalizar zonas sueltas como se suele hacer en época navideña para reducir el tráfico. Mientras deciden cómo desenredar este embrollo, el equipo de Almeida se ha reunido ya con el resto de partidos políticos, a los que necesitará para pisar el acelerador. “Vamos a tener que acelerar los plazos para que no haya un vacío”, admitió el alcalde.

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