El expresidente Ignacio González, sobre el espionaje en la política: “Son hechos recurrentes”

El PP no quiere saber nada de un caso de espionaje que ha denunciado... el propio PP: a bombo y platillo y por todos los medios de comunicación posibles. La historia detectivesca que ha puesto patas arriba a los conservadores patrios y al Ayuntamiento de Madrid, con aires cómicos del dibujante Francisco Ibáñez por sus formas, comenzó a mediados de octubre del año pasado y terminó en enero de 2022. Diversos colaboradores y...

El PP no quiere saber nada de un caso de espionaje que ha denunciado... el propio PP: a bombo y platillo y por todos los medios de comunicación posibles. La historia detectivesca que ha puesto patas arriba a los conservadores patrios y al Ayuntamiento de Madrid, con aires cómicos del dibujante Francisco Ibáñez por sus formas, comenzó a mediados de octubre del año pasado y terminó en enero de 2022. Diversos colaboradores y trabajadores del Consistorio ―al menos tres personas, según ha podido saber EL PAÍS― urdieron un plan para investigar a la familia de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. “Nunca pensé que la dirección del PP pudiera ser tan cruel”, dijo ella misma en una comparecencia sin preguntas el pasado 17 de febrero. Dos meses después, la mayoría de los populares no han acudido a la comisión de investigación política que ahonda en esclarecer el caso. Apenas hay avances. La estrategia del PP consiste en dilatar el proceso. Sin hablar de más, con grandes ausencias, y que el caso, en definitiva, se diluya mediáticamente como un azucarillo.

Este miércoles, en la antepenúltima sesión, sí han comparecido las ediles populares Andrea Levy e Inmaculada Sanz; el director general de comunicación del Ayuntamiento, Daniel Hidalgo; y el expresidente regional del PP, Ignacio González. Todos han sido citados por la oposición. “Estos son rumore, rumore, rumore, como la canción, pero nada más”, ha llegado a decir Levy. “Vengo a hablar de mi espionaje, no de este [en referencia al de Ayuso]”, ha dicho González.

“Vengo a aportar mi experiencia con el espionaje, que hay que erradicar de la vida política”, ha dicho González, en la comparecencia más mediática hasta la fecha. “No son casos aislados. He sufrido hasta cinco espionajes”. González ha señalado varias veces la carpeta azul que llevaba consigo. “Traigo muchos documentos a esta comisión”. Según González, el mismo detective que iba a ser contratado para investigar a la familia de Ayuso, le espió también a él. También el excomisario y empresario José Manuel Villarejo.

―¿Le parece verosímil que altos cargos del PP en el Ayuntamiento puedan investigar a la familia de Ayuso?

―Lo desconozco. Me gustaría que no fuera así.

“Este tema de mi espionaje es lo suficientemente grave como para que se investigue”, ha dicho después. “Hay que acabar con todas estas prácticas. Hay, y me consta, otras personas del PSOE que también han sido damnificados, como Joaquín Almunia, pero hay más. Hay que acabar con esto. Hay que impedir que se produzcan”. También ha denunciado montajes internos contra su persona ante la atónita mirada de dos de los ediles populares de Almeida. “No son prácticas habituales, son recurrentes. No es exclusiva solo del PP”, ha insistido González, alejado ya de la política y funcionario en ejercicio del Ayuntamiento de Madrid en el departamento de Hacienda.

Los espionajes a González costaron cerca de medio millón de euros facturados por la empresa de detectives Mira, según su versión. El expresidente ha dicho que aportará estas facturas a los ediles que forman parte de la comisión. “Cada vez que se tenga conocimiento de esto, hay que ir a los tribunales, no enredar. Para eso están los tribunales”, ha zanjado. El PP, en el caso de Ayuso, no ha acudido a la justicia. “No se pueden utilizar estas prácticas para atacar al adversario o destruir la reputación de personas que molestan”, ha insistido. “Los partidos deberían actuar y que se erradicara”.

Declaración de las ediles del PP

Los trabajadores del Ayuntamiento que intentaron espiar a la familia de Ayuso fueron colocados a dedo por la dirección nacional del PP de Pablo Casado. Se afanaron en buscar la prueba definitiva de que el hermano de la presidenta de la región, Tomás Díaz Ayuso, habría cobrado una mordida de 283.000 euros por un contrato de mascarillas con la Comunidad. La crisis en el Ayuntamiento fue de tal calibre, que precipitó la dimisión inmediata de Ángel Carromero, amigo personal de Almeida y coordinador general de Alcaldía. Una semana más tarde, el socavón interno provocó hasta la dimisión del presidente del partido, Pablo Casado. La mayor crisis política e institucional del PP en toda su historia.

Almeida, al conocer el caso de espionaje en diciembre a través de un alto cargo de la Comunidad de Madrid, inició una investigación interna por su cuenta el pasado enero, sin avisar de ello a su socio de Gobierno en el Ayuntamiento, Ciudadanos, que una vez más se enteró por la prensa. Al conocerse este escándalo por los medios el pasado febrero, todos los grupos políticos del Ayuntamiento conocieron los hechos y apoyaron ―salvo Vox― una comisión de investigación interna.

Horas antes, la actual portavoz del Consistorio, Inmaculada Sanz, ha dicho que ella se enteró del espionaje a Ayuso en diciembre. “Me lo contó Almeida. Me dijo que había un rumor y que le diera un consejo”. Sanz le sugirió al alcalde de Madrid que hablara inmediatamente con el presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, Álvaro González, de donde supuestamente partió este intento de espionaje a la familia Ayuso:

―¿Por qué no avisaron de todo esto a Ciudadanos, su socio de Gobierno?

― Porque se quiso contrastar ese rumor.

― ¿Por qué dimitieron Carromero y Casado?

― Por una crisis interna que se ha resuelto de determinada manera.

La delegada de Cultura del Ayuntamiento, Andrea Levy, que durante este intento de espionaje presidía el Comité de derechos y garantías del partido a escala nacional, dijo que a la presidenta Ayuso se le abrió un expediente informativo, “a raíz de las informaciones que aparecieron en los medios sobre unas contrataciones en la Comunidad Madrid [las referidas a una supuesta mordida cobrada por el hermano de la presidenta]”. El expediente, sin embargo, se cerró horas más tarde, sin más detalles.

―¿Por qué cree que Carromero dimitió?

―Esta comisión es para tener certezas. Pregúntenselo a él.

La “investigación interna” de Almeida y la llamada al detective

A principios de enero, preocupado con la deriva del intento de espionaje, Almeida llamó entonces al concejal del PP Álvaro González, que también es presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Según fuentes municipales y de la EMVS, el alcalde le dijo:

―Alguien de la empresa está intentando contactar con una empresa de detectives para investigar a la familia de Ayuso. Mira a ver qué pasa.

El edil González se puso en contacto con esta persona de la EMVS y con el detective. El edil llamó hasta 16 veces al detective Julio Gutiéz, de la empresa Detectives Mira, con la que supuestamente se había contactado para que investigara a la familia Ayuso. Y se produce la siguiente conversación, que fue desvelada por el diario El Mundo en febrero:

―Don Julio, soy Álvaro González, el presidente de la EMVS. Le llamaba por si podíamos vernos para contrastar una información que me ha llegado si fuera posible.

Fuentes del entorno del concejal aseguran que el detective Gutiéz devolvió más tarde la llamada al edil popular. Le aseguró que no podía decirle quién le llamó para investigar a la familia de Ayuso, pero que no era de la EMVS.

Días más tarde, y a petición de Almeida, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad y hombre de la máxima confianza del alcalde, Borja Carabante, se presentó entonces en la sede de la EMVS. Allí, por sorpresa, reunió a los principales altos cargos:

—Está el alcalde preocupado por este asunto.

Según fuentes presenciales, se produjo la siguiente conversación: “Yo también sé ese rumor. Me lo han contado en una cena”, contestó uno de los presentes. “Esto es falso”, respondió otro. Tras consultar a los mismos, se dio por zanjado el asunto con la empresa municipal de la vivienda. Esto es lo que Almeida ha llamado desde el inicio una “investigación interna”.

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