299 multas de 2.001 euros desde que Madrid lanzó su plan contra las cajas abandonadas: “¡Atropello a alguien y me cuesta menos!”

Almudena Arias compró en Amazon aquellas dos barras de cortina porque pensó que por 46 euros le saldrían más baratas que en una tienda física. La broma le acabó costando 2.151 euros y una rabia que le dura un año después. Fue multada por un inspector municipal que halló las dos cajas de cartón alargadas apoyadas junto al contenedor, con la pegatina que contenía sus datos personales. Luchó contra una multa de 2.001 euros que c...

Almudena Arias compró en Amazon aquellas dos barras de cortina porque pensó que por 46 euros le saldrían más baratas que en una tienda física. La broma le acabó costando 2.151 euros y una rabia que le dura un año después. Fue multada por un inspector municipal que halló las dos cajas de cartón alargadas apoyadas junto al contenedor, con la pegatina que contenía sus datos personales. Luchó contra una multa de 2.001 euros que consideraba infundada, porque no tenían prueba de que ella había dejado ahí los residuos, y desproporcionada, “porque hay gente que gana eso en un mes”. Pero el Ayuntamiento de Madrid desestimó sus recursos y al final acabó pagando la sanción más un recargo de 100 euros. Arias es una de los 299 madrileños que desde abril de 2022 han recibido multas de 2.001 por la campaña de sanciones drásticas contra la suciedad del Gobierno de José Luis Martínez Almeida. El dato de sancionados lo ha obtenido EL PAÍS por medio de una solicitud de transparencia que fue recibida el lunes de la semana pasada.

Como le pasa a otros sancionados, Arias siente que le están robando. Cuatro madrileños afectados han escrito a esta Redacción quejándose de estas multas “abusivas” después de que EL PAÍS publicara un par de informaciones al respecto. Uno de los artículos informaba de que en junio una jueza le retiró la sanción a una vecina porque el Ayuntamiento no había probado que fuera ella quien “abandonó” la caja de cartón. Ese era un caso similar al de Arias. El inspector no presenció la supuesta infracción. Simplemente se basó en la pegatina de la caja, una pista propia de la basura moderna para cazar a quienes ensucian. Pero se trata de una pista problemática. Es la pistola humeante del crimen, pero nadie puede asegurar que fuera el dueño quien apretó el gatillo. A pesar de ese defecto probatorio, el Ayuntamiento cree que sus métodos son legales. También asegura que la cuantía es adecuada. Una portavoz del delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante, asegura que han recibido sentencias “de todo tipo”, sin precisar si han ganado algún caso.

Arias, que tiene 43 años y trabaja en una agencia de seguros, se acuerda perfectamente del día en que abrió la multa, el 14 de agosto del año pasado. Era su último día de vacaciones en la playa. Vio la cuantía: 2.001 euros y se frotó los ojos. “Lo tuve que leer tres veces”. Se volvió a Madrid “con un cabreo de tres pares de narices”. Tenía la oportunidad de reducir el importe un 40% a 1.200,6 euros si abonaba antes de 15 días, o también podía prestar trabajos a la comunidad, que en su caso hubieran consistido en 40 horas de una actividad relacionada con la limpieza. Pero ella se define como defensora de causas perdidas y no podía aceptar un abuso así: “¡Atropello a alguien y me cuesta menos!”

También sentía que le tomaban el pelo porque en su barrio del sur de la capital, Orcasitas, los contenedores de cartón están siempre desbordados, una imagen común por toda la ciudad.

Finalmente, el Ayuntamiento desestimó sus recursos administrativos. Ella se resistió a abonar el importe y se desentendió del asunto por unos meses. Pero en una gestoría le avisaron de que acabaría pagando una barbaridad por los intereses de demora. “Me dolió en el alma pagar, pero ya dije, mira, me lo quito”.

Madrid empezó a poner estas multas elevadas después de la entrada en vigor de la ley estatal de economía circular, de abril de 2022, una norma que buscaba actualizar la lucha contra los residuos y el cambio climático en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos en la Agenda 2030. Esa ley incluye un largo listado de conductas que considera infracción grave, entre ellas el abandono de basura dispersa (”littering”, según la expresión inglesa que usa la ley) y ordena su sanción con multas de 2.001 a 100.000 euros.

Los datos obtenidos por EL PAÍS hacen referencia a las infracciones del artículo 108.3.c de esa ley y podrían incluir supuestos distintos al de las cajas de compra online, pero este caso es el más fácil de detectar gracias a los adhesivos con datos personales. Cuando Carabante, anunció la subida de sanciones, en septiembre de 2022, hizo especial hincapié en la lucha contra el abandono de cartón a los pies de los contenedores. La nota de prensa municipal hablaba del “auge” de este “hábito mal asentado”. Esa práctica pasaba a sancionarse de una media de 200 euros a los 2.000 euros.

De los 299 sancionados, 175 expedientes iniciados por importe de 2001 euros fueron pagados con la reducción del 40%, es decir, abonaron 1.200,6 euros; 84 solicitantes finalizaron la prestación ambiental sustitutoria; y 40 expedientes fueron pagados por la cuantía de 2.001 euros. La cifra recaudada por el Ayuntamiento suma 290.145 euros.

El Ayuntamiento de Madrid no estaba obligado a subir las sanciones tras la entrada en vigor de la nueva ley estatal. Una portavoz de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, explica que estas sanciones “las determina cada Ayuntamiento con las ordenanzas de limpieza correspondientes. Se trata, por tanto, de una competencia municipal”. Y añade: “No nos corresponde evaluar si la cuantía es apropiada o no”.

Este periódico ha preguntado a otros grandes municipios del área de Madrid por las multas que imponen a quienes ensucian las calles con cajas de cartón y estas son las respuestas recibidas, en las cuales se aprecia una gran variación: Boadilla (80 euros), Las Rozas (entre 150 y 600 euros), Torrejón de Ardoz (hasta 700 euros), Alcorcón y Pozuelo de Alarcón (entre 100 y 750 euros), Rivas, Parla, Getafe y San Sebastián de los Reyes (hasta 750 euros) y Fuenlabrada (de 602 a 2.404 euros). Curiosamente, los dos municipios con las sanciones más bajas se encuentran entre los 10 más ricos de España.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha recibido quejas de ciudadanos multados en varias localidades, incluida la ciudad de Madrid, según una portavoz, que no puede aportar más detalles porque, explica, están obligados a respetar la confidencialidad.

“En la mayoría de los casos, las quejas no fueron admitidas para no contravenir el derecho al medio ambiente y a recibir un servicio adecuado de limpieza viaria que obliga a los ayuntamientos a perseguir y a sancionar el abandono descontrolado de residuos”, añade esta portavoz. “Por supuesto, siempre que se respeten las garantías del procedimiento sancionador que acepta la prueba de indicios si es sólida y solvente, y se sancione de acuerdo con lo tipificado en la Ley de Residuos y con la correspondiente ordenanza”.

Lo primero que puede hacer un vecino en desacuerdo es recurrir ante el propio Ayuntamiento. Como suele pasar en estos casos, las administraciones raras veces admiten errores.

Almudena Arias se encontró con una respuesta sorprendente. Inadmitieron su recurso de reposición porque lo presentó el mismo día en que fue notificada. El Ayuntamiento le dijo que, según la ley, el periodo para recurrir se computa “desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación” y por tanto lo había presentado “fuera de plazo”.

Según el expediente de su sanción, visto por este periódico, el Ayuntamiento considera que 2.001 euros no es una cuantía desproporcionada porque la ley de economía circular castiga las infracciones graves con multas que van de 2.001 a 100.000 euros y por tanto “se ha propuesto la cuantía mínima teniendo en cuenta la repercusión y el impacto en el medio ambiente urbano de la conducta sancionada, limitándonos a respetar la norma estatal básica”.

Además, añade que la caja de cartón provoca un efecto llamada para depositar otro tipo de residuos, entre ellos orgánicos, que pueden derivar en un foco de infección y atracción de roedores, generando todo ello un perjuicio al medio ambiente.

Por último, destaca que la cuantía tiene una motivación “ejemplarizante y disuasoria de realizar este tipo de conductas que conllevan un gasto extraordinario para la Corporación Municipal, y, por ende, para el resto de los habitantes de la ciudad de Madrid”.

Quienes optan por continuar con la disputa en los juzgados se encuentran con el gasto añadido de un abogado y el coste mental de una larga espera hasta el juicio. Es lo que le pasa a Joan F., un vecino de Carabanchel, Madrid, que pide guardar su anonimato para hablar sobre el asunto. El abogado le cuesta unos 1.000 euros y ha recibido una fecha de juicio para mayo de 2026. Su letrado le ha avisado de que, incluso en caso de ganar, es improbable que el juez condene al Ayuntamiento a hacerse cargo de las costas judiciales”.

“Me decidí a demandar al Ayuntamiento por un sentido de injusticia, pero, sin duda, habría sido más práctico pagar y olvidarme”, dice en un correo. “Esto el Ayuntamiento lo sabe y se aprovecha de ello extorsionando a los ciudadanos”.

Joan F. se considera un ciudadano bastante concienciado, que recicla, se mueve en bici y consume dentro de lo posible consumo local. Y recalca que esa caja pudo haber quedado fuera del contenedor de muchos modos. “Puede ser que tu vecino te pida una caja, o que cayera accidentalmente fuera del contenedor...”. Incluso cabe la posibilidad de que alguien, movido por mala fe, quiera perjudicar a un vecino con el que tiene una cuenta pendiente: “¿Y si me pongo a imprimir pegatinas que pongan José Luis Martínez-Almeida y las pego en cajas por todo Madrid?”

¿Tiene más información? Escriba al autor a fpeinado@elpais.es o fernandopeinado@protonmail.com

Suscríbete aquí a nuestra newsletter sobre Madrid, que se publica cada martes y viernes.