El Gobierno de Madrid vuelve a maniobrar con la prensa para defender a la pareja de Ayuso, defraudador confeso

El Gobierno de la Comunidad de Madrid y el PP regional se han implicado en la defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y defraudador confeso, pese a que llevan semanas defendiendo que el problema les es ajeno porque afecta a un particular. A...

El Gobierno de la Comunidad de Madrid y el PP regional se han implicado en la defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y defraudador confeso, pese a que llevan semanas defendiendo que el problema les es ajeno porque afecta a un particular. Así, el equipo de comunicación del Ejecutivo regional ha distribuido este viernes entre medios afines una denuncia sobre un presunto hackeo sufrido por los abogados del comisionista que ha sido previamente modificada por el jefe de gabinete de la líder, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), según ha podido comprobar este periódico al consultar las propiedades del documento. Este alto cargo público también filtró información tergiversada a medios de comunicación e impulsó un bulo contra dos periodistas de EL PAÍS. Además, el miércoles, Alfonso Serrano, secretario general del PP regional, se citó con González Amador, días después de que el partido bloqueara en la Asamblea decenas de peticiones de la oposición sobre el caso. Finalmente, la propia presidenta defendió al acusado el 13 de marzo en una rueda de prensa correspondiente al Consejo de Gobierno.

“La sensación que tengo es que todo ciudadano que sea incómodo para este Gobierno [en referencia al central, que encabeza Pedro Sánchez] tendrá que tener enfrente a todos los poderes del Estado y será despojado de sus derechos, como estamos viendo, aún más si esto vale para intentar aniquilar al adversario político”, ha dicho Díaz Ayuso este viernes para justificar el uso de medios públicos en una cuestión que había defendido como privada, sin aclarar, por otra parte, si estaba acusando al Gobierno central de ser el responsable del hackeo que denuncian los abogados de su pareja.

El equipo directo de la presidenta tampoco ha querido clarificar ese extremo, remitiéndose a sus palabras, ni ha detallado quién ha escrito el siguiente texto, que ha acompañado al envío de la denuncia a medios afines: “Comprobado por perito informático, el sistema de entrada en los sistemas es muy sofisticado y solo al alcance de los estados [sic]”.

La nueva polémica surgida alrededor de la presidenta regional arranca así. Los abogados de González Amador, que está acusado de dos delitos de fraude fiscal valorados en más de 350.000 euros, y de uno de falsedad en documento mercantil, han registrado este viernes una denuncia por el presunto hackeo de sus correos electrónicos tras un intercambio de emails con el comisionista. En ese documento, enviado por el equipo de prensa del Gobierno a distintos medios de comunicación, entre los que no estaba EL PAÍS, consta que la última persona que ha modificado el contenido ha sido el jefe de gabinete de la presidenta. “Hemos informado de la denuncia sin los datos de los abogados”, ha justificado MAR, como se conoce a este alto cargo, para explicar su huella digital y las faltas de concordancia en el contenido del documento.

“Pido que se sepa qué ha sucedido, porque estaríamos ante un hecho gravísimo”, ha dicho Ayuso sobre la denuncia durante una rueda de prensa.

Según los abogados de González Amador, un perito informático ha certificado que han sido “objeto de un ciberataque” que “habría consistido en retirar la información de los sistemas (presumiblemente para su descarga y/o extracción de ficheros adjuntos con cientos de páginas) y posteriormente volver a ser entregados al buzón de correo de los usuarios, no levantando de esta manera sospechas sobre las actuaciones realizadas”.

Los correos afectados habrían sido recibidos por los letrados en la mañana del día 2 de abril, a las 11 horas 39 minutos, tras haberlos enviado González Amador. Después de responder a las 12 horas y 11 minutos, esas comunicaciones habrían desaparecido del sistema, para reaparecer unas seis horas después, “ya el día 3 de abril, a las 00 horas y 09 minutos”.

Que el equipo de prensa de Ayuso, que encabeza José Luis Carreras, haya distribuido entre medios conservadores ese documento muestra la implicación del núcleo duro de la presidenta en la gestión de la crisis reputacional y política que ha provocado la polémica.

Primero, Rodríguez, el jefe de gabinete de la baronesa, se reunió con González Amador, según confirmó él mismo a este diarioLuego, el 13 de marzo, Ayuso asumió en primera persona la defensa de su pareja y denunció “un caso turbio de todos los poderes del Estado” contra su novio.

Inmediatamente después, MAR se puso a los mandos de la gestión comunicativa de la crisis, distribuyendo entre periodistas un email de la Fiscalía para trasladar la impresión de que el Ministerio Público le había ofrecido al acusado, y luego retirado, una oferta para alcanzar un pacto (la iniciativa fue, en realidad, del empresario, y el acuerdo no se podía firmar en ese momento). A eso añadió la difusión de bulos contra periodistas de EL PAÍS y eldiario.es que investigaban el caso. Finalmente, las huellas de este alto cargo público están detrás de la filtración de la denuncia del presunto hackeo, conocida dos días después de que el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, se citara en un restaurante con González Amador.

Según los investigadores de Hacienda, el empresario intentó engañar a la Agencia Tributaria en las declaraciones del impuesto de sociedades con la empresa Maxwell Cremona presentadas en 2021 y en 2022.

Tras más de un año de trabajo por parte de los inspectores fiscales, estos concluyeron lo siguiente: “La conducta descubierta no es fruto de un mero error sino de una conducta consciente, deliberada y claramente dolosa que amerita su reproche penal”. Por ello el empresario deberá declarar en sede judicial el próximo 20 de mayo.

En paralelo, González Amador se ha querellado contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y contra el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, al entender que incurrieron en delitos de revelación de secretos al enviar la Fiscalía una nota informativa a los medios de comunicación sobre el caso de presunto fraude fiscal que le afecta. Ese comunicado, precisamente, intentaba corregir una filtración de Miguel Ángel Rodríguez, y aclarar que no había sido la Fiscalía quien había ofrecido un pacto al acusado, sino al revés.

¿Cómo se justifica el uso de todos estos recursos públicos en el caso de un particular?, se le ha preguntado este viernes a Ayuso.

“Yo no puedo hablar por un particular, porque los madrileños no me han elegido para que me comporte como novia”, ha contestado la presidenta regional. “Sí que puedo mostrar mi preocupación, y lo puede hacer mi Gobierno, todos los gobiernos, todas las administraciones, y cualquier ciudadano, porque se supone que el Estado está para proteger y aquí está ocurriendo todo lo contrario”, ha añadido. “Por tanto, no se trata de un particular, sino del Estado de derecho”, ha seguido. “La sensación que tengo es que todo ciudadano que sea incómodo para el Gobierno tendrá que tener enfrente, o contra él, a todos los poderes del Estado”, ha argumentado.

Es la culminación de un cambio de guion que ha sido paulatino, ha tenido varios volantazos, y hoy se encuentra en este punto: se ha pasado de que la Comunidad no tuviera nada que decir, porque no había dinero público ni contratos con la región implicados en el caso, a que sea parte activa en la defensa del intermediario que convive con la presidenta Ayuso.

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