Ayuso compara la libertad de estudiar con beca en un centro privado con la de abortar o cambiar de género

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado sorprendida por la polémica de la política de ayudas a centros privados a través de cheques para familias que ingresen más de 100.000 euros anuales. “Esto solo ocurre en Madrid”, ha ironizado en Boadilla del Monte, donde ha acudido para presentar un proyecto de turismo gastronómico. Después ha continuado su defensa con algo que no tenía nada que ver con la polémica: “Veo sorprendente que puedas cambiar de sexo o abortar al margen de tus padres, de las decisiones de ellos, y que, sin embargo, no puedas optar a becas en bachillerato o FP si tus padres tienen un nivel adquisitivo u otro, y que tu esfuerzo no cuente”. Y tras ese argumento, ha decidido mirar hacia el Gobierno de España. “Me llama la atención que no diga nada la izquierda de que el Gobierno de Sánchez beque a familias de 150.000 euros para educación universitaria. (Nosotros) proponemos la libertad real de las familias”.

Con ese dato, Díaz Ayuso ha intentado defender que la Comunidad de Madrid y el Estado siguen criterios de renta parecidos para otorgar sus becas educativas. Sin embargo, eso no es así. Madrid acaba de decidir un cambio sin precedentes en el acceso a las ayudas, flexibilizando el principal criterio de decisión, que es la renta per cápita familiar. Así, esta se ha elevado hasta 35.913 euros en educación infantil, bachillerato y formación profesional, lo que quiere decir que ahora podrán optar a recibir la ayuda aquellas parejas con un hijo que ingresen hasta 107.739 euros, o aquellas parejas con dos niños que tengan unos ingresos globales de 143.652 euros también podrán pedir estas becas; o las que tengan tres hijos y unos ingresos en el hogar de 179.565 euros.

¿Ocurre lo mismo con las ayudas estatales? No. De hecho, estas ni siquiera aplican el criterio de renta per cápita (dividir el total de ingresos de una familia entre el conjunto de sus miembros) sino que usan el criterio de poder adquisitivo familiar (fijar un tope de ingresos para cada unidad de familia).

Así se recoge el BOE, y también confirma el Ministerio de Educación, donde los umbrales de poder adquisitivo familiar están claramente delimitados en tres franjas: por ejemplo, una pareja con dos niños podrá pedir una beca mínima (parcial) si entre todos los integrantes de la familia no ganan más de 38.831 euros y la podrá pedir máxima (total) si no superan los 21.054 euros. Si esa familia está formada por ocho personas, por ejemplo, el umbral de renta total asciende a 53.665 euros para pedir una beca mínima o 34.529 para que sea máxima.

EL PAÍS ha pedido al equipo de Ayuso precisiones sobre a qué se refería cuando la presidenta ha hablado de esas cifras, y este se ha limitado a decir que la ayuda de 150.000 euros “forma parte del programa de Becas y Ayudas del Ministerio de Educación”.

Reacciones de la oposición

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Mónica García, ha señalado, en declaraciones recogidas por Efe, que “esto es el impuesto propio” del Gobierno regional, que es “sacar dinero del bolsillo de las familias vulnerables para subvencionar la educación privada de las familias ricas”. “La presidenta le da una paguita a esas familias que tienen rentas de más de 100.000 euros para poderse pagar el Bachillerato privado. La política del PP en tres pasos: suprimo impuestos a los ricos, me cargo lo público y con lo poco que queda se lo devuelvo a los ricos en forma de ayudas”, ha aseverado García.

El líder socialista, Juan Lobato, también ha cargado contra la medida, ya que estas familias representan el 3 o el 4% y el “problema no está ahí”, sino en los 25.000 estudiantes que se han quedado sin plaza de FP pública. “A ver si afinamos el tiro y nos damos cuenta de verdad de dónde está el problema y dónde está la solución, que es imponer más plazas de FP, no en dar becas a familias de 140.000 euros”, ha agregado.

Finalmente, Unidas Podemos ha remitido a la prensa un comunicado en el que avisa de que estos cheques “para los más ricos” dispararán la desigualdad y la segregación en la región, y ha indicado que su grupo se reunirá con sindicatos y la comunidad educativa para impulsar una legislación contra la segregación educativa y movilizaciones “contra esta amenaza”.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.