Un informe negativo de la Guardia Civil y de una inspectora autonómica pende sobre el laboratorio de experimentación animal Vivotecnia de Tres Cantos (Madrid), investigado judicialmente desde que el pasado abril la ONG Cruelty Free International (CFI) publicara un vídeo grabado durante dos años por una extrabajadora para denunciar el presunto maltrato a los animales extendido y arraigado en la empresa. En el documento, al que accedió EL PAÍS, se desgranan una a una las secuencias que CFI entregó como prueba contra Vivotecnia y se subrayan tres casos en los que los autores del informe atribuyen una relevancia penal. En otros 24 fragmentos alertan de que, como mínimo, los procedimientos se realizaron incorrectamente.

Primer caso. Unos técnicos manipulan un ratón y le extraen sangre de un ojo sin anestesiarlo, a juicio de los firmantes del documento.

Segundo. Similar al anterior. Se introduce una cánula en la córnea de una rata sin sedarla, mientras ya le sangraba la otra.

Tercero. Tratan a un conejo en un cepo con brusquedad, hasta que se le rompe la columna. “Que aguante, lo sangramos, no lo vamos a perder. Te has quedado así”, se escucha en un vídeo grabado sin que se dieran cuenta.

Esas tres descripciones aparecen en un informe firmado por los investigadores el 29 de julio de 2021 sobre los procedimientos empleados en esta empresa que realiza exámenes toxicológicos y farmacológicos, una de las más importantes de su sector en el momento en el que saltó la polémica. Los investigadores opinan que en esos tres casos existe un presunto maltrato animal que “menoscaba gravemente la salud según el Código Penal en su artículo 337.1″.

En uno, porque “no se aplica la anestesia obligatoria previa”, según detalla la diligencia. En otro, por “lesión al animal” y porque “no se aplica correctamente el PNT (Procedimiento Normalizado de Trabajo)”. Y en el tercero, porque “no se manifiesta la intención de reducir el sufrimiento del animal o paliar la situación (valoración veterinaria y adopción del punto final humanitario)”.

El Código Penal establece en su artículo 337 que una persona que ha cometido un delito de maltrato animal será castigada con una pena de entre tres meses y un día a un año de prisión y una inhabilitación especial de entre un año y un día a tres años para el ejercicio de profesión que tenga relación con los animales.

Manipulación incorrecta

Los investigadores también inciden en las otras 24 secuencias del vídeo en las que los trabajadores están, supuestamente, manipulando incorrectamente a los animales con los que trabajan: también especifican que existe maltrato animal, pero sin añadir que tenga relevancia penal. Según su criterio, son casos en los que no aplicaron la suficiente anestesia o sedación, se dejaron ejemplares muertos junto a otros vivos, o se les trató “con dureza o desconsideración”. Vivotecnia tenía en abril pasado 1.686 animales a su cargo y 177 empleados.

Esas infracciones también se han investigado en la vía administrativa. Como informó este diario, la Comunidad ya interpuso una propuesta de sanción (que todavía se puede recurrir) de 37.827 euros por infracciones de la Ley 32/2007, que trata el cuidado de los animales en experimentación. Muy poco, en opinión de la acusación, ya que la Consejería de Medio Ambiente había anunciado desde el principio que barajaba una sanción que podía llegar hasta los 100.000 euros.

El caso abierto sigue en la fase de instrucción en el Juzgado de Colmenar Viejo y bajo secreto de sumario. La juez que lo lleva ya ha llamado a declarar a la principal testigo, la que grabó las imágenes mientras trabajaba allí entre 2018 y 2020. También han respondido a las preguntas de la magistrada diferentes testigos y varios, no todos, de los 11 trabajadores investigados. Tres de ellos estaban en el Comité de Ética del laboratorio, el órgano interno encargado de vigilar que se cumpla la normativa de bienestar animal. Esas tres personas formaban parte también de la directiva de la empresa, lo cual ha sido cuestionado por Carlos Contreras, el abogado de CFI.

Andrés König, el director general, también investigado en la causa, es uno de los directivos que formaba parte de ese comité.“ El CEO de la empresa vela por los intereses económicos, es decir, por ganar lo más posible gastando lo menos posible”, opina Contreras. König no respondió a las preguntas de este diario. En la instrucción, la empresa también aparece como investigada.

El escándalo conmovió a la opinión pública gracias a Carlota Saorsa, el seudónimo de la persona que grabó las imágenes que posteriormente fueron editadas y publicadas por CFI. En aquel vídeo de ocho minutos se veía cómo experimentaban con monos, cerdos, conejos o ratones, además de perros de raza Beagle.

En septiembre, Saorsa detalló ante la juez todos los detalles en calidad de testigo protegido. Aquel día, además, soltó una nueva bomba, según contaron fuentes de la investigación a este periódico: la testigo aseguró que no solo existía un “maltrato reiterado” hacia los animales, sino que además se manipulaban los resultados de los ensayos para aprobar estudios que después pasaban a una segunda fase de experimentación con seres humanos para ahorrar dinero.

Normalidad

A pesar de todo eso, la empresa sigue trabajando con normalidad. La Comunidad de Madrid, la responsable de autorizar los procedimientos, cerró el laboratorio durante unas semanas. El 1 de junio dio permiso para que continuara con su actividad, siempre que se cumplieran algunas condiciones: que se instalara una cámara de vídeo, que se incorporara un veterinario para supervisar todos los procedimientos o que se activara un canal de denuncia interno y anónimo.

Los presuntos casos de maltrato en las investigaciones toxicológicas y farmacéuticas quedan en manos de la Justicia. También el hecho de que tres trabajadores carecieran de formación adecuada para tratar con los animales, según la Comunidad de Madrid. En dos meses se cumplirá un año desde que el escándalo saltó por los aires. Mucho tiempo para PACMA y diferentes asociaciones animalistas que todavía aspiran a salvar a los animales, como a los 38 cachorros de raza Beagle que entrarán en marzo en Vivotecnia por un contrato adjudicado por la Universidad de Barcelona tras una oferta pública por valor de 255.648,80 euros. 32 serán sacrificados.

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