El pleno del Ayuntamiento de Madrid desbloquea la Operación Campamento tras 30 años de espera

Nuevo avance en una operación que va a transformar el suroeste de Madrid. El pleno del Ayuntamiento de la capital ha ratificado este martes su acuerdo con el Gobierno central para desbloquear uno de los proyectos urbanísticos más importantes de España tras más de 30 años en el limbo. La medida ha salido adelante con el voto a favor de PP, PSOE y Vox, y la oposición de Más Madrid. Este visto bueno dado por la mayoría de concejales se produce después de la aprobación del plan la semana pasada en comisión de Urbanismo. Con la Operación Campamento se construirán 10.700 nuevas viviendas, la mayoría de protección pública, en los terrenos en desuso de los antiguos cuarteles militares del distrito de Latina, que pertenecen actualmente al Ministerio de Vivienda. Más Madrid ha votado en contra porque considera el proyecto poco ambicioso para resolver el problema de la vivienda en la ciudad. El partido de Rita Maestre pide que se blinde la propiedad pública de este suelo de manera indefinida, para que no acabe vendiéndose en el mercado libre.

El proyecto plantea una transformación en el suroeste de Madrid. Se trata de un desarrollo urbano de más de 2.100.000 metros cuadrados en el que al menos el 65% de las viviendas contarán con algún tipo de protección, según el Ministerio de Vivienda. Además, gran parte del terreno estará reservado para comercio y espacios públicos. La intención tanto de la Administración central como del Ejecutivo municipal es que las obras comiencen a finales de 2025 o principios del 2026.

Para el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la votación de este martes ha dejado “una extraordinaria noticia” porque da pie a una “operación de regeneración urbana de un entorno degradado”. Algo en lo que está de acuerdo la portavoz socialista, Reyes Maroto, que ve en el proyecto “una oportunidad para hacer las cosas distintas”. No comparte opinión con ella la líder de Más Madrid, Rita Maestre, que considera que el planteamiento del proyecto es una “oportunidad perdida” que sigue “el modelo fracasado de vivienda protegida”, al que culpa de que “el parque de vivienda en España sea uno de los más caros de Europa”.

Más Madrid, que ha votado en contra, reclama que el porcentaje de viviendas en régimen de alquiler regulado supere el 7% que contempla el plan, ya que las viviendas de protección pública de precio limitado y de protección pública básica podrán ser vendidas a precio de mercado en 15 años, cuando expira su periodo de protección. Leire Iglesias, presidenta de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del Ministerio de Vivienda, confirma que pasado ese plazo serán descalificadas, pero añade que la Comunidad de Madrid puede hacer que se mantenga el régimen de protección. Una decisión improbable.

“Nos comprometemos a que el 100% de las viviendas serán a precio asequible”, recalcan en el ministerio. La garantía de que esto se cumpla, afirman en el gobierno central, es que el 97% del suelo pertenece al Estado, por lo que pueden decidir el coste máximo. Está previsto que el alquiler de una vivienda de 70 metros cuadrados podría rondar los 540 euros mensuales, ajustándose al índice de precios de referencia del Gobierno. El coste de las viviendas en venta se estima cercano a los 200.000 euros, aunque este valor aún está por confirmar.

Décadas de bloqueo

El plan de desarrollo urbano lleva bloqueado desde 1989 y se trata de una de las actuaciones de regeneración urbana más importantes en España hasta la fecha por el volumen de viviendas y la dimensión del acuerdo político que representa. En un principio, el proyecto planteaba construir 12.000 nuevas viviendas a lo largo de los nueve millones de metros cuadrados que ocupan al sur de la capital los antiguos cuarteles militares sin uso. Así lo anunció en julio de 2022 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando se comprometió a retomar la Operación Campamento después de más de 30 años paralizada. Al final serán 10.700 viviendas en 2,1 millones de metros cuadrados.

La macrooperación urbanística cambiará la configuración del suroeste de Madrid. A la construcción de viviendas se le suma el comienzo, el mes que viene, de las obras para soterrar la A-5. Los vecinos de Lucero, Aluche y Las Águilas recuperarán el espacio ocupado desde 1968 por la autovía que les separa de Casa de Campo. Se trata de un tramo que atraviesan 80.000 vehículos al día. Según las estimaciones del Ayuntamiento, se reducirá un 90% la circulación en superficie después de las obras.

El tramo de 3,8 kilómetros entre la avenida de Portugal hasta la del Padre Piquer que en la actualidad atraviesa la autovía se convertirá en un bulevar peatonalizado después del soterramiento. Los vecinos ganarán espacio en superficie, se mejorará la movilidad peatonal en trasporte público, aumentará la seguridad vial en el entorno y se resolverán los problemas que generan las retenciones en conexiones conflictivas como el paseo de Extremadura, Batán y Boadilla. Además, se construirá un carril bici de 3,5 kilómetros entre la calle Illescas hasta Madrid Río.

El proyecto urbanístico se ejecutará en tres fases. En la primera se construirán 1.651 viviendas, en la segunda 1.977 y en la tercera las 7.000 restantes. Las dos primeras etapas verán la luz antes, pues son las que se encuentran más alejadas de la barrera física de la A-5 y es así donde se concentran las viviendas protegidas. La última fase está prevista para 2028, siempre que se complete el soterramiento de la autovía.

En cuanto al soterramiento de esta vía, se llevará a cabo en dos fases. El tramo uno, entre la Avenida de Portugal y la Avenida del Padre Piquer, ya está en marcha. El tramo dos, que llegará hasta la Avenida de la Aviación, será financiado parcialmente por el Ministerio de Vivienda, que cubrirá el 25% de los costes hasta un límite de 146 millones de euros. El Ayuntamiento de Madrid será el encargado de redactar el proyecto de esta segunda fase, con un presupuesto total estimado en 400 millones de euros. Para ello, Sepes otorgará 3 millones de euros al consistorio madrileño, que tendrá 30 meses para completar el diseño y a partir de ahí 12 meses para ejecutarlo.

Los vecinos del barrio de Campamento se sienten “decepcionados” con esta proyección. “Seguimos teniendo el mismo problema”, comenta Andrés Piñeiro, portavoz de la Asociación Vecinal de Campamento. Piden que la primera fase del proyecto, que cubre el tramo de autovía que atraviesa el barrio de Lucero y Batán, se extienda 700 metros más para soterrar también las zonas de Aluche y Campamento. “Nos habían prometido en el mandato anterior que el soterramiento iba a pasar hasta la Avenida de los Poblados”, apunta Piñeiro.