La Comunidad de Madrid prorroga los contratos “del hambre” en las residencias hasta marzo de 2024

La alimentación saludable de las personas vulnerables en Madrid tendrá que esperar nueve meses. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso acaba de prorrogar hasta marzo de 2024 los polémicos contratos de comidas para las residencias donde viven mayores, personas con discapacidad o menores tutelados. Se mantienen los mismos precios y condiciones, a pesar de que ...

La alimentación saludable de las personas vulnerables en Madrid tendrá que esperar nueve meses. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso acaba de prorrogar hasta marzo de 2024 los polémicos contratos de comidas para las residencias donde viven mayores, personas con discapacidad o menores tutelados. Se mantienen los mismos precios y condiciones, a pesar de que el propio Ejecutivo ha reconocido que deben ser mejorados sustancialmente porque la contraprestación autonómica a las empresas suministradoras del alimento es insuficiente. Las familias han denunciado que con esos pagos (entre 3,95 y 5,95 euros por persona y día) las compañías tienen el incentivo perverso de recortar el producto para así obtener beneficio a costa de los residentes. La respuesta del Ejecutivo madrileño a las quejas fue el anuncio, un mes antes del 28-M, de un nuevo contrato con una subida del 25%, pero los responsables madrileños piden paciencia porque esa mejora tan necesaria no estará lista hasta el año que viene.

Los contratos “del hambre” fueron denunciados en los medios por familias y sindicatos después de la entrada en vigor en septiembre de los nuevos concursos de suministro a 58 centros propios de la Comunidad. Algunos mayores de residencias han sufrido pérdidas de peso de hasta 14 y 20 kilos en muy poco tiempo y los menores tutelados también evitan unos alimentos “incomestibles”. El escaso precio que cobraban los proveedores se convirtió en un casus belli para familias, sindicatos e incluso para el propio contratista principal, la sevillana Plataforma Femar SL, que se ha arrepentido públicamente de haber contratado con el Gobierno de Ayuso. La compensación es pobre porque el Gobierno autonómico la había calculado con el IPC previo a la guerra de Ucrania y, además, el contrato estaba diseñado como una subasta a la baja, de modo que Femar y las otras dos compañías ganadoras habían tumbado los precios para convencer al pagador, la Comunidad.

La Comunidad se escuda en que la ley estatal de contratos públicos impide la contraprestación que paga a estos suministradores con una prórroga y su única alternativa es esperar a que esté listo el nuevo concurso con el 25% de subida. “Se está tramitando”, responde un portavoz de la Consejería de Políticas Sociales. “Son contratos muy importantes en los que debemos cumplir con las normas. No podemos hacer más por ahora porque la ley de contratos prohíbe revisar los precios (de un contrato preexistente) con la inflación”.

Ese impedimento ha provocado un profundo malestar en muchos contratistas de todas las administraciones, que han reclamado sin éxito una actualización de precios debido a la fuerte inflación del último año y medio. El obstáculo tiene su origen en la Ley de Desindexación, de 2015, que suprimió las actualizaciones automáticas de precios para evitar espirales inflacionistas en la economía española.

Sin embargo, expertos en derecho administrativo consultados cuestionan que la Administración carezca de alternativas en un caso como este en el que están en juego derechos de personas necesitadas. “La ley no puede ser un obstáculo cuando está en riesgo la salud de las personas”, critica Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo en Universitat Pompeu Fabra. “La Administración tiene mecanismos de sobra para estas circunstancias”, añade. De la misma opinión es Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho, creada por juristas que promueven la regeneración institucional. “Puede ser que formalmente tengan razón, pero un buen gestor público tiene herramientas como por ejemplo los contratos de emergencia para solucionar estas situaciones en que se ve afectado el bienestar de las personas”.

Juan Carlos Romar, asesor en contratación pública, dice que aunque en la inmensa mayoría de los casos las administraciones deniegan la actualización, se han dado excepciones, entre ellas una en un supuesto parecido, el suministro de comida a prisiones. “La Administración central alegó razones de seguridad. Tratándose de alimentos parecería posible encontrar una salida”, dice Romar.

Las tres empresas fueron notificadas de la prórroga a principios de mayo, según las cartas a las que ha tenido acceso EL PAÍS gracias a una solicitud de acceso a la información pública de la diputada electa socialista Lorena Morales. En esos documentos aparece el mismo precio que han cobrado estas compañías hasta ahora. Morales solicitó la información el 27 de marzo y la recibió el lunes 29 de mayo, el día después de las elecciones autonómicas.

La diputada considera que la ley estatal sí permite las subidas cuando se den circunstancias sobrevenidas que fueran imprevisibles cuando nació el contrato, como pasa con la inflación. “Les falta voluntad para hacerlo. Otras veces, cuando les ha interesado, han retorcido la ley para su interés”.

La polémica por la comida estalló a causa del nuevo sistema para proveer de alimentos a los centros de la Comunidad, que hasta septiembre se autoabastecían. La Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), de la que dependen los 58 centros, creó este nuevo esquema dependiente de terceros. El contrato favorecía ofertas por debajo del presupuesto que planteaba la Comunidad porque en la licitación se premiaba con hasta 70 puntos de 100 al criterio del precio propuesto por las empresas. Pronto comenzaron las críticas por la comida servida en estos centros: patatas podridas, caldos que eran “agua con color”, carne y pescado con mal aspecto...

Entre los ganadores se encuentran dos empresas con sombras, Femar y la toledana Frutícolas Ateca SL, que están siendo investigadas desde diciembre por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, como sospechosas de formar parte de un cártel de empresas para repartirse las licitaciones públicas.

Además, Femar incumplió la obligación de contar con un almacén en las inmediaciones de Madrid, por lo que ha sido sancionada por la Comunidad con 43.640 euros. Su gerente ha dicho que quiere salir del contrato: ”Ya no quiero suministrar ni un kilo de arroz a la Comunidad de Madrid”. A pesar de esto y de que es la empresa más señalada por mal servicio, la Consejería la mantendrá alimentando a mayores y pequeños. Al menos hasta marzo de 2024.

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