La autopista fantasma de Aguirre amenaza las cuentas de Ayuso: la constructora reclama 278 millones sin que nunca haya circulado un coche

La constructora de la M-203, una carretera de 12,5 kilómetros impulsada por el ejecutivo de Esperanza Aguirre que nunca se ha acabado, reclama a la Comunidad de Madrid 278,8 millones de euros en los tribunales, según documentación a la que accedió EL PAÍS. El equipo de Isabel Díaz Ayuso se enfrenta a ese importante roto económico potencial justo cuando remata los últimos detalles del proyecto de Presupuestos para 2025, que presentará este miércoles, para luego tramitarlo en el Parlamento hasta finales de diciembre. El pulso judicial es una muestra más de la herencia envenenada que dejó Aguirre...

La constructora de la M-203, una carretera de 12,5 kilómetros impulsada por el ejecutivo de Esperanza Aguirre que nunca se ha acabado, reclama a la Comunidad de Madrid 278,8 millones de euros en los tribunales, según documentación a la que accedió EL PAÍS. El equipo de Isabel Díaz Ayuso se enfrenta a ese importante roto económico potencial justo cuando remata los últimos detalles del proyecto de Presupuestos para 2025, que presentará este miércoles, para luego tramitarlo en el Parlamento hasta finales de diciembre. El pulso judicial es una muestra más de la herencia envenenada que dejó Aguirre a sus sucesores a través de obras fallidas: desde infraestructuras ferroviarias nunca terminadas (como el tren Móstoles-Navalcarnero) a carreteras por las que jamás ha circulado un coche (como la M-203, tan fantasmagórica que se ofrece rodajes de Hollywood), pasando por la línea 7B de Metro (que ha provocado el derribo de 73 viviendas en San Fernando de Henares).

Como consecuencia, Díaz Ayuso ha afrontado el pago de cientos de millones por decisiones que tomó la antigua baronesa cuando estaba al frente de la región (2003-2011). Una factura que crecerá exponencialmente si la justicia determina que la Administración debe atender la reclamación de Autopista Alcalá-O’Donnell, filial de Ferrovial.

¿Cómo es posible que la constructora reclame ahora 278,8 millones, si la Comunidad ya le pagó 73 en 2021? La razón, explica un portavoz gubernamental, es que la Administración, tras una decisión judicial, compensó a la compañía hace tres años por la ejecución de la obra, y que ahora se le exige “más en relación al lucro cesante”. Es decir, que Ferrovial pide ser compensada por lo que no ha cobrado por gestionar una concesión que iba a ser de 30 años, y bajo la modalidad de peaje. “Lo que reclaman es por la generación de intereses y por gastos extraordinarios que entiende la concesionaria (daños derivados de lucro cesante), que cuantifican en 278.876.434 euros”, añade este interlocutor.

Así arrancó este problema millonario. En 2005, momento del pistoletazo de salida del proyecto, el objetivo era conectar la M-100 y la A-2 (en Alcalá de Henares) con la M-208 y la R-3, ya a la altura de Mejorada del Campo. La constructora lo pagaría todo y luego explotaría la carretera en régimen de peaje durante tres décadas, según anunció Aguirre, presumiendo de que a la administración le saldría gratis la carretera. Estaba previsto que por ella circularan más de 2,7 millones de vehículos al año.

Sin embargo, inmediatamente surgieron dos problemas técnicos que se conocían desde el principio. A un lado, cómo superar las líneas del AVE, lo que se logró cambiando el trazado. Y al otro, cómo conectar con la radial 3, a lo que se oponía la concesionaria de esa vía, alegando que la unión perjudicaría al volumen de tráfico de su carretera, y por lo tanto a su negocio. El entonces Ministerio de Fomento no dio su autorización al engarce, atendiendo a esas razones, y Ferrovial desistió de la obra en 2007. Todo debía haber estado listo para la inauguración un año después, en 2008. Y casi lo estaba: cuando se paralizaron los trabajos, quedaban 300 metros del trazado por hacer, además de cubrir el firme ya instalado. Desde entonces, las dos partes pleitean en los tribunales mientras la carretera se deteriora.

“La reclamación se refiere a la indemnización de daños y perjuicios correspondiente a la terminación del contrato de concesión de obra pública”, explica un portavoz de Ferrovial. “En 2007 surgieron una serie de incidencias que imposibilitaron la continuidad de las obras. Autopista Alcalá O’Donnell [la concesionaria, filial de Ferrovial] preparó una modificación del proyecto para dar solución a las incidencias surgidas en la ejecución del contrato”, amplía. “Sin embargo las obras no pudieron reanudarse porque la Administración no puso a disposición de la concesionaria los terrenos necesarios para ejecutar el enlace con la R-3″, añade sobre el momento en el que comenzaron los pleitos. “La resolución del contrato no ocurrió hasta el 3 de noviembre de 2017, cuando la Administración decidió tramitar en dos expedientes diferenciados la determinación de la cuantía del Valor Patrimonial de la Inversión (VPI) y los daños y perjuicios del concesionario”.

Ese primer expediente, detalla Ferrovial, es el que la Comunidad pagó en 2021. El segundo, cuya cuantía está sin calcular, según la compañía, es el que se dirime ahora en los tribunales. En paralelo, la carretera se ha venido usando para carreras ilegales, entrenamientos de ciclistas y corredores... pero sigue sin cumplir con su cometido original.

A la expresidenta Cristina Cifuentes, dispuesta a terminar la infraestructura, la devoró el caso máster. Y a Ángel Garrido, que como consejero de Transportes estaba preparado para ejecutar la indemnización y estudiar la viabilidad del proyecto, se lo llevó por delante el adelanto electoral decidido en marzo de 2021 por Díaz Ayuso, y que hizo saltar por los aires el gobierno de coalición que habían formado el PP y Cs.

En 2021, cuando el gobierno de la actual presidenta aprobó pagar los 73,4 millones de euros, se aventuró la licitación de las obras para completar el trazado, lo que exigía resolver los problemas técnicos que habían paralizado el proyecto. Ese planteamiento contó con el apoyo implícito de la Cámara de Cuentas, que a finales de 2022 apremió al Ejecutivo a “garantizar la viabilidad y puesta en funcionamiento” de la inversión “o, en caso contrario, proceder a su regularización”.

Sin embargo, más de dos años después, nada se sabe de la reactivación de la vía, que languidece sin que circule ni un solo coche por ella, mientras amenaza con abrir un serio roto en las cuentas públicas regionales.

“En la actualidad la M-203 está pendiente de consulta ambiental”, se lee en documentación enviada por el gobierno a la Asamblea a finales de julio, y referente a la intención de retomar el proyecto de la carretera. Mientras tanto, la M-203 sigue en la lista de infraestructuras fantasma de Madrid, convertida en una gigantesca cicatriz en medio de un secarral. Algo parecido pasa con el tren que debía unir Móstoles con Navalcarnero, que hoy es una suma de túneles cegados y zanjas de cemento por la que no ha circulado ni un solo convoy, pese a que el proyecto ha consumido cientos de millones. O con el tren de San Martín de la Vega, diseñado al calor del parque Warner, inaugurado, y luego clausurado.